María del Rocío Tinajero Osorio

Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
177/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • María del Rocío Tinajero Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de veintiséis de agosto del año en curso, en el que se tuvo puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que lo hubiera hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III, párrafo primero y IV del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal, mientras que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos, con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se ordenó formar un tomo con las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvanse a la citada responsable, sin que sea necesario que acuse recibo de su recepción, toda vez que se contará con la constancia de la notificación del oficio que al efecto se libra en este auto.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de cumplimiento de la autoridad responsable, sin que lo haya hecho. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo, precisados en el considerando quinto de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable a realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente el proveído de ********** de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral *************de su índice, únicamente por lo que hace a la determinación de negar la toma de nota de alta de la trabajadora *************. 2. En su lugar emita una nueva en el que otorgue la toma de nota de alta de la trabajadora ***********, al Sindicato *************. Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Oficio 8256 de ocho de agosto de dos mil diecinueve, al que adjuntó copias certificadas del acuerdo de cinco de agosto de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente laboral ***********. De las actuaciones enunciadas se advierte que la potestad común realizó estas acciones: Dejó insubsistente el acuerdo de ********* de enero de dos mil diecinueve, únicamente por lo que atañe a lo determinado respecto a la empleada judicial de nombre *************y reiteró lo que no fue materia de la concesión. En estricto acatamiento al fallo amparador aquí emitido, otorgó al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, la toma de nota de alta de **************, por lo que ordenó su inscripción en el padrón de afiliados de dicho sindicato. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos Habilitada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector y remite las constancias que lo acreditan; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista por el término de tres días a la parte quejosa María del Rocío Tinajero Osorio, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no desahogar la vista de mérito, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad responsable citada.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia a María del Rocío Tinajero Osorio, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, sin que hayan presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informe a este juzgado Federal sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Se itera que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: "1. Deje insubsistente el proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral S - 03/92, tomo XIV de su índice, únicamente por lo que hace a la determinación de negar la toma de nota de alta de la trabajadora Diana Rivera Saldívar. 2. En su lugar emita una nueva en el que otorgue la toma de nota de alta de la trabajadora Diana Rivera Saldívar, al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En caso de no cumplir con el precitado requerimiento dentro del plazo otorgado, se le apercibe que le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que en el caso de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resulte aplicable lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 antes citado, en cuanto establece que al ordenarse la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Ello, porque tal obligación está acotada a que la autoridad responsable tenga superior inmediato, lo que no acontece en el caso, toda vez que la función judicial que desempeña los distintos órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado, gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, lo que implica que el dictado de sus resoluciones debe ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación; y si bien el Presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene la representación del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y asume, para los efectos legales procedentes, la del Poder Judicial; también lo es que dentro de sus atribuciones, debe velar en todo momento por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial. Por tanto, debe decirse que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad dada su autonomía, carece de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo; sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VII . 2o . C . 22 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA SU CUMPLIMIENTO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO ES SUPERIOR JERÁRQUICO DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE AMPARO)."

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