Maria del Rocio Romero Galindo

Expediente 1203/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1203/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Maria del Rocio Romero Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    ***** Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, en el que la perito oficial Griselda Cortés Hernández, informa que le fue notificado el contenido del oficio 35737/2022, referente al proveído de diecisiete de agosto del año en curso;, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de la notificación a la citada experta con la comunicación referida. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por otro lado, respecto al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se desprende que la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquico, han sido omisas en acreditar el total cumplimiento del fallo protector, por tanto, considerando que el acatamiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE de nueva cuenta al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de autoridad vinculada al acatamiento del fallo protector, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite fehacientemente ante este Juzgado de Distrito haber cumplido cabalmente la ejecutoria de amparo y con ello, lo ordenado en la sentencia definitiva de nulidad de treinta de noviembre de dos mil diecisiete y resolución de queja por defecto en su cumplimiento de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictadas en el juicio de nulidad 10751/17-17-12-1, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para lo cual, se encuentra obligada a atender puntualmente las observaciones formuladas por la citada Sala de origen en la resolución plenaria de tres de enero del año en curso, cuyos extractos se insertan a continuación: 2) No obstante lo anterior, en cuanto a los incrementos que debió aplicar a la pensión otorgada al accionante desde el 16 de abril de 1997 hasta que se diera cumplimiento a la sentencia aludida, la autoridad no cumple con lo ordenado en su Séptimo Considerando, ya que si bien cómo se le ordenó, la autoridad al realizar el cálculo de los porcentajes de incremento en cada año, omitió considerar a las cantidades correspondientes al sueldo de cada una de las plazas, los montos relativos al quinquenio, conforme a lo establecido por artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, intentando realizar el comparativo anual de los porcentajes de incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con los aumentos a los sueldos de los trabajadores en activo del año anterior. Sin embargo, de las tablas que inserta en las hojas 16, 17 y 18 del oficio SP/2865/2021 de fecha 07 de septiembre de 2021, se observa que obtuvo el sueldo básico de las plazas del accionante considerando únicamente el periodo del 16 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2017 (tabla que obra a fojas 864 reverso de autos), realizó la comparativa de incrementos ordenada, considerando los que consideró correspondientes desde el periodo del 16 de abril de 1997 hasta el 31 de octubre 2021, (tabla que obra a fojas 865 y reverso de autos), lo anterior sin demostrar que se haya allegado de las constancias de evolución salarial correspondientes a las plazas que ocupó el actor previo a su baja específicamente respecto del periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, ya que en dichos periodos en la columna B con rubro "TOTAL DE SUELDO" indicó un sueldo de $0.00, en la columna C con rubro "PORCENTAJE DE INCREMENTO TRAB. ACTIVO", señaló que del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 el incremento fue de 4.37% del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 el incremento fue de 0.39%, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 el incremento fue de 3.34%, y del 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021 el incremento fue de 0.39%. Lo anterior, sin que se adviertan las cantidades que como sueldo obtuvo por las dos plazas el actor en el periodo del 1° de enero de 2018 al 31 de octubre de 2021, ni las constancias de evolución salarial que supuestamente consideró la autoridad por dichos periodos; en consecuencia, no se tiene la certeza de que efectivamente los porcentajes de incremento de trabajadores en activo que aplicó, comparados con los porcentajes del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aplicables por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, hayan sido los que los que menor beneficio le contrajeron al accionante. En consecuencia de lo anterior, al no encontrarse debidamente incrementada la cuota pensionaria del actor, tampoco se tiene certeza que la cantidad de $ 410,796.48 transferida a la cuenta bancaria al actor que se hizo constar en el acta de comparecencia de fecha 19 de noviembre de 2021, sea la correcta. [.] Hágase del conocimiento que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: 1) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. 2) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta para la Ciudad de México. 3) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al DELEGADO REGIONAL, como superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, Subdelegado de Prestaciones, ambos de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que a conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las directas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se llevara a cabo el procedimiento descrito en el punto 3 previamente citado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Hágase saber a la autoridad responsable y directamente obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, que lo acordado en este proveído, no la desvincula de la obligación impuesta por mandato constitucional, siendo que en el momento procesal oportuno puede ser requerida para que atienda con la ejecutoria de amparo. Notifíquese

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