María del Rocío López Pérez
Expediente 173/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María del Rocío López Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Por recibido el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente expediente, un legajo de constancias y remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión civil 87/2021, donde confirma la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado. Acúsese recibo, dígase a la Superioridad que el suscrito queda enterado de la resolución de referencia, glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedieron la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos, devuélvanse; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Noveno Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, donde acusa recibo de las constancias que indica y comunica que admite a trámite el medio de impugnación que refiere, de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de la quejosa, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, y el ocurso de expresión de agravios, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes la pieza que se provee, dejando disponible la concerniente a la parte contraria. Se instruye al actuario de la adscripción a efectuar las notificaciones correspondientes y vincularlas al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, donde se informa la imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia; en consecuencia, se ordena hacerle del conocimiento dicho fallo por MEDIO DE LISTA, la presente determinación y las subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SEÑALA : "V I S T OS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 173/2020, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de febrero de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelado en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente 1147/2014." Segundo. Admisión. Previo desahogo de prevención, el diecisiete de marzo posterior, se admitió la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron informes justificados; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. El representante social de la Federación adscrito no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I,107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, 38 y 107 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La interlocutoria emitida el veintisiete de enero de dos mil veinte, en el incidente de liquidación de intereses moratorios en el juicio ejecutivo mercantil 1147/2014, instruido por el Juez Décimo Tercero Civil de la Ciudad de México, donde se condenó a pagar $..., por concepto de ochenta y tres meses de mora, transcurridos del cuatro de noviembre de dos mil doce al tres de octubre de dos mil diecinueve. Tercero. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; como se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El ocho de abril de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil promovido por Sistema de Crédito Automotriz, sociedad anónima de capital variable, contra la quejosa y diversos coencausados, en cuyos puntos resolutivos se lee: "R E S U E L V E (.) QUINTO.- Se CONDENA a... en su calidad de suscriptora, y a ... y a ... en su calidad de avalistas a PAGAR solidariamente a ..., la cantidad de $..., en concepto del importe del PAGARÉ número "..." de fecha "16/OCT/2021", suscrito por la cantidad de "$..." exhibido; asimismo, se CONDENA a los demandados a PAGAR solidariamente a la actora el interés moratorio reducido prudencialmente del: "2.53 mensual" dos punto cincuenta y tres por ciento mensual sobre el saldo del importe principal sentenciado, contado a partir del día siguiente al día en que los demandados se constituyeron en mora, es decir a partir del día siguiente del día: ".QUE CUBRIRÉ EN LA SIGUIENTE FORMA: 54 ABONOS MENSUALES DE $... CADA UNO A PARTIR DEL DÍA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y ASÍ SUCESIVAMENTE LOS DÍAS 03 DE CADA MES, HASTA CUBRIR EL IMPORTE DE ESTE DOCUMENTO.", es decir, a partir del día cuatro de noviembre del dos mil doce, en que los demandados dejaron de hacer el pago de las mensualidades a que se obligaron, y hasta el pago total del importe principal sentenciado, que en su caso deberán liquidarse en el incidente que al efecto se promueva; asimismo, se CONDENA a los demandados a PAGAR solidariamente a la actora el Impuesto al Valor Agregado a la tasa legal aplicable, sobre los intereses moratorios, contado a partir del día siguiente en que los demandados se constituyeron en mora del: ".QUE CUBRIRÉ EN LA SIGUIENTE FORMA: 54 ABONOS MENSUALES DE $3,949.27 CADA UNO A PARTIR DEL DÍA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y ASÍ SUCESIVAMENTE LOS DÍAS 03 DE CADA MES, HASTA CUBRIR EL IMPORTE DE ESTE DOCUMENTO.", es decir, a partir del día cuatro de noviembre del dos mil doce, y hasta el pago total del importe principal sentenciado, impuesto que en su caso deberá liquidarse en el incidente que al efecto se promueva. (.)" II. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora promovió incidente de liquidación de intereses, por el periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil doce al tres de octubre de dos mil diecinueve. III. Dicha acción se admitió a trámite el diez de octubre siguiente, donde se ordenó notificar personalmente a la parte demandada. IV. Por sentencia de veintisiete de enero de dos mil veinte, se resolvió en los siguientes términos: "R E S U E L V E (.) CUARTO.- Se APRUEBA LA PLANILLA de Liquidación de Intereses Moratorios convencionales por la cantidad propuesta por la parte actora incidentista. QUINTO.- Son Infundadas e Improcedentes las defensas opuestas por los codemandados. SEXTO.- Se CONDENA a ... en su calidad de suscriptora y a los avalistas ... y a ... a PAGAR a ..., en su calidad de beneficiaria la cantidad de $... en concepto de Interés Moratorio Convencional liquidado de ochenta y tres meses completos de mora, liquidado del cuatro de noviembre del dos mil doce al tres de octubre del dos mil diecinueve, genera do por el PAGARÉ número: " ... " de fecha: "DÍA 16/MES OCT/ AÑO 2012", suscrito por la cantidad de: $212,260.61", salvo error aritmético alguno. (.)" Esta última decisión judicial y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Se procede al análisis de los conceptos de violación, donde la parte quejosa argumenta: El acto reclamado contraviene los derechos tutelados en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 1077, 1194, 1197, 1198, 1289, 1294, 1296, 1323, 1324, 1326, 1353 y 1354 del Código de Comercio, porque transgrede los principios de equidad procesal y congruencia, porque el juzgador responsable no fundó ni motivó su decisión. En el proceso se dictó auto admisorio de las pruebas ofrecidas por la quejosa, confirmado en grado de apelación, las cuales no fueron valoradas ni consideradas. La quejosa fue la única parte que ofreció pruebas, las cuales no fueron objetadas, y aun así fueron desestimadas, se les restó valor, no obstante haberse tenido por confesa a la actora; además, la autoridad responsable interpretó incorrectamente las tesis que citó, porque no le confieren la facultad discrecional de valorar o dejar de valorar las pruebas ofrecidas. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. No asiste razón al inconforme porque el acto reclamado sí está fundado y motivado, pues el juzgador responsable argumentó: - Es fundada y procedente la pretensión propuesta por la parte actora para liquidar los intereses moratorios, porque así se condenó en la sentencia definitiva, por lo que el porcentaje establecido en ésta debe multiplicarse por la cantidad principal, para obtener el interés mensual, que a su vez debe multiplicarse por los meses transcurridos en que se ha generado la mora, de acuerdo a los artículos 85 fracción I, 361 y 362 del Código de Comercio, es decir, a partir del cuatro de noviembre de dos mil doce y hasta el tres de octubre de dos mil diecinueve, entre los que han transcurrido ochenta y tres meses completos de mora. - Mensualmente se obtiene la cantidad de $..., que al multiplicar por los ochenta y tres meses de mora dan $..., por concepto de interés moratorio; operaciones que hacen correcta la liquidación propuesta por la actora. - Son infundadas e improcedentes las excepciones opuestas por los codemandados porque las pruebas ofrecidas, conforme a los artículos 1205, 1404, 1414 y 1353 del Código de Comercio, y que consisten en: la confesional a cargo de la actora; documental privada consistente en el pagaré base de la acción; documental pública consistente en el legajo de copias fotostáticas certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la quejosa, ante el Juez Décimo Tercero de Proceso Oral de esta Ciudad; documental pública consistente en la impresión fotográfica del estado de cuenta de una codemandada, emitido por la institución ...; instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, aun valoradas en lo individual, unas frente de las otras, en su conjunto, en forma contradictoria, lógica y jurídica, no prueban los hechos constitutivos de las excepciones y defensas.En cuanto a la jurisdicción voluntaria para interpelar judicialmente a la actora, el duplicado de la constancia de dación en pago, celebrado con ésta, y la devolución del dinero pagado "demás", es improcedente e infundada porque el procedimiento ejecutivo mercantil está en ejecución y no admite mas excepción que la de pago, acorde al ordinal 1397 del Código de Comercio. - Con las pruebas ofrecidas por los codemandados no se acredita la afirmación y hecho positivo consistente en la dación en pago, porque ésta debe constar en documental pública, en términos del artículo 1397 del Código de Comercio. - En cuanto a la confesional a cargo de la empresa actora, desahogada en audiencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, donde se le tuvo por confesa ficta de las posiciones calificadas como legales, prueba su contenido en los términos en que está rendida, porque no fue adminiculada o robustecida con otra prueba. - La documental pública consistente en el legajo de copias fotostáticas certificadas, de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por ... ante el Juez Décimo Tercero de Proceso Oral de esta Ciudad, tampoco apoya la presunta dación en pago porque debe constar en documental pública conforme al artículo 1397 del Código de Comercio; aunado a que la actora se opuso a las diligencias. - Argumento que se robustece con la tesis aislada II.1o.C.173 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de registro: 194801, que dice: DACIÓN EN PAGO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE. La dación en pago es una forma de extinción de las obligaciones, pues se produce cuando la acreedora acepta en pago de la deuda, una cosa distinta a la debida, al tenor del artículo 2095 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República Materia Federal. Por lo que al constituir esa forma de pago, precisamente una figura jurídica que es liberatoria de una obligación, no puede probarse con base en presunciones, sino que debe acreditarse plenamente." Respecto a la documental consistente en la impresión fotográfica del estado de cuenta de la codemandada emitido por la institución bancaria ..., no se prueban las defensas porque es una copia fotostática simple sin certificar que carece de valor probatorio, porque no está adminiculada o robustecida con otra prueba, conforme a los artículos 1194, 1195, 1196 y 1197 del Código de Comercio. - El pagaré exhibido tampoco prueba la dación en pago dada su naturaleza de título ejecutivo, como tampoco se prueba con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. - Tocante a la defensa de estar ante un doble pago por haber devuelto el bien que motivó la deuda, es improcedente e infundada porque los codemandados no lo demostraron, además, tampoco acreditaron haber liquidado el documento base de la acción, ni que la ejecutante pretende volver a cobrar la suerte principal, conforme a los artículos 1194, 1195, 1196 y 1197 del Código de Comercio, porque las pruebas ofrecidas no acreditan la pretensión. - Tampoco quedaron demostrados los depósitos opuestos, con el pagaré exhibido, porque de su literalidad no se advierte que los codemandados realizaran los pagos de las mensualidades a que se obligaron, en alguna cuenta bancaria como afirma la actora. - La prueba instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, la confesional y la documental pública consistente en un legajo de copias fotostáticas certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria presentadas, tampoco demuestran los pagos ni las fechas de su aparente realización, porque la dación en pago debe constar en documental pública. Como se ve, la autoridad responsable fundó y motivó el acto reclamado porque expresó los principios jurídicos que determinaron su fallo, así como las consecuencias jurídicas que impuso. Aunado a que el juzgador responsable expresó las razones por las cuales consideró que los hechos en que basó su proceder se encuentran probados, además de ser precisamente los aplicables, aunado a que valoró las pruebas ofrecidas y admitidas, frente a las excepciones y defensas opuestas, sobre las cuales indicó los argumentos por los que, en su concepto, debían desestimarse las primeras para declarar infundadas e improcedentes las segundas. Tal ejercicio judicial proporcionó al justiciable la posibilidad de argumentar en contrario, oponer planteamientos de defensa y desarrollarla; además de alegar sobre la valoración de las pruebas, tanto en su dimensión individual como en conjunto, porque el juzgador expresó el proceso de análisis y adminiculación al inicio del estudio correspondiente; en ese aspecto es infundado el concepto de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Aunado a que con las consideraciones del acto reclamado se atiende el contenido de las excepciones y defensas opuestas por el inconforme, en los términos que las planteó; máxime que en los conceptos de violación tampoco se aporta argumento para valorarlas de forma diversa a la apreciada por el juzgador responsable. Asimismo, es correcto que el acto reclamado tome como punto de partida la sentencia definitiva del proceso, y como base una condena establecida en cantidad líquida, para cuantificar una obligación que no fue determinada. Efectivamente, al resolver la contradicción de tesis 39/2008- PS, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que cuando un juicio versa sobre un derecho de crédito, la resolución que lo declara acreditado constituye una condena a cargo del sujeto pasivo de dicha relación jurídica, que en principio debe traducirse en una obligación de pagar una suma determinada de dinero, en obediencia al principio de justa composición de la litis, pues de lo contrario resulta imposible su ejecución. También razonó que en ocasiones no es posible o conveniente que en la sentencia definitiva se establezca la condena líquida necesaria para hacer efectivo el derecho sustantivo de crédito sobre el que versa, ya sea por la misma naturaleza del crédito, o por perseguirse un principio de economía procesal, o porque en la litis principal no se planteó expresamente la cuantificación del crédito, de manera que una sentencia líquida sería incongruente. En estos casos, sin embargo, la condena ilíquida necesariamente va aparejada del posterior procedimiento necesario para su liquidación, pues de lo contrario, se tendría una simple declaración de la existencia de un derecho, que resultaría inherte al no poder hacerse efectivo lo que es materia de sentencia. Al amparo de tales postulados, debe considerarse que los procedimientos de liquidación de lo sentenciado son ajenos al juicio principal, porque su tramitación se lleva a cabo fuera de juicio y con total independencia de la cosa juzgada alcanzada en la sentencia definitiva Sin embargo, aun cuando al margen de lo sentenciado tales incidentes son accesorios al juicio principal, porque su tramitación obedece a la necesidad de que el derecho cuya existencia es cierta e incontrovertible por la cosa juzgada contenida en la sentencia definitiva, pueda hacerse valer mediante su liquidación, para que la litis principal quede satisfecha completamente; el incidente de liquidación debe considerarse como una extensión del juicio principal, formalmente ajeno al mismo, pero materialmente accesorio, pues su objeto consiste en dilucidar un aspecto esencial de la litis principal, en ese aspecto, ambos fallos resuelven dos cuestiones de la misma pretensión jurídica, porque una complementa lo que la otra reconoció, como presupuestos necesarios de su existencia. La sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, en tanto que resuelve un aspecto de la misma litis principal, del que materialmente forma parte integrante, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso (principal) ha terminado, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios; esto es, al ser el incidente de liquidación una extensión del juicio principal de cuya resolución depende la justa composición de la litis, sólo lo que se resuelva en la sentencia puede ser objeto de ejecución, claro, en la vía incidental. Por tal causa, si es incontrovertible que la sentencia definitiva que condenó al pago de intereses hasta la total satisfacción de las obligaciones, y a la fecha éstas siguen sin remitirse, es claro que el vencedor del proceso tiene constituido un derecho de cobro, conforme al propio parámetro del fallo definitivo. Por tal causa, es que la acción incidental sí es posible fundarla en la sentencia definitiva, como se sostiene en el acto reclamado; máxime si las pruebas ofrecidas no alcanzan a demostrar el cumplimiento a las obligaciones sentenciadas, o bien, la remisión parcial de las condenas pendientes de liquidar. Razonamiento de modo alguno vulnera el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia definitiva, la quejosa contaba con los elementos suficientes para identificar que las consideraciones rectoras de tal fallo constituían cosa juzgada. Es decir, desde ese momento sabía que de no satisfacer la obligación sentenciada, en su ejecución se podría instar un procedimiento que se lo demandaría; en ese sentido, es infundado el concepto de violación Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo,no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Importa subrayar que la admisión de las pruebas en un proceso, aun cuando fuera corroborado en grado de apelación, por si sólo ese hecho no tiene el efecto de generar convicción en el juzgador, ni de resolver conforme a las pretensiones del oferente. Lo anterior, puesto que el valor probatorio, alcance demostrativo y grado de convencimiento de las pruebas, se sujeta a un ejercicio judicial para fundar convicción en el juzgador. La apreciación de las pruebas se sujeta a las reglas procesales del derecho común para su valoración, subordinado a la lógica, a fin de evitar incongruencias y apreciaciones incorrectas, para que el acto volitivo no resulte contrario a las garantías individuales de las partes. Además, es necesario destacar que de forma alguna, los conceptos de violación sugieren que la parte quejosa esté inconforme con las operaciones empleadas por la autoridad responsable, sino que plantean una objeción genérica, que tampoco desestima la valoración de las pruebas; por lo cual es infundado el concepto de violación, donde se alega una apreciación discrecional. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, no se aborda el estudio de los alegatos formulados en trámite del juicio, porque no forman parte de la litis constitucional; conforme a la tesis P./J. 27/94, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la ley reglamentaria del juicio de amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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