María del Rosario Campos Márquez

Expediente 2175/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2175/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
15/02/2016

Partes del expediente

  • María del Rosario Campos Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de febrero de dos mil dieciséis. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ***, hubiese recurrido el auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que de acuerdo a lo obrado en el presente juicio de amparo, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de veinticuatro de julio de dos mil quince, presentado en el juicio laboral **, cabe precisar que en dicho libelo solicito: **. Por su parte, al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Junta responsable manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que el dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictó el acuerdo respecto de la promoción presentada el veinticuatro de julio de dos mil quince, en el sentido de que: **. Acuerdo que se ordenó notificar por estrados a la parte actora, aquí quejosa, tal como se desprende de las constancias que obran en autos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si la peticionaria de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en dictar el acuerdo respecto de la promoción presentada el veinticuatro de julio de dos mil quince, en el juicio de origen, y éste ya se dictó y ordenó notificar por estrados; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. No pasa desapercibido por este órgano juzgado de Distrito, la existencia de la jurisprudencia número 2a./J. 44/2007, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS."; sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal jurisprudencia fue emitida al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS, y en la cual surgió el diverso criterio 45/2007, mismo que ha sido abandonado por la propia Sala emisora al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, donde se refirió que la jurisprudencia de rubro "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN.", no resultaba suficiente para acreditar que el auto recurrido era contrario a derecho. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del veintidós de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido conjuntamente por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, ténganse como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Finalmente, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Lo anterior, en virtud de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación a la parte quejosa de los informes justificados y la de celebración de la audiencia constitucional, deben mediar un plazo de por lo menos ocho días. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de ocho de octubre del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; el cual se encuentra pendiente de resolución; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se requiere al Delegado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Morelos, para que remita a este órgano jurisdiccional las constancias solicitadas por la parte quejosa, mediante promoción presentada el dieciocho de noviembre del año en curso ante su oficialía de partes, debiendo anexar copia del mismo para una mejor identificación, o manifieste su imposibilidad que tenga para ello, apercibido que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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