María del Rosario Dominguez May

Expediente 716/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
716/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Dominguez May

Actuaciones

  1. Principal

    III-Agréguese al presente juicio de amparo el oficio 1193-V firmado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, mediante el cual acusa recibo del oficio librado en el juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual este Juzgado ordeno la remisión de los autos del juicio de amparo 716/2022-III-A en virtud de haber considerado carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María del Rosario Domínguez May, contra la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 633/2020 del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo; asimismo informa que se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedo registrado bajo el número de expediente 552/2022-V de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    III-Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a María del Rosario Domínguez May, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclama del juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 716/2022-III-A. Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama el acto que hace consistir en: La sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 633/2020 y su ejecución En ese sentido, se considera que respecto del aludido acto reclamado este resolutor federal carece de competencia para conocer del asunto. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" De conformidad con los preceptos transcritos, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido. En tal virtud, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De lo anterior, se concluye que el tribunal colegiado de circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, o las que sin decidirlo lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa y se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. En el caso, como se advirtió, la quejosa María del Rosario Domínguez May, reclama la sentencia de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por el juez mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 633/2020 de su índice, promovida por Alfredo Caamal Huchin, en su carácter de endosatario en procuración de la persona moral denominada Financiera Labor, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada, en contra de la nombrada quejosa y otra, en el que se condenó a la parte sentenciada a pagar a la parte actora del juicio de origen la cantidad de $48,806.00 (cuarenta y ocho mil ochocientos seis pesos 00/100), en concepto se suerte principal, así como al pago de intereses moratorios generados a partir del vencimiento del documento base de la acción, hasta la total solución del adeudo, calculados a razón de 24.3% (veinticuatro punto tres por ciento anual). Por tanto, el citado acto constituye una sentencia definitiva, que decidió el juicio de origen en lo principal. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 95, cuyo rubro y texto señalan: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Por consiguiente, como ha quedado precisado, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, carece de competencia para conocer de la demanda constitucional de que se trata, en razón de que conforme a los preceptos legales invocados, la competencia para conocer de las resoluciones de esta naturaleza radica en un Tribunal Colegiado de Circuito; situación que en la especie se actualiza, porque el acto aquí reclamado lo constituye una sentencia que decidió el juicio ejecutivo mercantil en lo principal. En esas condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del propio ordenamiento legal, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente acuerdo, remítase esta demanda de amparo con sus anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el que se estima radica la competencia legal para conocer de la misma, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado; por lo que, de la manera más atenta, se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que derive de lo anterior a fin de integrar debidamente el presente expediente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Jorge Montalvo Ojeda y Mario Humberto Castillo Ongay, toda vez que no tienen su cédula profesional registrada en Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

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