María del Rocío Poot Uc
Expediente 2593/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2593/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María del Rocío Poot Uc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patron Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2593/2023-VI, promovido por********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental ofrecida por la Junta responsable en su informe justificado, con las que fueron acompañadas por la tercera interesada ********************, así como las ofrecidas por el Director del Registro Civil del Estado y por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en atención a los requerimientos realizados por este juzgado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con los alegatos formulados por la parte tercera interesada ********************. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas sus manifestaciones, para los efectos legales a que haya lugar. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2593/2023-VI; A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el siete siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado que hizo consistir en la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en autos del juicio laboral ********************. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: La interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en autos del juicio laboral ********************, por considerar que no era posible trabar el embargo solicitado sobre el inmueble ubicado en ********************, al encontrarse registrado a nombre de una persona distinta a la parte demandada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, pues a pesar que su Presidenta lo negó al rendir su informe con justificación, lo cierto es que posterior a dicha negativa realizó diversas manifestaciones encaminadas a justificar su actuación, de las cuales se advierte la existencia de la resolución reclamada. De ahí que deba desvirtuarse su negativa y tener por existente el acto reclamado. Circunstancia que además se corrobora con las constancias relativas al procedimiento laboral ********************, que acompañó la Junta responsable al rendir su informe de ley; documentales que gozan de valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, conforme a los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que respecto a la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo de ocho de abril de ese año, dictado en autos del juicio laboral ********************, por considerar que no era posible trabar el embargo solicitado sobre el inmueble ubicado en ********************, al encontrarse registrado a nombre de una persona distinta a la parte demandada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que la quejosa acudió a esta instancia constitucional reclamando la interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en autos del juicio laboral ********************, contra el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se determinó, en esencia, que no era posible trabar el embargo solicitado sobre el inmueble ubicado en ********************, al encontrarse registrado a nombre de una persona distinta a la parte demandada, pues aparecía a nombre de ******************** y no de la demandada ********************. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, puede advertirse lo siguiente: I. El veinte de febrero de dos mil veinte se dictó un laudo condenatorio en el procedimiento laboral ********************, promovido por ******************** contra ********************, ******************** y ********************. II. Una vez que dicha resolución se declaró firme, se inició el procedimiento de ejecución de laudo en el que, la aquí quejosa ingresó un escrito el seis de enero de dos mil veintidós, donde solicitó el embargo del inmueble ubicado en ********************, inscrito bajo el folio electrónico ******************** en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a nombre de ********************. III. A lo anterior, el Presidente de la Junta responsable acordó el ocho de abril de dos mil veintidós, en la que se negó a dicha solicitud bajo el argumento de que el inmueble en cuestión se encontraba a nombre de una persona distinta a la demandada, a saber de ********************. IV. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso el correspondiente recurso de revisión de actos de ejecución, el cual fue resuelto el dieciocho de octubre de dos mil veintidós y dio origen a este juicio de amparo. Paralelamente a los antecedentes antes referidos, en autos también se encuentra acreditado lo siguiente: I. Que los demandados ******************** y ******************** fallecieron, respectivamente, el veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve y el diecinueve de octubre de dos mil veinte. II. Que a través de la escritura 1673, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público Número noventa y uno del Estado de Yucatán, se otorgó la adjudicación por herencia a favor de ********************, todos de apellidos ********************, respecto del inmueble ubicado en la calle veintisiete, ********************, inscrito bajo el folio electrónico ******************** en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. III. Que dicho testimonio de escritura pública quedó inscrito en el folio electrónico ******************** del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el catorce de enero de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se estima la actualización de la causal de improcedencia hecha valer, pues al momento en que se dictó el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, que a la postre fue confirmado en la interlocutoria de dieciocho de octubre del mismo año, aquí reclamada, el predio cuyo embargo fue solicitado ya era propiedad de distintas personas a la que en su momento fue señalada como la demandada ********************. Persona que en ese momento incluso ya había fallecido, por lo que sus bienes fueron adjudicados a sus herederos y registrados como de su propiedad desde el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; lo que incuestionablemente origina una modificación en el entorno jurídico del acto aquí reclamado. Ello, porque el objeto cuyo embargo se pretende aduciendo que es propiedad de la demandada no se encuentra a nombre de quien en un momento se dijo era su propietaria, sino que ya era parte del patrimonio de terceras personas, dos de ellas, incluso, ajenas a la relación procesal. En ese sentido, se torna material y jurídicamente imposible que en caso de otorgarse la protección constitucional contra el acto reclamado, surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional, en virtud de que las cuestiones controvertidas respecto a la propiedad del inmueble y su susceptibilidad para ser embargado a nombre de la demandada ******************** han dejado de existir en su objeto al trasladarse al patrimonio de terceras personas, incluso a la emisión del auto recurrido y el aquí reclamado. En mérito de lo anterior es que se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues al margen de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos en virtud de que su objeto ha dejado de existir al salir del patrimonio de la persona demandada el inmueble respecto del cual se pretendía su embargo, lo que modificó el entorno jurídico de aquél; resultando ocioso el determinar si fue correcto el proceder de la Junta al considerar que la demandada no es ********************, pues lo cierto es que el inmueble ya aparece a nombre de diversas personas. Por consiguiente, esta juzgadora decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal. Sin que lo anterior, implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa en su carácter de actora en el procedimiento laboral, puesto que se encuentra en aptitud de promover la acción correspondiente contra la sucesión de la parte demandada o, de considerarlo procedente contra la demandada que ahora ostenta la propiedad del inmueble en cuestión. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por******************** contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe de todo lo actuado. Doy Fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio y anexo en copia certificada, remitidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de cuatro de julio del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito de la tercera interesada ********************mediante el cual cumple con la prevención que se le efectuó en proveído de veintiocho de junio de la presente anualidad, por ende, se le tiene como representante de los diversos terceros interesados ********************para los efectos legales a que haya lugar en cuanto al presente juicio de amparo. Por otra parte, ya que de las constancias que se acompañaron al escrito de cuenta se advierte que dicha tercera interesada refiere que el inmueble ubicado en el predio ********************, registrado con el número de inscripción 3019967 y folio electrónico ********************, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es de su copropiedad desde el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, lo que en el caso pudiera actualizar una causal de improcedencia en este asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 62, en relación con el diverso 75, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias relativas a la inscripción vigente del folio electrónico del predio ********************. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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