María del Rosario Aguilar Enriquez

Expediente 721/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
721/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • María del Rosario Aguilar Enriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio 3704/2019 de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visto su contenido, se le tiene informando que por auto de veintiuno de mayo del año en curso, dictado en el toca de revisión R.A-239/2019, el referido órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca R.A.-415/2018, derivado del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 37), dictado en el juicio de amparo 1605/2018; téngase a la superioridad devolviendo el expediente original. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se revoca la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 1605/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por PATRICIA y VIVIANA, ambas de apellido MÉNDEZ ALVARADO, en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria". En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Ahora, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de alzada, se deja sin efectos la audiencia constitucional de seis de septiembre de dos mil dieciocho, así como la sentencia dictada en esa misma data y se repone el procedimiento en el juicio en que se actúa, para los efectos siguientes: "(.) a fin de que requiera a la parte quejosa para que dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, de así creerlo conveniente, amplíe su demanda de amparo en contra de la contestación adjuntada al informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y formule los conceptos de violación que estime pertinentes; hecho lo cual, continúe con el procedimiento en el juicio de garantías como en derecho corresponda." En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con contestación adjuntada al informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y requiérasele para que, dentro del término de quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar el escrito inicial de demanda y, formule los conceptos de violación que estime pertinentes. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se continuará con el trámite del presente asunto hasta dictar la sentencia correspondiente, en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que María del Rosario Aguilar Enríquez, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, se acuerda el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualizan de manera manifiesta e indudable causas de improcedencia. En principio, es necesario precisar que de la lectura integral al escrito aclaratorio de demanda se advierte que María del Rosario Aguilar Enríquez señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional: 1. El acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro de los autos del juicio reivindicatorio 172/2016, a través del cual decretó el lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle 35 Poniente, número 2711, interior 10, colonia Benito Juárez, Puebla, Puebla. 2. La falta de notificación del referido proveído. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen (parte demandada), pues compareció al mismo. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto al acto reclamado consistente en el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio reivindicatorio 172/2016, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón a que al margen del recurso ordinario que en su contra proceda, éste no constituye la última resolución que ha de pronunciarse en el procedimiento de ejecución. De lo transcrito, se advierte que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa; y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Lo anterior es así, porque la mencionada fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparos con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Lo anterior, es suficiente para establecer que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, ya que el hecho de que el juez señalado como autoridad responsable haya decretado dentro del juicio reivindicatorio 176/2016 el lanzamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle 35 Poniente, número 2711, interior 10, colonia Benito Juárez, Puebla, Puebla, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con tal determinación no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio de origen. En otro orden, respecto al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación del acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio reivindicatorio 172/2016, el suscrito estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra la falta de notificación del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio reivindicatorio 172/2016, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas y dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad a partir de su notificación. De ahí que la falta de notificación del acuerdo de cuatro de abril del presente año, debe ser impugnada a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María del Rosario Aguilar Enríquez.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla (foja 47): deje insubsistente el acuerdo reclamado, y en su lugar, emita otro en el que parta de la base que el auto del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, no constituye la respuesta a la petición del quejoso de dictar la interlocutoria relativa a la liquidación de sentencia; y de no advertir diversos motivos de improcedencia, con plenitud de jurisdicción admita el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en el juicio ejecutivo mercantil 108/2016. Asimismo, mediante oficio recibido el once de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que informó que por auto de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 108/2016, dejó insubsistente el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y dictó otro en el que admitió el recurso de revocación hecho valer, en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete Por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con tales documentos, mismo que se les notificó el veintitrés del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que informó que por auto de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 108/2016, dejó insubsistente el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y dictó otro en el que admitió el recurso de revocación hecho valer, en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, la autoridad responsable, mediante oficio recibido el quince de abril del año en curso, remitió copia certificada de la constancia de notificación realizada a las partes (fojas 41 y 42). En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

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