María del Rocío Olvera Hernández
Expediente 923/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- María del Rocío Olvera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 139/2020, en donde se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por MARÍA DEL ROCÍO OLVERA HERNÁNDEZ contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto 923/2020, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos". Atento a lo anterior, acúsese recibo al Tribunal Colegiado oficiante, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se desechó la demanda de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de noviembre del presente año, dictado en el toca 139/2020, de su índice. Ahora bien, del auto citado se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; lo anterior, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos copia del escrito firmado por ********************quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ********************mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por ********************quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ********************en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ********************, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, por lo que se provee respecto de su demanda de amparo. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. El promovente señala como acto reclamado la omisión de notificar el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral ******************** En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, es indudable para este Juzgado que el acto reclamado consistente en la omisión de notificar el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral ********************, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de los quejosos. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 1° y 17 constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral de ejecución en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". La jurisprudencia anteriormente transcrita, establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 750, de la Ley Federal del Trabajo, la cual se aplica de manera supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, y siguiendo el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citado, este Juzgado determina la inexistencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, debido a que la parte quejosa reclama la omisión de notificar el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral ********************, por lo que de conformidad con el artículo 750 de la legislación antes señalada, la autoridad tenía cinco días para realizar dicha diligencia, los que transcurrieron del siete al catorce de octubre de dos mil veinte; sin embargo, la autoridad responsable omitió emplazar a la parte demandada dentro de los días antes señalados. No obstante lo anterior, se advierte que no existe una abierta dilación procesal, pues a partir del quince de octubre de dos mil veinte a la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de octubre de dos mil veinte) únicamente han transcurrido nueve de los cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que en sesión ordinaria de treinta de septiembre de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del suscrito como titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil veinte, hágase del conocimiento de las partes la citada determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese.
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