María del Rocío Romo Olmos
Expediente 484/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Rocío Romo Olmos
- C.S. M. V. y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- Principal
Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por la familia fórmese el expediente respectivo, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el juicio de amparo 484/2019-III-B. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda que se analiza, debe desecharse al resultar manifiesta y notoriamente improcedente. Ahora bien, el numeral 113 de la Legislación de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante, en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Antes de proceder a establecer y analizar los actos reclamados, conviene precisar los antecedentes del juicio del cual derivan y que la propia parte promovente establece en su demanda como los siguientes: ".- Acto(s) reclamado(s): 1. El acuerdo/constancia de audiencia de lunes 10 de junio de 2019 emitido por el H. Juzgado Primero de lo Familiar por Audiencias que concede una convivencia INDEBIDAMENTE RESTRINGIDA entre la hoy parte quejosa y los menores en cuestión y que, en lo conducente, establece que: "...EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA JUEZ ACUERDA: ÚNICO.- Ahora bien, en base a las manifestaciones realizadas por las partes materiales del presente incidente, a fin de garantizar el derecho a la convivencia de los infantes inmersos dentro del presente procedimiento de iniciales C.S.M. V e G.M. V. con su familia paterna, atendiendo al principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establecen, toda vez que una de las condiciones que pueden agravar el estado de las niñas, niños y adolescentes es ¡a duración excesiva y prolongada de las medidas establecidas, este Tribunal determina que ello en virtud de que se da una condición que impide la convivencia libre, lo que generalmente tiene un trasfondo en la dinámica familiar... " 2. El acuerdo de 14 de junio de 2019 emitido por el H. Juzgado Primero de lo Familiar por Audiencias que desecha nuestro recurso de apelación que se interpuso, precisamente, para impugnar el primer acto reclamado y que,, en lo conducente, establece que: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el escrito que suscribe con personalidad acreditada en autos, recibido el trece de junio del año en curso, respecto a lo que solicitan, dígasele que no ha lugar a tenerlas interponiendo el recurso de apelación que intentan, toda vez que del auto del que se duele no es combatible a través de dicho recurso, lo anterior de conformidad con los artículos 483 y 484 del Código de Procedimientos Familiares ... ". XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Como puede advertirse de las constancias de autos y de la confesión que hacen las peticionarias del amparo "bajo protesta de decir verdad", se obtiene: --- Que al dar cumplimiento a las prevenciones realizadas por este Juzgado, las quejosas bajo protesta de decir verdad, manifestaron que sí fueron legalmente notificadas a concurrir a la audiencia de diez de junio de dos mil diecinueve. Y de tales aseveraciones, se destaca: --- Que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, promovieron incidente en el que como familiares y pidieron convivencia, el cual fue desechado por el Juez Primero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en la localidad. --- Que el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, promovieron otra vez la misma petición, en la cual expusieron lo que a su interés convino y que fue admitido a trámite por el Juez Primero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en la localidad, sin pronunciarse sobre la medida provisional solicitada. --- Que dentro del incidente se programó una primera audiencia, para el diez de junio de dos mil diecinueve, la cual fue atendida por todas las aquí quejosas y se emitió la restricción que ahora reclaman. --- Que en contra de dicha restricción interpusieron el recurso de apelación, mismo que les fue desechado por el Juez Primero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en la localidad, violándoles el derecho de acceso a la justicia. Ahora, la causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita, se encuentra motivada por el hecho de que las impetrantes de garantías, no agotaron previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudieran modificar, revocar o nulificar, las determinaciones tomadas en la audiencia preliminar de diez de junio de dos mil diecinueve, en cuanto a las restricciones de convivencia con los menores, que ahora reclaman, que no es otra cosa, que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio de definitividad, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interpongan las quejosas, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio ordinario "sui géneris", como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo, implica la obligación de los agraviados consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Es aplicable al caso, la tesis aislada XVI.2o.C.T.1 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, visible en la página 3124, con registro 2005388, del tenor siguiente: "Precisado lo anterior tenemos que, las quejosas previamente a la instauración de esta vía constitucional, conforme lo señalan los artículos 88, 472, 473, fracción I, 475, 479, 480 y 481, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, debió interponer el recurso de revocación el cual procede, respecto autos y resoluciones dictados dentro y fuera de audiencia contra los que no proceda apelación, numerales que a la letra dicen: "ARTÍCULO 88. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este código. Por lo que, en tal orden de ideas, las solicitantes de la protección de derechos humanos y violación de sus garantías individuales, debieron agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación mencionado, el cual como se dijo, procede contra el acuerdo emitido en audiencia impugnado de inconstitucional, pues a través de ese medio ordinario de defensa, las ahora quejosas tenían la posibilidad de que se reparara el agravio que alegan les fue causado por la actuación de la autoridad y de esa manera, agotar el principio en comento que rige en el juicio de amparo indirecto, esto es, no obstante que en su demanda inicial expresan que aceptan la convivencia concedida por el juez, debieron reclamar mediante el recurso de revocación, las restricciones de las misma convivencia, que ahora pretenden combatir en esta vía constitucional, puesto que legalmente fueron notificadas y escuchadas al emitir dicha determinación la autoridad responsable. En efecto, el principio de definitividad, que rige al juicio de derechos humanos fundamentales, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la solicitante de protección de derechos fundamentales debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las quejosas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Las consideraciones apuntadas, permiten arribar a la conclusión de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales contenido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, las ahora amparistas antes de acudir al amparo contra las restricciones dictados, en la audiencia pública de diez de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de lo Familiar, residente en la localidad, acuerdos que como refieren aceptan la convivencia decretada, pero no las restricciones, mismas que debieron impugnar mediante la interposición del recurso de revocación, por tanto, es a través del medio de defensa, previsto en los artículos 479 y 480 del citado ordenamiento adjetivo, que se podía lograr su modificación, revocación o nulificación y así de esa manera las amparistas tenían la posibilidad de que se les reparara el agravio que alegan le fue causado por la actuación de la autoridad, máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable".Y por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816 del Tomo XXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas".
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