María del Rocío Reyes Alvarado

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • María del Rocío Reyes Alvarado
  • Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, la sentencia que sobreseyó en el juicio no fue impugnado en término legal, por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Por tanto, con apoyo en el artículo 21, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo que antecede, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el juicio y depurarse el cuaderno original del incidente de suspensión, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe. JorgCja P-I89/2021 OFICIO(S) 16906, 16907, 16908 y 16909JorgCja

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, principalmente del expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. 1.1. Notificación de sentencia. Además, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarles dicha determinación.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 89/2021, que promovió María del Rocío Reyes Alvarado, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EL AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERANDO: PRIMERO. Precisión del acto reclamado. La quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La orden de presentarse a laborar en el área de consulta externa, en la Clínica de Medicina Familiar "Morelia", del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Morelia, Michoacán, soslayando el riesgo generado por diversos problemas de salud que presenta. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez el acto reclamado podrá tener ejecución en Morelia, Michoacán se dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Michoacán, negó la existencia del acto reclamado y la quejosa no desvirtuó dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados y ante la falta de prueba para demostrarlos, se sobresee en el presente juicio, contra los actos y autoridades precisadas en este considerando, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable a esta conclusión, por su contenido la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Número 1002, visible a fojas 1621 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes). CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados al Director, Subdirectora de Administración y Subdirectora Médica, todos de la Clínica de Medicina Familiar "Morelia" del Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad. Lo anterior, pues no obstante que negaron el acto reclamado, de las constancias anexas a su informe, se advierte que el oficio MICH/CMF/MOR/DIR/842/2020 de nueve de noviembre de dos mil veinte, fue emitido por las tres autoridades ya precisadas, por lo que se acredita la existencia del acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza una causa de sobreseimiento, misma que se explicara en párrafos subsecuentes. Consideraciones previas Previo al estudio de la causa de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierte, es necesario invocar los argumentos sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los autos de la contradicción de tesis 127/2020, para una comprensión más amplia del panorama que envuelve el presente asunto, ya que, de manera esencial, los actos reclamados que dieron origen a los criterios contradictorios son semejantes a los que ahora se estudian. Como primer punto, la citada contradicción se circunscribió en determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo o, bien, en materia administrativa. A manera de contexto, la Segunda Sala hizo alusión a la contingencia epidemiológica derivada del virus SARS-CO2 (COVID-19), y las medidas que tomó el Estado Mexicano para su control y mitigación, coligiendo que si bien se advierte que los acuerdos que mencionó, derivaron de autoridades de carácter administrativo en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. Lo anterior -continuó la Sala-, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Finalmente, la Sala concluyó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo; en consecuencia, debería ser un Juzgado de Distrito en materia de trabajo quien conozca de estos asuntos. Análisis que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO". Estudio de la causa de improcedencia actualizada En la especie, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que, en el caso concreto, las autoridades señaladas como responsables no tienen tal carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se aprecia, los elementos referidos en los incisos anteriores no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación laboral que existe entre patrón-trabajador y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables de los actos reclamados actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con el Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa del acervo probatorio que acompañó al mismo, se aprecia que mantiene una relación laboral al indicar que desempeña el cargo de médico familiar, adscrita a la Unidad Médica Familiar "Morelia" del Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en esta ciudad. Es decir, los actos que controvierte la peticionaria es consecuencia de la relación laboral que mantiene con las responsables, por ello carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Así, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Lo anterior no implica desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Bajo ese panorama, el cumplimiento o no de los empleadores del Estado o de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. De tal suerte, el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, que se tramita ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y la autoridad que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." De igual manera, por los argumentos que sostiene, la jurisprudencia 2ª./J. 2/2017 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro treinta y ocho, enero de dos mil diecisiete, tomo I, página seiscientos ocho, de rubro y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Así como la jurisprudencia 2a./J.42/2020 (10a.), precisada en párrafos precedentes. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de dicho cuerpo normativo. Sin que se soslayen los puntos referentes a su derecho a la salud; sin embargo, dicho acto no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, características de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un pleno de coordinación. No obstante, ello no implica que tal circunstancia posibilite analizar el fondo del asunto, dejando a un lado las causales de improcedencia, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia de los actos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María del Rocío Reyes Alvarado, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las trece horas del veintidós de julio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 116/2020-III-C; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe, la declara abierta sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". PRUEBAS Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS En seguida se abre el período de alegatos y el Secretario hace constar que obran los alegatos que formuló la autoridad responsable. A lo anterior el Juez acuerda: Se tiene a dicha parte expresando los que a su parte corresponden y a las demás partes por perdido su derecho en alegar No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda correspondiente, una vez que las labores del juzgado lo permitan.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano