María del Rocío Puerto Chang

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • María del Rocío Puerto Chang
  • Jimmy Iván Morales del Puerto
  • Fiscal del Ministerio Público dependiente de la Unidad de Investigación Integral y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa en Tapachula

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudiera recurrir en queja el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculada a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese por lista a la parte quejosa

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita copias certificadas del expediente en que se actúa, y autoriza para oír y recibir notificaciones a ***; asimismo, exhibe diversas documentales en copias simples. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que solicita la promovente, previa toma de razón y firma que por su recibo obre en autos para debida constancia legal. Asimismo, dígasele que a efecto de que se encuentre en posibilidad de recibir físicamente las copias simples que solicita, deberá solicitar cita para acudir a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, misma que puede generar en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales" que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual puede consultar en la siguiente página de internet: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home. En dicho portal, una vez generada la cita correspondiente, se le proporcionará un Código QR que deberá presentar ante este órgano jurisdiccional en el día y hora que dicho sistema le haya proporcionado para comparecer a este Juzgado, lo anterior de conformidad con los artículos 2, fracción VII, y 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, como lo solicita la quejosa, téngase por autorizado en términos restringidos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. En ese orden de ideas, con relación a las documentales exhibidas por la quejosa, este juzgado se reserva proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto los peticionarios del amparo aclaren su escrito inicial de demanda de derechos fundamentales en los términos que le fueron requeridos en proveído de ocho de agosto del año en curso, el cual le fue notificado por lista el diecisiete de agosto de la presente anualidad. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los quejosos ****, en proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por los directos quejosos ****. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por los directos quejosos ****, mediante el cual realizan diversas manifestaciones y exhiben pruebas documentales en copias simples. Al respecto, es dable precisar que del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que los promoventes en su demanda de amparo solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados atribuidos al Titular de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otras autoridades, consistentes en diversas omisiones derivadas un registro de atención y/o carpeta de investigación; sin embargo, este juzgado estima que dichos actos reclamados no se ubican dentro de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues no se acredita la existencia de una situación de cuestión urgente, regulada por los preceptos legales citados. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho procesal corresponda en relación con la manifestaciones realizadas por la parte quejosa y la admisión de las diversas documentales que en copia simple exhibe en esta instancia, hasta en tanto los peticionarios del amparo aclaren su escrito inicial de demanda de derechos fundamentales en los términos que le fueron requeridos en proveído de ocho de agosto del año en curso, el cual le fues notificado por lista el diecisiete de agosto de la presente anualidad.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito presentado en copia simple por los quejosos ***, y anexos. Ahora bien, del referido escrito, así como de la certificación secretarial de cuenta se desprende que dicho ocurso carece de la firma autógrafa de quejosos ***, en virtud que el mismo fue exhibido por la parte quejosa en copia simple; en las mismas circunstancias se encuentra su respectivo anexo, consiste en el escrito de diez de agosto actual, con el que la parte quejosa pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de ocho de agosto de esta anualidad. En consecuencia, al carecer la promoción de firma original no puede advertirse expresamente la voluntad de quien suscribe; y ante tal omisión, este juzgado no se encuentra obligado a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En ese contexto, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma original autógrafa de los interesados o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. Resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "PROMOCIONES, FALTA DE FIRMA EN LAS. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar conducentemente." Debe decirse que la aplicación de la tesis citada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio.

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