María del Rosario Acosta Martínez
Expediente 770/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María del Rosario Acosta Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el uno de septiembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; el escrito de demanda presentado por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 770/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, señala como acto reclamado que se le dejó en estado de indefensión, al tenérsele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, debido a su incomparecencia a las audiencias de ley en la materia, pese a haber otorgado mandato a su poderdante, con los requisitos de ley, para la contestación que se iba a hacer en dicha audiencia y pruebas que se iban a ofrecer en la audiencia respectiva. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, así como de la que originó el diverso juicio de garantías 561/2017-I, del índice de este juzgado, que este resolutor toma en cuenta por constituir un hecho notorio, se desprende que: 1. ********************, demandó por el pago de indemnización por despido y demás prestaciones laborales a ********************, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, registrándolo bajo el número ********************. 2. Seguido el trámite y desahogadas la diligencias correspondientes, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dictó laudo y ordenó la ejecución del mismo. 3. El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, ********************, solicitó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, copia de las constancias que integran el juicio laboral ********************. 4. Expedida que fue la copia del expediente laboral ********************, ********************, se enteró que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, no reconoció la personalidad de su apoderado en las audiencias de ley; lo que reclamó a través del diverso juicio de amparo 561/2017-I, presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, el siete de junio de dos mil diecisiete. Ahora, la quejosa acude a la presente instancia, doliéndose de que se le dejó en estado de indefensión, al tenérsele por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, debido a su incomparecencia a las audiencias de ley en la materia, pese a haber otorgado mandato a su poderdante, con los requisitos de ley, para la contestación que se iba a hacer en dicha audiencia y pruebas que se iban a ofrecer en la audiencia respectiva. De lo anterior, se advierte que la quejosa ya tenía conocimiento de la existencia del acto reclamado, desde antes de presentar su demanda de amparo de cuenta, por lo menos, desde el siete de junio de dos mil diecisiete, en que presentó demanda de amparo, en la cual narró que recibió copia del expediente de origen, solicitado ante la responsable mediante escrito sellado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y que al recibir dichas copias, fue cuando conoció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, no reconoció la personalidad de su apoderado en las audiencias de ley; lo que implica también, que conoció que ante dicho desconocimiento de personalidad, a la hoy quejosa se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y, por perdido su derecho para ofrecer pruebas, actos de los que ahora se duele. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 6/98, publicada en la página noventa y cinco, del tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196930, del tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así las cosas, considerando que desde el siete de junio de dos mil diecisiete, se ostentó conocedora del acto reclamado, a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas su demanda de amparo -treinta de agosto de dos mil diecisiete- ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del nueve al veintinueve de junio de dos mil diecisiete, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, por ser inhábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y estos no constituyen propiamente un domicilio, se ordena hacer ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a la citada parte, por medio de lista que se publica en este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo.
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