Maria del Rosario Beltran Colin
Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Rosario Beltran Colin
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros electrónicos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Marcado, quien autoriza y da fe.
- Principal
"Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: "Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por María del Rosario Beltrán Colín, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no se tratan de una resolución final en el procedimiento de ejecución, no gozan de autonomía con éste, ni afectan derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Con fundamento en lo expuesto, en el caso concreto, los autos reclamados no constituyen un acto autónomo al procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco se tratan de la última resolución dictada en el juicio ni son de imposible reparación -por no violentar directamente derechos sustantivos-. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente, ya que la quejosa -actora en el juicio de origen- reclama: a) La resolución incidental de ocho de junio de dos mil veintitrés dictada en el juicio laboral 01/607/2015, en la que se declaró improcedente la revisión de actos de ejecución. Por lo cual tal determinación sólo tuvo como efecto dejar firme el acuerdo recurrido de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que el presidente ejecutor determinó que no había lugar a proveer de conformidad la promoción de la aquí quejosa en la que solicitó el dictado de un auto de requerimiento de pago, y en el que derivado de lo asentado en la diligencia de reinstalación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oposición de reinstalar de la patronal, otorgó tres días a la parte actora para que se manifestara sobre la indemnización correspondiente, y que en caso de no hacerlo, procedería a resolver conforme a derecho. En esos términos, es que por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De lo que válidamente se puede concluir que dichos actos reclamados no constituyen el final en la ejecución y tampoco causan una afectación directa a un derecho sustantivo de la quejosa, pues contrario a ello, se tratan actuaciones que forman parte de la etapa de ejecución de la sentencia, contra las cuales solo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Además, se insiste en que no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad por parte de la quejosa radica en que la autoridad responsable previo a continuar con la ejecución la haya dado vista respecto de la oposición de la reinstalación por parte del ente patronal, para que se manifestara sobre la indemnización constitucional. Por tanto, se observa que la queja de la impetrante de amparo radica en la mecánica de ejecución o la forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen; de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que lleva por finalidad el cumplimiento de la misma. Así, dichos actos reclamados no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrán impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Finalmente, el acto impugnado no es autónomo en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que no se advierte que se haya cumplido el laudo dictado en el procedimiento de origen, declarado la imposibilidad de cumplimiento, ni ordenado el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, sin que sea además relevante que dicha impetrante sea la vencedora en el procedimiento de origen, en términos de lo establecido por la jurisprudencia 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Y se dice que se desvirtuaría dicha hipótesis de improcedencia, pues bastaría que el actor se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, impugnando la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar la sentencia dictada en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Sin que se inadvierta que se le haya dado vista a la parte quejosa sobre la oposición de reinstalación por la parte patronal a fin de que pronunciara respecto de la indemnización constitucional y pago de salarios caídos, y que en su caso, de resolverse sobre la insumisión al arbitraje o no acatamiento de laudo, eventualmente podría proceder el juicio de amparo en contra de la resolución final adoptada en el mismo, conforme a la tesis XXI.3o.22 L, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro 178432, del contenido siguiente: "INSUMISIÓN AL LAUDO. LA RESOLUCIÓN QUE LA DIRIME EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE AQUÉL, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Tribunal Colegiado de Circuito no es competente para conocer del amparo promovido contra la resolución emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje, después de que notificó el laudo al patrón, con motivo de que éste se negó a acatarlo en sus términos, toda vez que tal hipótesis no queda comprendida dentro de la regla de procedencia contenida en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, relativas a que el amparo directo procede únicamente respecto de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales la ley no prevea recurso ordinario alguno mediante el que puedan ser modificados o revocados. Por tal motivo, la interlocutoria en comento es reclamable en amparo indirecto, en términos del párrafo primero de la fracción III del artículo 114 de la ley invocada, ya que se trata de un acto emitido por el tribunal del trabajo después de concluido el juicio sometido a su consideración." No obstante, en tal supuesto, sólo resulta procedente el juicio constitucional en contra del acto definitivo que dirime tal cuestión, y no así respecto de actos intermedios -como aquel en el que se le da únicamente vista a una de las partes para que se pronuncie sobre su procedencia-, porque atendiendo al principio de definitividad, sólo puede impugnarse la última determinación, en la cual pueden hacerse valer como violaciones procesales tales actos intermedios, como ilustra la jurisprudencia P./J. 38/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 190037, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En las relatadas condiciones, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, respecto de los actos reclamados, porque aun de substanciarse el presente juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que los acuerdos reclamados se tratan de actuaciones contra las cuales resulta improcedente el juicio constitucional, al no ser los últimos actos de ejecución, ni afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, es decir, no es necesario terminar de substanciar este juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda de amparo, en la cual el quejoso expone el contenido de los actos reclamados, resulta suficiente para advertir la causa de improcedencia aludida. Cabe señalar que similar criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la queja 101/2023, donde confirmó un desechamiento respecto de una demanda de amparo en que se reclamaron actos similares a los aquí analizados -auto en el que se determinaron las medidas que iban a ser empleadas para ejecutar un laudo y un auto de requerimiento de pago y embargo-. Asimismo, también fueron sostenidos criterios semejantes por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en los amparos en revisión 42/2023, 68/2021, 72/2021 159/2017 y 278/2016, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en las quejas 121/2020 y 138/2020, en los que se reclamaron autos de ejecución en los que se pretendía una sanción mayor, así como diversos actos en ejecución, los cuales se consideraban dilatorios, por el actor en el juicio de origen. Determinaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al haber sido consultado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), como lo permite la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017123, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Lo expuesto aunado a que en todo caso, en contra del acto reclamado también se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada únicamente confirmó un apercibimiento, conforme al cual se requirió al quejoso para que se pronunciara respecto a ciertas prestaciones, con la sanción de que en caso de no hacerlo se determinaría lo procedente, de allí que tal actuación no produce una afectación actual, real y directa, sino que constituye un acto futuro e incierto, en tanto que depende de la quejosa el cumplir o no con dicho requerimiento y de que en todo caso, la autoridad en cuestión decida emitir una determinación que lo perjudique. De allí que en su contra no proceda el juicio de amparo indirecto, como lo evidencia, por sus argumentos aplicables de forma analógica, la jurisprudencia PR.L.CS. J/3 L (11a.), del Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con registro 2026243, de rubro "MULTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE, POR SU NATURALEZA, NO ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, AL SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA Y, POR ENDE, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de estudio. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos que solicita a las personas que designa, dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio de origen. Autorización de copias y uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese..."
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