María del Rosario Cervantes Pacheco

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • María del Rosario Cervantes Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas catorce minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 759/2022, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informe justificado. Asimismo, el Secretario hace constar que por acuerdo de veinticinco de agosto pasado, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en relación a la respuesta dada por la autoridad responsable, lo cual le fue notificado el treinta y uno de agosto siguiente. El plazo transcurrió para la parte quejosa del dos al veintisiete de agosto pasados, sin que la parte quejosa haya realizado ampliación de demanda. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias y toda vez que la parte quejosa no manifestó su deseo por ampliar su demanda de amparo, únicamente se atenderá al acto reclamado en su escrito inicial. Se abre el periodo de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 759/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, María del Rosario Cervantes Pacheco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Presidente Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad. SEGUNDO. Trámite. En auto de veintiséis de julio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama acto sin ejecución. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. Del Presidente Municipal de esta ciudad: Omisión de respuesta al escrito de trece de junio de dos mil veintidós en el que solicitó otorgar pensión por muerte de concubino fallecido que era policía activo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo aceptó la autoridad responsables en su informe justificado e incluso fue en este que dio respuesta a la petición del quejoso (foja 41). CUARTO. Causa de improcedencia existente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que en esencia dispone que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el informe justificado la autoridad responsable dio respuesta al escrito del quejoso, al indicar que no resuelve ni analiza lo peticionado por la quejosa, por lo que la invitaba a hacer su solicitud a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de la Defensa Jurídica del Síndico Procurador del Ayuntamiento. En ese sentido, la respuesta al escrito de la parte quejosa se emitió en el informe justificado que la autoridad responsable rindió con motivo del presente asunto, esto es, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo. Contra esa respuesta la parte quejosa no amplió la demanda de amparo pese a la vista otorgada el veinticinco de agosto pasado, notificada el treinta y uno de ese mes. Por tanto, al haberse subsanado la omisión de proveer sobre el escrito en comento, cesaron los efectos de dicho acto, es decir, se restablecieron las cosas al estado en que se encontraban, produciéndose con ello el resultado de una sentencia protectora en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, porque las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. Por lo expuesto y fundando, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario que asiste y da fe.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente Municipal de Culiacán, en los que señalan son ciertos los actos reclamados. Con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con ese informe dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la cual se desprende que en el presente juicio de amparo, se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Empero, virtud que en el informe justificado la autoridad responde sobre la petición formulada por la parte quejosa, resulta inconcuso que está en aptitud de ampliar su demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si durante la tramitación del juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición la autoridad responsable da respuesta a su petición, la parte quejosa puede promover otro amparo o ampliar la demanda contra ese nuevo acto por razón de concentración y economía procesal. Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.149/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, tomo XXIV, octubre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa con la respuesta de la autoridad responsable para que, de estimarlo necesario, dentro del plazo de quince días, manifieste si amplía o no la demanda de amparo en relación con la respuesta aludida, con el apercibimiento que de no manifestar algo sobre el particular, se tendrá como acto reclamado sólo el señalado en la demanda inicial. En el entendido de que, en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de amparo, para el trámite correspondiente. Cabe destacar que el momento en que inicia el cómputo del plazo para presentar ampliación de demanda con motivo de la respuesta puede darse el supuesto que la parte quejosa conozca el nuevo acto con motivo de la vista que se otorga en el presente asunto o, bien, que ya lo haya conocido anterioridad a través de la notificación que haya practicado la autoridad responsable, de ahí que sea necesario que en los antecedentes del acto reclamado se indique bajo protesta de decir verdad la fecha de conocimiento del nuevo acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P/J 8/2018 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 10, registro 2016652, que establece: DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados - incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador. En virtud de lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CATORCE MINUTOS DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiséis de julio de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. María del Rosario Cervantes Pacheco. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Sin tramitarse incidente de suspensión por no existir solicitud al respecto. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DE VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑOÑ EN CURSO. V. Celebración de la audiencia constitucional. Dada la contingencia sanitaria, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional tendrá lugar con los escritos presentados de manera física o electrónica, esto es, sin presencia de las partes. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado Acuerdo, en caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes, por ser necesaria para el desahogo de laguna probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, por regla general su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de dispositivo móvil (teléfono celular o tableta), en este último caso deberán descargar la aplicación Webex Meetings; lo anterior, a fin de realizar las gestiones para que puedan acceder a la audiencia respectiva por videoconferencia. La parte interesada deberá realizar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, de lo contrario, la audiencia tendrá verificativo sin su presencia. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer a las instalaciones de este Juzgado de Distrito; para ello, deberán registrar la cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ; de considerarlo necesario, en su caso este Órgano Jurisdiccional expedirá los códigos QR para que las partes puedan acceder a las instalaciones. VI. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita; para lo cual, en su caso, deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir sus informes justificados, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remitan, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibidas que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. VII. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. VIII. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. IX. Presentación de promociones. Cuando no puedan ser remitidas vía electrónica, las promociones o cualquier documento que las partes, las autoridades o cualquier persona interesada deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas electrónicas necesarias, cualquier oficio, documento o promoción que las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido al correo electrónico oficial: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; por dicho medio se les acusara recibo. X. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. XII. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XIII. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XIV. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- XV. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. XVI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. Como lo solicita la parte quejosa en su escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico de parte de la parte quejosa con el usuario identificado como "vicab357" toda vez que ha cumplido con los requisitos para acceder a dicho servicio. Se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas a la parte quejosa por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se realicen las actuaciones correspondientes en el referido sistema. Asimismo, se le autoriza el uso de los medios electrónicos como tomar fotografía en los autos del presente juicio de amparo, siempre y cuando allegue los medios necesarios para su realización y bajo la supervisión del personal adscrito a este juzgado. XVII. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XVIII. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.

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