Maria del Rosario Allande Escudero

Expediente 2503/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2503/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Maria del Rosario Allande Escudero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado actual de los autos de los que se advierte que las autoridades responsables 1. Director del Hospital Regional 1 (HGRS), 2. Delegado Estatal, y Coordinador de Servicios de Cirugía Ortopédica del Hospital Regional 1 (HGRS), todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, ha sido omiso a los requerimientos formulados en autos, pese a encontrarse debidamente notificado para ello. En consecuencia, requiérase nuevamente a las autoridades responsables de antecedentes adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el término de tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento del fallo protector. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización vigente, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO A SUPERIOR JERÁRQUICO. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico del 1. Director del Hospital Regional 1 (HGRS), 2. Delegado Estatal, y 3. Coordinador de Servicios de Cirugía Ortopédica del Hospital Regional 1 (HGRS), todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que las requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a/J 58/2008 y tesis P. CLXXV/2000 de la Primera Sala y Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro Digital 169286 y 190902, que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer. Apercibimiento. Se apercibe que de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado actual de los autos de los que se advierte que las autoridades responsables Director del Hospital Regional 1 (HGRS), Delegado Estatal y Coordinador de Servicios de Cirugía Ortopédica del Hospital Regional 1 (HGRS), todos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, han sido omisos al requerimiento formulado de tres de agosto del año en curso; en tal virtud requiérase nuevamente a las citadas responsables para que en el improrrogable término de tres días contados a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo así, se le impondrá en vía de apremio, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, equivalente a $10,354.00 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, en su oportunidad, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al artículo 193 de la ley de la materia, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante autoridad competente. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado actual los presentes autos de los cuales se desprende que la parte quejosa no desahogo la vista que se le dio en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede de oficio a resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Debe decirse que los efectos de la sentencia fueron los siguientes: ". ( Garanticen el respeto al derecho a la salud de la quejosa, cuestión que implica deberán brindar la atención médica completa e integral que requiere, proporcionando los tratamientos y medicamentos necesarias para el padecimiento de artroplastia total de cadera derecha por fractura transcervical de cadera derecha, así como la atención medica postoperatoria que requiere e inclusive psicológica, si fuese necesaria, a fin de cumplir con el derecho fundamental a la salud, que le permita tener calidad de vida. ( Inclusive señale fecha y hora para que se programen las consultas necesarias para atender los padecimientos de la aquí quejosa, en la inteligencia, que de requerir el servicio de ambulancia, éste le deberá ser proporcionado a fin de que se le traslade del lugar en que se localiza la agraviada a la unidades médicas en que se programen sus citas y, una vez que están tuvieran verificativo la devuelvan a su lugar de origen.". Posteriormente, el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió a las responsables su cumplimiento. Ahora bien, mediante oficio, signado por el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, informó que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, el uno de diciembre de dos mil veintidós, se le practicó a la quejosa una cirugía de artroplastia total de cadera derecha, así como la atención médica postoperatoria intrahospitalaria, hasta el cinco de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la que fue dada de alta por mejoría. Asimismo, mediante oficios signados por la Encargada de la Dirección de la Unidad Médica Familiar Numero Treinta y Tres, y Delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, remitieron copia de las notas medicas del periodo de dos de enero al once de mayo del año en curso, de los cuales se advierte la atención médica y medicamentos proporcionados, así como estudios de laboratorio practicados el diecisiete de abril de dos mil veintitrés; de igual manera, se informó que la quejosa se encontraba en rehabilitación por cirugía de prótesis de cadera. Igualmente, indicó la atención médica y suministro de medicamentos que se le han brindado a la aquí quejosa, en el periodo del año dos mil veintitrés, del cual se advierte que actualmente recibe tratamiento por diversos padecimientos a los solicitados en el presente juicio. En consecuencia, del estudio del oficio y las constancias de cuenta, se concluye, que las autoridades responsables no han realizado los actos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, por lo cual, esta juzgadora estima que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en su totalidad, por los motivos que a continuación se expondrán. Se determinó lo anterior, toda vez que el artículo 192 de la Ley de Amparo, precisa que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; mientras que, el artículo 196 del referido ordenamiento legal, establece que la ejecutoria se encuentra cumplida cuando lo sea en su totalidad sin excesos ni defectos; en el entendido que el objeto de las sentencias que conceden el amparo y la protección de la justicia federal, es restituir al agraviado en el goce de sus derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de que fueran violentados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija. En ese sentido, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Así, ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable (como se establecía en la Ley de Amparo abrogada), pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. Sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Examen, que cabe agregar, debe partir de las consideraciones y los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen virtud de su libertad de jurisdicción, por lo que su inobservancia implica una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias que resta efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia. En la especie, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la obligación de las autoridades responsables Director del Hospital Regional 1 (HGRS), Delegado Estatal y Coordinador de Servicios de Cirugía Ortopédica del Hospital Regional 1 (HGRS), todos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, se traduce en garantizar la plena efectividad del derecho humano a la salud de la aquí quejosa, de manera oportuna, permanente y constante, el cual implica la atención medica completa e integral que requiera, proporcionar tratamientos y medicamentos necesarios, así como la atención medica postoperatoria para la recuperación de la cirugía de artroplastia total de cadera derecha, la cual se llevó a cabo el uno de diciembre de dos mil veintidós, a fin de cumplir con el derecho fundamental a la salud, que le permita tener calidad de vida a la peticionaria de amparo. Destacándose en la misma sentencia, que atento el marco jurídico ahí precisado y desde una perspectiva de justicia pronta, las autoridades responsables, deben garantizar el derecho a la salud de la quejosa, con la atención medica postoperatoria para la recuperación de la cirugía de artroplastia total de cadera derecha, la cual se llevó a cabo el uno de diciembre de dos mil veintidós, y a la fecha no obra en autos constancias que acrediten lo anterior. De ahí, que del análisis del actuar de las autoridades responsables adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y tomando en consideración los efectos para los cuales fue concedida la sentencia concesoria, se determina que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, al advertirse un defecto en ello. En consecuencia, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director del Hospital Regional 1 (HGRS), Delegado Estatal y Coordinador de Servicios de Cirugía Ortopédica del Hospital Regional 1 (HGRS), todos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, en observancia a las manifestaciones aquí vertidas, den cumplimiento a la ejecutoria y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo así, se le impondrá en vía de apremio, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, equivalente a $10,354.00 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta remitido vía electrónica mediante el Sistema Integral del Seguimiento a Expedientes, por el Delegado de las autoridades responsables adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; téngaseles informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Conforme a lo anterior, toda vez que de acuerdo a la Ley de Amparo, este es el momento procesal para que la parte quejosa aduzca lo relativo al exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por ello, con la única finalidad de salvaguardar su derecho a exponer los motivos por los cuales considere que existe el incumplimiento y a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, aplicable para el trámite del cumplimiento dado a la ejecutoria, dése vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo referidos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibido que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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