Maria del Rosario Franco Zel

Expediente 657/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
657/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Franco Zel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el siete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 45 y 46), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por desistimiento, sin que la parte quejosa [quien sería la única legitimada] haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el ocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de siete de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la diligencia de ratificación de firma de seis de septiembre del año en curso, de la que se advierte que la parte quejosa, María del Rosario Franco Zel ratificó su escrito de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, mediante el cual manifestó su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En ese contexto, al no existir impedimento legal alguno, se le tiene por desistida de la demanda de amparo, y con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Además, cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. De lo anteriormente expuesto, mediante oficio que se gire hágase del conocimiento de las autoridades responsables; para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Dese vista las partes con el (los) informe (s) justificado (s) rendido (s) por la (s) autoridad (es) responsable (s).

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ***********, mediante el cual da cumplimiento al auto preventivo de quince de agosto de dos mil dieciséis, en el cual manifestó lo siguiente: "PRIMERO.- Deseo otorgar el carácter de autoridades responsables al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico oficial, ambos del Estado de Quintana Roo. Ambas autoridades con el carácter de ejecutoras. SEGUNDO.- Del Secretario de Gobierno señalo como acto reclamado: A) El Refrendo que obra en el Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. TERCERO.- Del Director del Periódico oficial del Estado de Quintana Roo señalo como acto reclamado: La publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, del Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. CUARTO.- Exhibo en este acto las copias necesarias para correr traslado a dichas autoridades, así como copias suficientes del presente escrito aclaratorio, siendo así parte integral de mi demanda de amparo. [.]" Del Secretario de Gobierno: A) El Refrendo que obra en el Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Del Director del Periódico oficial del Estado de Quintana Roo: La publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, del Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. En consecuencia; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata, sin tramitarse el incidente de suspensión al no haberlo solicitado expresamente, en el entendido que los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: 1. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. La aprobación y expedición del Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Publica y en especial los artículos 49, 50, 51, 52; se deroga el segundo párrafo del artículo 52. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. La aprobación y expedición del Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Publica y en especial los artículos 49, 50, 51, 52; se deroga el segundo párrafo del artículo 52. 3. DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. El Refrendo que obra en el Decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 4. DEL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: La publicación en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de junio de 2016, del Decreto por el que se Reforman y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Dése la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que al momento de rendir sus informes justificados, informen si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa, o bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tenga conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $2,191.20 (dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la quejosa copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, que anexa a su escrito de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se tienen por admitidas y se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que se relacionen de nueva cuenta en la audiencia respectiva. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano