María del Rocío Vergara López
Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María del Rocío Vergara López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por LA Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no se cuenta con el informe justificado por parte de la autoridad responsable, ni se cuenta con el acuse de recibo, en consecuencia reenvíense el oficio a la autoridad responsable, para que esté en condiciones de rendir su informe justificado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al tercero interesado Wenceslao Salvador Barrera Salgado, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesado, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO WENCESLAO SALVADOR BARRERA SALGADO POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el dieciocho siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: "El acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2020, dictado en el juicio laboral 01/894/15 por la autoridad responsable." SEGUNDO. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, formuló prevención al escrito de demanda y radicó el asunto con el número de expediente 226/2021; una vez desahogada la misma por auto del siete de abril del año pasado, se admitió la demanda de amparo, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, que impone al quejoso una multa de quince unidades de medida y actualización, por incumplimiento del laudo en el juicio laboral 01/894/15. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe con justificación, por conducto de su Presidente, así lo aceptó, lo que se corrobora con las documentales que anexó a su informe, a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley der Amparo en su ordinal 2º. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta autoridad de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 7º, de la Ley de Amparo, en cuanto al acto que el quejoso reclama en su carácter de Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Conforme a lo dispuesto por la primera hipótesis normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha norma no es limitativa sino enunciativa, esto es, da oportunidad a considerar distintas causas de improcedencia que no sólo pueden derivar de la Ley de Amparo, sino también de la Constitución o de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal es el caso de la que se deriva de la interpretación del diverso numeral 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe decirse que la salvaguarda de los derechos fundamentales del individuo puede considerarse restricción al poder público, de aquí se sigue que el Estado, que actúa a través de las autoridades correspondientes, no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio constitucional; la única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden solicitar el amparo cuando la norma general, acto u omisión afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo caso, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Luego, el amparo solicitado por las personas morales públicas sólo es procedente cuando se reúnan los siguientes requisitos: Que el acto reclamado afecte su patrimonio, esto es, que menoscabe su presupuesto directo o que afecte los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones; y Que esa afectación patrimonial derive de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares (relación de coordinación). De modo que la interpretación en sentido contrario del numeral 7º, párrafo primero, de la Ley de Amparo, permite válidamente concluir que la ausencia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que del análisis comparativo de los artículos 9º de la Ley de Amparo abrogada y 7º de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa; así conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado -equiparándose-; y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ese es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción, siendo la primera, que el Estado -poder público- no goza de derechos fundamentales y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo, en cuanto a la excepción, será cuando actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir a esta instancia constitucional, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichos entes -bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones-, quedando excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1022, del libro 47, octubre de 2017, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015321, que dispone: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En el caso, Juan Cruz Martínez, en su carácter de apoderado legal del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, acude a la instancia constitucional impugnando el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 01/894/15, mediante la cual, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo efectivo el apercibimiento de dieciocho de agosto de dos mil veinte, y, ante el incumplimiento de pago en que incurrió el ente demandado por conducto de su Presidente Municipal, impuso la sanción prevista en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos -multa de quince unidades de medida y actualización-. No obstante, es claro que el juicio de amparo fue promovido por una persona moral oficial, en contra de la multa impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa, lo que incluso, así se especifica en el acuerdo impugnado. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad al apercibimiento de multa, pues éste jamás causaría un perjuicio al sujeto al que está dirigido y, en consecuencia, no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. Resulta aplicable, por analogía jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." Entonces, si el quejoso, en cuanto Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, no se duele de alguna afectación directa a los intereses patrimoniales de la institución que representa; en su calidad de persona moral oficial no está legitimado para promover el juicio de amparo. La presente determinación se robustece con las documentales exhibidas por la propia parte quejosa, en específico la constancia de mayoría expedida a su favor por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con la cual se advierte la intención de acreditar la calidad con la que se ostentó en el juicio, es decir, de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Puesto que en caso de haber pretendido instar el juicio constitucional como persona física, es evidente que tal documental era innecesaria para efecto de la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 7º, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de su apoderado legal Juan Cruz Martínez, respecto del auto de quince de diciembre de dos mil veinte, que impone una multa de quince unidades de medida y actualización, por incumplimiento del laudo en el juicio laboral 01/894/15. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 75, 76, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se Sobresee en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime César Pereyra Román, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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