María del Rosario Felix Rodríguez

Expediente 2661/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2661/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario Felix Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito signado por el perito oficial ***, mediante el cual, exhibe su planilla de honorarios en los términos requeridos en auto de cinco del mes y año en curso; en consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere al experto en cita, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación correspondiente, emita su dictamen respecto de la prueba pericial en materia de topografía. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el plazo otorgado, o no manifestar el impedimento legal material que para ello tenga, conforme disciplina los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas u adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al diestro en mención, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. En el entendido de que se proveerá respecto de la aprobación o no de sus honorarios, una vez que emita su dictamen y lleve a cabo las gestiones inherentes a la prestación de sus servicios, tal como los establece el "ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación". Téngase por recibido el escrito de ***, así como la constancia de comparecencia, en atención a su contenido, se le tiene rindiendo y ratificando el dictamen pericial en materia de topografía; consecuentemente, se tiene por rendido y ratificado el dictamen de mérito, con su contenido, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y, personalmente al perito oficial ***.

  2. Principal

    AVISO.- Por este medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, se notifica a la parte quejosa el auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se acordó lo siguiente: Zapopan, Jalisco, a diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Miguel Ángel Yerena Ruiz, en su carácter de abogado patrono de María del Rosario Félix Rodríguez, Héctor Oswaldo López Félix y Héctor Manuel López Félix, el cual acredita con la copia certificada del proveído de quince de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio de origen, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2661/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Cesación de efectos por sustitución. Respecto del proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente 631/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual se le tuvo por perdido el derecho de la prueba testimonial y de la declaración de parte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, la parte quejosa además dolerse de la citada resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente 631/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual se le tuvo por perdido el derecho de la prueba testimonial y de la declaración de parte, también reclama, reclama la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del auto antes descrito, por la cual se confirmó. Por lo cual debe decirse que el acto reclamado consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen, cesó sus efectos y, por ende, desapareció totalmente, lo cual implica que no se puede estudiar su constitucionalidad por haber dejado de surtir efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que fue sustituido procesalmente por la diversa resolución de doce de diciembre del año en curso. Por tanto, el amparo es improcedente en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dado que ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino la diversa que vino a sustituirla procesalmente (resolución de doce del presente mes y año). Sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" b. No es de imposible reparación. Respecto a la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se provee como sigue: De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos" Ahora, el acto reclamado en estudio es la resolución de doce de diciembre de dos mil diecinueve relativa al recurso de revocación planteado por el aquí quejoso, dentro del expediente 631/2017 del índice de la responsable, la cual confirmó el auto de once de noviembre del año en curso, en el cual desechó la prueba testimonial y la declaración de parte ofertadas. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por el quejoso, por lo siguiente: Dicha determinación tiene como efecto la continuación del citado juicio, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo que lo resuelva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto de los actos reclamados en estudio. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Cabe precisar que este juzgador no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. IV. Intervención de las partes. 1. Quejoso: i. María del Rosario Félix Rodríguez. ii. Héctor Oswaldo López Félix. iii. Héctor Manuel López Félix. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Juan Carlos Yerena Ruiz y Felicitas Rubio Ruiz, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Miriam Minerva Yerena Ortiz, Minerva Miroslava Yerena Rubio, por carecer de dicho registro y a y Miguel Ángel Yerena Rubio por así manifestarlo. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe.

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