María del Rosario Carmona Ruiz

Expediente 931/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
931/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • María del Rosario Carmona Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, al respecto: DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21 inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 931/2020, promovido por...; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la parte quejosa por propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y el acto reclamado que a continuación se indican: Autoridades responsables: 1.- Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 2.- Presidente Municipal de Puebla. 3.- Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla. Acto reclamado: 1. El proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar el desmontaje o destrucción del puente peatonal ubicado en..., toda vez que al desmontar dicho puente peatonal la Autoridad responsable estaría privándome del derecho de cruzar en forma segura la vialidad denominada... 2. Cualquier orden para realizar o ejecutar el desmontaje del del (sic) puente peatonal ubicado en... 3. El acuerdo dictado por la C. Presidenta Municipal de Puebla o por el H. Ayuntamiento de Puebla así como de cualquier contrato, convenio o de cualquier otra naturaleza celebrado entre dichas autoridades con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla que implique cualquier proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en el desmontaje del puente peatonal ubicado en... SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos y se registró como 931/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por autoridades administrativas con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a que la demanda es un todo, se precisa que el acto reclamado es el proyecto, obra o acuerdo consistente en el desmontaje del puente peatonal ubicado en... TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente Municipal de Puebla, Puebla, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello (foja 15 de autos); en consecuencia, se surte la presunción de certeza del acto reclamado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por conducto de su representante y el Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 18 a 20 y 24 a 26 de autos). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la publicación de diez de septiembre de dos mil veinte, realizada en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se hace del conocimiento del público en general de la convocatoria... relativo al procedimiento de licitación pública Estatal número..., para el desmontaje de cinco puentes peatonales y construcción de cinco pasos a nivel de banqueta, siendo uno de ellos el puente peatonal ubicado en..., lo cual constituye un hecho notorio al encontrarse publicado en un instrumento de observancia general, por lo que su existencia no es materia de prueba en el juicio. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo el estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta esta Juzgadora, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Conforme a los preceptos legales transcritos para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. Que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso en estudio, la causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1. El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridad administrativa en específico, por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 2. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 4, apartado A, fracción XV, en relación con el artículo 19, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que en particular señalan: ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XV. Las demás que establezca la presente Ley y las disposiciones aplicables. Artículo 19. Además de los asuntos a que se refiere el artículo 4, las Salas conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; así como las que estén bajo responsabilidad de los Entes Públicos estatales o municipales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal. 3. A través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 108 de la referida Ley señala en esencia que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos. 4. El Titulo Segundo, Capitulo VIII De las medidas cautelares, artículo 50, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 55, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. 5.- La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la tesis de jurisprudencia..., no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado; cuyo rubro es el siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 6. No existe excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien la quejosa puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, habida cuenta de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el juzgado de distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, por lo que corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juzgado de distrito; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, lo cual haría nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo lo que obligaría a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Aunado a lo anterior, tampoco se desprende que se duela de la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni se advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Y finalmente, el artículo 15 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta a los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que fundo se pretensión, como la aquí quejosa, para poder intervenir dentro de dicho procedimiento. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad; en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los preceptos reglamentarios aludidos, al carecer los quejosos de interés para controvertirlos, en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XX, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por..., por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el tercero interesado... mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de tres de diciembre del año que transcurre; al respecto se provee: PARTE TERCERO INTERESADA PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra la sentencia dictada en autos, en términos del artículo 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Turno los autos originales del presente juicio de amparo, cuatro cuadernos auxiliares y el escrito original de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre de este año, se hizo del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir de esa fecha; en mérito de lo anterior, se provee: DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan de nueva cuenta para su celebración las once horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Al respecto se cita la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 119/2010, visible en la página 312, Tomo XXXIII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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