Maria del Rocio Ramirez Ortega
Expediente 2784/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2784/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2019
Partes del expediente
- Maria del Rocio Ramirez Ortega
- Froylan Espinosa Cuaxospa
- EVA ALEJANDRA GARAY GARCIA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio del Director General Adjunto de Procedimientos "C" en representación del Director General de Organización y Recursos Humanos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado respecto a la ampliación de la demanda, con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica. Finalmente, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, respecto a la solicitud de permitir el uso de medios electrónicos, ya que en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve se proveyó al respecto. En esas condiciones, a efecto de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe en comento y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estime conveniente para desvirtuarlos, por lo que es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por *************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Ampro, mediante la cual interpone incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación del acuerdo del auto de dieciocho de junio del año en curso y de la sentencia dictada en autos, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Téngase por interpuesto el INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES y distribúyanse entre las partes las copias del escrito relativo. Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes en relación al incidente de nulidad de notificación de que se trata. En su oportunidad, se ordena fijar día y hora para la celebración de la audiencia en la que de ser el caso se recibirán y desahogarán las pruebas y se oirán los alegatos de las partes. En relación o a su solicitud relativa a que se autorice para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que dentro de las facultades que le confiere el artículo 12 de la ley de la materia, no se encuentra la de delegar dichas atribuciones a terceros, esto es, solo le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), con número de registro 2009933, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO. El apoderado en los términos aludidos puede accionar el juicio de amparo y autorizar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes en términos del numeral citado, lo que no implica que se le otorgue legitimidad procesal. Por su parte, al autorizado sólo se le permite realizar actos dentro del juicio en el cual fue designado, siempre que actúe en defensa de su autorizante. Así, la distinción entre delegación y autorización radica en que el apoderado interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o por su representante legal. Esto es, el primero es un mandatario o representante, mientras que el segundo sólo tiene el carácter de autorizado o representante procesal que le permite llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado." Asimismo, la tesis aislada V.2o.63 C (9a.), con número de registro 194830, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, LEGITIMACIÓN DEL (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 663, PUBLICADA EN LA PÁGINA 445, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Al reflexionar sobre el requisito exigido por el artículo 27 de la Ley de Amparo, en la parte inicial del segundo párrafo, en cuanto a la obligación de proporcionar el dato correspondiente como sería el número de cédula profesional, en el escrito en que se promueva y se otorgue la autorización, lleva a concluir que si bien es verdad que el autorizado en las materias civil, mercantil y administrativa, debe acreditar que se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, también lo es, que corresponde al Juez de Distrito constatar que se cumpla tal requisito y darle legitimación en el acuerdo correspondiente, toda vez que la autorización para los profesionistas en las materias referidas es de trascendencia en el juicio constitucional, por así establecerlo el mencionado artículo 27. Entonces, el Juez de Distrito en su calidad de director del proceso puede hacer ese reconocimiento tácita o expresamente para que se surtan los efectos pertinentes, pues no puede estimarse que esa omisión limite al autorizado para interponer recursos, en razón de que tales omisiones o limitaciones resultan irrelevantes cuando el juzgador reconoce la autorización en amplios términos, esto es, sin limitación alguna." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
EN VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DIECIOCHO DE LOS CORRIENTES, QUE A LA LETRA DICE:" Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se observa que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve del año en curso, se decretó que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, causó ejecutoria. Asimismo, se observa que mediante dicho proveído se reservó proveer lo conducente respecto al archivo del presente asunto en razón de que en los cuadernos incidentales se encontraba pendiente de resolución el recurso de revisión 62/2019, radicado el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo cual, conforme a la certificación de cuenta, se desprende que ya ha acontecido, por lo que se provee: Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó y negó la protección de la Justicia Federal, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III del punto Vigésimo del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa". NOTIFÍQUESE.
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