María del Rocio Tijanero Osorio
Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María del Rocio Tijanero Osorio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por María del Rocío Tinajero Osorio, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, personalidad que acredita con la copia certificada del auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, emitida dentro de los autos del expediente S-03/92 tomo VIII, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, misma que se le reconoce en término de los artículos 6° y 10 de la Ley de Amparo, contra actos reclamados al referido Tribunal, y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 441/2019-V-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado por la quejosa consiste en: 1. El acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, emitido por los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en los autos del expediente S-03/92, relativo al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual, en atención a la renuncia formulada por Claudia Marlene Galán Espinoza por escrito de catorce de febrero del presente año, y otros, determinaron por unanimidad de votos tomar nota de las bajas del padrón de socios que integra el aludido ente gremial. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que la promovente del amparo carece de interés jurídico para accionar en la vía de amparo. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en los artículos 5, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos legales transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para que exista un interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica no exclusivamente en una cuestión patrimonial apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia P./J. 50/2014(10a.), que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La anterior transcripción permite observar que en la Ley de Amparo se reiteró que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea afectado. Conviene acotar que en el caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues la parte quejosa, al presentar la demanda de amparo, no refirió la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ni que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, mucho menos, que pertenezca a esa colectividad. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el contexto descrito, se tiene que en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente S-03/92, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual se tomó la nota de baja de la trabajadora Claudia Marlene Galán Espinoza y otros, del padrón de socios que integran el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se estableció que los trabajadores ejercitaban su derecho de libertad sindical al manifestar su intención de separarse del ente gremial al que se habían afiliado previamente, es decir, dejar de formar parte del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Destacando la responsable en el acuerdo combatido, que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, consagran la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador de asociarse, que implica que cada trabajador tiene el derecho personal a asociarse, entendiéndose por tal libertad tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en los artículos 356 y 375, de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato representa el interés profesional de los trabajadores de una empresa o de un ente de gobierno, por lo que tiene derecho a celebrar el contrato colectivo de trabajo y a estipular con el patrón las condiciones en que debe prestarse el servicio y que más convengan a sus miembros, así como a concertar los convenios que modifique el aludido contrato, por ende, únicamente se encuentran facultados para intervenir en asuntos donde se trasgredan esos derechos y en aquellos donde representen los intereses de sus agremiados.De este modo, el acto que se reclama en esta vía constitucional no le depara algún perjuicio y no afecta su esfera jurídica de manera actual y real, puesto que lo que pretendieron los trabajadores fue desincorporarse del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y lo que pretende combatir la parte quejosa María del Rocío Tinajero Osorio, en su carácter de Secretaria General del aludido sindicato, es la intención de los trabajadores Claudia Marlene Galán Espinoza y otros, de desafiliarse del ente gremial; por tanto, el Sindicato en alusión carece de interés jurídico para combatir dicho acto al no representar los intereses de sus agremiadas. Es ilustrativa, por sus consideraciones, la tesis aislada, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:"SINDICATO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR UN, CUANDO NO AFECTO EL ACTO RECLAMADO SUS INTERESES PROPIOS. Cuando la acción ejercitada por un sindicato no tiende a defender intereses del mismo como organismo sindical propiamente considerado, sino que se busca el hacer efectivos los derechos de un grupo de trabajadores individualmente determinados. Es indudable que no actúa por derecho propio, y si promueve una demanda de amparo sin indicar que lo hace en representación de los trabajadores que actuaron como reclamantes en el juicio laboral, se concluye que a dicho sindicato no le afecta los intereses jurídicos que le son propios el acto reclamado y, como consecuencia, opera el motivo de improcedencia a que se refiere la fracción quinta del artículo 73 de la Ley de Amparo, procediendo que se sobresea el juicio de garantías, con base en la fracción tercera del artículo 74 de la misma ley; es pertinente indicar, que aun cuando el organismo sindical quejoso haya actuado como mandatario en el conflicto laboral, esa circunstancia no puede invocarse para sostener la procedencia del juicio de amparo, ni aun a título de suplencia de la queja deficiente, ya que este argumento implicaría en realidad una modificación total de la demanda de amparo en cuanto al carácter con que interviene la parte quejosa y, además, en materia de la procedencia del juicio de garantías, no cabe suplir defecto alguno de la demanda de amparo." (Lo subrayado es propio) En las relatadas condiciones, se concluye que el acto reclamado analizado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues como ya quedó precisado no se afectan los derechos de sus agremiados, sino que únicamente se hace manifiesta la voluntad de dos trabajadoras en el sentido de dejar de pertenecer a dicho sindicato.Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, se desecha de plano la demanda en cuestión. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aunque se admitiera la demanda y se celebrara la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Néstor Sánchez Hernández, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro números 102704.SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles.USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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