María del Rosario Carrera Alcántara
Expediente 1685/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- María del Rosario Carrera Alcántara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito firmado por la quejosa ****, por medio del cual desahoga la prevención realizada en fecha ocho de noviembre del presente año. ACTO RECLAMADO Ahora bien, previo a emitir pronunciamiento respecto del escrito de cuenta, es dable recordar que la aquí quejosa reclama del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México: El auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa dentro del juicio de controversia familiar 485/2013 del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. INCOMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese contexto, este juzgado estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. Lo anterior, tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 1a./J. 25/2012, estableció que cuando el deudor alimentario reclame la orden que decreta una pensión alimenticia cuya ejecución se verifica a través de exhorto, el Juez de Distrito competente será el que tenga jurisdicción sobre el que cumplimentará ese medio de comunicación procesal, al considerar la necesidad de permitir al particular la posibilidad de acudir de inmediato al Juez más cercano para ejercer su defensa; sin embargo, cierto es que la razón esencial de tal criterio consistió en pretender el fácil acceso por parte del acreedor alimentario al Juez más cercano, por lo que para garantizar de manera eficaz su derecho de acceso a la justicia, la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juez que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad ordenadora, por presumirse que ahí tiene su domicilio el acreedor. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el territorio donde se emitió la orden relacionada con los derechos alimentarios del acreedor. En tales condiciones, si la quejosa reclama el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por el que se desechó el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa dentro del juicio de controversia familiar 485/2013 del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que hizo valer en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso dictado por la responsable, en el cual no acordó favorable la petición de regularizar el procedimiento a efecto de no dejar sin efectos el pago de la pensión alimenticia decretada como medida cautelar provisional, luego entonces será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que emitió el acto reclamado, que en el caso lo es en Cuautitlán, Estado de México, pues será ahí en donde la parte quejosa tendrá fácil acceso a la justicia y dónde repercutirá el cese de la pensión alimenticia que fuera decretada en su favor. Sobre el particular se estima aplicable el criterio por contradicción sustentado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, R.C.CS. J/14 C (11a.) del Semanario Judicial de la Federación del contenido siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA RESOLUCIÓN QUE DISMINUYÓ LA PENSIÓN ALIMENTICIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA ORDEN [MODULACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 25/2012 (10a.)].Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes al determinar la competencia del Juez de Distrito a quien correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que disminuyó la pensión alimenticia, pues mientras un tribunal consideró que se surtía a favor del Juez que ejerce jurisdicción sobre la autoridad que debía ejecutar esa orden mediante exhorto, el otro Tribunal Colegiado estimó que debía conocer el Juez de Distrito que ejercía jurisdicción sobre el Juez que emitió la resolución, a fin de facilitar al afectado (acreedor) el acceso a la justicia. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que cuando se reclame la resolución en la cual se disminuyó la pensión alimenticia, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde resida la autoridad que emitió la orden, a fin de garantizar el acceso a la justicia del acreedor y afectado con esa determinación, atento a su especial estado de necesidad. Justificación: De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando el deudor alimentario reclame la orden que decreta una pensión alimenticia cuya ejecución se verifica a través de exhorto, el Juez de Distrito competente será el que tenga jurisdicción sobre el que cumplimentará ese medio de comunicación procesal, al considerar la necesidad de permitir al particular la posibilidad de acudir de inmediato al Juez más cercano para ejercer su defensa. Siguiendo ese mismo postulado, en el caso el afectado es el acreedor alimentario, pues es quien verá disminuidas sus percepciones, merced a la reducción acreedora y que se ejercita, por lo que debe facilitarse que acceda al Juez más cercano, en tanto que esa fue la razón esencial del precedente del que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 25/2012 (10a.), para definir la competencia, atento a su estado de necesidad y de conformidad con las consideraciones del Alto Tribunal; en ese supuesto, es a dicho acreedor alimentario a quien afecta la resolución reclamada y, por ende, para garantizar de manera eficaz su derecho de acceso a la justicia, la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juez que ejerce jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad ordenadora, pues se presume que ahí tiene su domicilio el acreedor. Asimismo, apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo anterior, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto; en consecuencia, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción se ubica la autoridad que emitió la oren que diera origen al acto reclamado, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo que, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1685/2023-III-B, del índice de este órgano de control constitucional, así como sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. **
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ***, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1685/2023-III-B. Prevención En términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, IV y V de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente de amparo para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Abunde de manera clara, concreta, cronológica y sucinta, los antecedentes que dieron origen al acto que reclama en la presente instancia constitucional, esto es, indique con precisión el estado procesal en que se encuentra el expediente **** asimismo, señale con claridad el contenido de los autos emitidos el doce de agosto de dos mil trece, trece de junio y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; asimismo, exhiba copia del escrito presentado en fecha veintisiete de septiembre de la presente anualidad. Lo anterior, pues en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, únicamente señala que el treinta de mayo de dos mil trece se dictó sentencia definitiva, sin mencionar el sentido de esta; asimismo, únicamente refiere que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió un auto por el cual no acordó de conformidad lo solicitado por la aquí quejosa, sin que se cuente con mayores elementos de lo anterior. De ahí que la narrativa que realiza es insuficiente para un debido análisis sobre la procedencia del asunto que nos ocupa, además de ser uno de los requisitos que prevé el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. En el entendido que se encuentra apercibido de las sanciones a que pueden hacerse acreedores aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con los actos reclamados, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; además, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: ***** Para el caso de que comparezca en representación de sus hijas deberá acreditarlo con documento fehaciente que acredite dicha circunstancia. Apercibimiento. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la promovente del amparo que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Se tienen como medio alterno de comunicación no procesal y por excepción, el correo electrónico que señala en la misiva de cuenta, para efectos del sumario en que se actúa. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ***
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