María del Rosario Domíguez Vázquez
Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María del Rosario Domíguez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
La Secretaria. CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el trece de septiembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.León, Guanajuato, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto de diecinueve de agosto del dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese.Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de María Milagros Quiroz Mendoza, secretaria que da fe. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. JMBM
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós que en resumen dice: Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Quejosa desahoga prevención. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de diez de agosto de dos mil veintidós; al efecto, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda y de acuerdo a lo precisado por la amparista en su escrito aclaratorio se tiene que el acto reclamado consiste en: El auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Decimocuarto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En él se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas y dejó a salvo los derechos de la actora incidental. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo se desecha la demanda promovida por ****, contra actos del Juzgado Decimocuarto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se verifica la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, en virtud del cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto en la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como se precisó, la parte quejosa reclama el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Decimocuarto Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, en el que se negó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas y dejó a salvo los derechos de la actora incidental. Ahora, en virtud de que el acto reclamado emana de un juicio ordinario civil, resulta pertinente destacar que, respecto a tal procedimiento, en los artículos 232 al 262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, están previstos los medios de defensa -revocación, apelación y denegada apelación -. En cambio, para todos aquellos proveídos dictados durante el procedimiento, se regulan los medios de impugnación conforme a los artículos del mismo cuerpo normativo, en los que se estipulan las reglas aplicables para la revocación, apelación y denegada apelación. Lo anterior encuadra dentro de la hipótesis contemplada por el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que precisan lo siguiente: "TÍTULO SEXTO RECURSOS CAPITULO III. Denegada apelación. "Artículo 264.- La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior. Artículo 265.- El recurso se interpondrá dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del Acuerdo denegatorio. Al interponer el recurso, el recurrente observará lo dispuesto por el Artículo 247 y, además, señalará las constancias que le interesen para la integración del testimonio a que se refiere el artículo siguiente". En efecto, del contenido de los dispositivos que se han mencionado se desprende que las determinaciones emitidas por el juzgador dentro del procedimiento pueden ser impugnadas a través de los recursos de revocación, apelación y denegada apelación. De ese modo, respecto del acto que ante esta instancia se reclama, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los artículos antes transcritos. Lo que pone de manifiesto que, efectivamente la parte quejosa, previo a acudir a esta instancia constitucional debió agotar el principio de definitividad. De ahí que, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado es recurrible, como se dijo, de acuerdo con el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a través del medio de impugnación de denegada apelación que es un medio de defensa destinado a combatir la resolución del tribunal inferior que declara inadmisible la apelación, el cual se deberá interponer dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo denegatorio y tendrá como objeto que el tribunal de alzada pueda enmendar la actuación del inferior, en caso de así evidenciarse en vía de agravios. Aunado a que, la parte quejosa es parte en el juicio de origen y está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad. Por tanto, se estima que la quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la inadmisión de la apelación que interpuso, los cuales hubiesen sido estudiados por parte del tribunal de alzada para que éste determinara dejar o no sin efecto el acto de controversia, modificándolo o revocándolo. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado procede el recurso de denegada apelación, es evidente que en términos de lo establecido en el artículo reproducido de la Ley de Amparo, emerge como una cuestión incontrovertible que, para su impugnación, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé la ley en cita; de tal suerte que, al no hacerlo así, resulta que no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sin que la quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no opera algún supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata del auto en que la autoridad negó admitir el recurso de apelación. La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. El promovente del amparo no es ajeno al procedimiento de origen; pues es parte demandada. Además, la procedencia del recurso de denegada apelación no se encuentra sujeto a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarlo, dado que el artículo citado es enfático en prever que ese medio de defensa procede contra las determinaciones que declaran inadmisible el recurso de apelación, como el acuerdo reclamado. Por tanto, se materializa el motivo de inviabilidad analizado, pues la quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado concedido en la legislación en comento. Sirven de apoyo en lo conducente las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En ese orden, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se impone desechar la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.
- Principal
León, Guanajuato, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 836/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por ** contra actos del Juez Decimocuarto Civil de Partido de esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 108, fracción IV, 112, 114, fracciones I y IV, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, PREVÉNGASE a la promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: I. Precise cuál determinación es la que señala como acto reclamado, si aquella de diecinueve de mayo del año en curso o la diversa de treinta y uno de mayo siguiente, así como la fecha en la cual tuvo conocimiento de ella. Lo anterior, toda vez que en el capítulo relativo al acto reclamado, señala como tal la resolución de diecinueve de mayo del año en curso, de la cual refiere tuvo conocimiento el uno de julio posterior y en la que alude se declaró improcedente la liquidación incidental promovida por la parte actora incidental y se dejaron a salvo los derechos que reclamó en el expediente **. Y en el diverso relativo a los antecedentes del acto reclamado, señala que el veintisiete de mayo de esta anualidad interpuso recurso de apelación en contra de esa resolución que declaró improcedente la liquidación incidental promovida, misma que fue negada su admisión mediante resolución de treinta y uno de mayo siguiente y de la que se enteró el uno de julio posterior, por lo que presentaba demanda de amparo. De ahí que, resulte necesario que precise cuál es el acto que reclama, así como su fecha de conocimiento. II. Una vez precisado el acto reclamado, indique qué se resolvió en él y relate las consideraciones que emitió la responsable; para lo cual además de referirlas, podrá exhibir copias simples en las que se contengan. III. Exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio y en su caso, de los anexos que adjunte. Lo anterior resulta necesario a fin de advertir alguna causal de improcedencia, satisfacer las exigencias a que se refieren los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I y IV de la ley de la materia; determinar que se encuentre debidamente integrada la litis constitucional en atención al artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado; y en su caso, la responsable pueda estar en aptitud de justificar la constitucionalidad del acto concreto que se le atribuye. Lo anterior bajo el apercibimiento que, de no cumplir, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase saber a la promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales"; y [.] Lo anterior tiene su razón de ser en que si la quejosa incurre en falsedad, la hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el D.O.F., el 20/03/2020, que establece la Organización y Conservación de los Archivos Administrativos en el propio Consejo; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica ya que no acredita estar facultada para ejercer la profesión de abogada al no tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. De igual forma, en relación con los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se permite la expedición de copias certificadas de forma electrónica, autorizadas mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de la secretaria o secretario del órgano jurisdiccional, por correo electrónico, previa designación de las partes de una dirección de correo electrónico para ello; de lo que se levantará la constancia respectiva. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). Notifíquese personalmente.
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