María del Rocío Gore Montalvan
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María del Rocío Gore Montalvan
Actuaciones
- Principal
El siguiente acuerdo se notifica por lista: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio que signa la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, atento a su contenido téngasele remitida la misiva que signa el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la misma ciudad y anexos, los que registró con el folio 14330, y provéase lo que en derecho corresponda. Acuse recibo. Ahora bien, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copias certificadas del testimonio de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión Administrativo 177/2023; así como los autos originales del juicio de amparo 530/2021-V, con un tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de autos se advierte que en sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, en el juicio de amparo en que se actúa, misma que se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la quejosa Ma. Guadalupe Urrutia Martínez, en contra de la autoridad señalada como responsable y por el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de la presente sentencia, atento a las razones y fundamentos expuestos en el diverso punto octavo, y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena devolver electrónicamente al Juzgado de origen el presente asunto, tal como se determinó en el considerando décimo segundo de esta sentencia." De igual manera se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, remitió copia certificada de la sentencia dictada en amparo en revisión 540/2023, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, que deriva del diverso amparo en revisión administrativo 177/2023, del índice de la primera de las mencionadas, mismo que resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Guadalupe Urrutia Martínez, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable señalados en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, y para los efectos indicados en el diverso noveno de dicho fallo." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Honorable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado federal sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este juzgado federal, para el efecto siguiente: "1. Que el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, deje insubsistente la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo 244/2019; y, 2. Con base en las consideraciones establecidas en párrafos precedentes, dicte una nueva resolución en donde determine que no se actualiza, en las circunstancias del caso, la causa de responsabilidad administrativa prevista en 112, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el diverso 7, fracción I, de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, atribuida a la quejosa Ma. Guadalupe Urrutia Martínez, en su actuar como Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Guerrero, y por ende, decrete su absolución." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sin que haya lugar a requerir a Superior Jerárquico alguno, para que la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, de cumplimiento al fallo protector, toda vez que éste, al haber actuado como órgano jurisdiccional, no cuenta con Superior Jerárquico, para efectos del cumplimiento de ejecutorias de Amparo. Es aplicable al caso por analogía la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, Décima Época, Tesis: I.3o.C. J/8 (10a.) Materia Común, de rubro y texto que se transcribe: "******" Por último, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto y tomando en consideración que cumplió su objeto principal; es decir, suplió al principal durante la secuela hasta en tanto, se dictó la sentencia y ejecutoria correspondiente; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el cuaderno al archivo, mismo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que hayan transcurrido seis meses, de haberse dictado el proveído que decretó su archivo como asunto concluido, en términos del artículo 20, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio electrónico de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional insiste en que el conocimiento del juicio de amparo 806/2023, de su estadística, corresponde conocer a este Juzgado Séptimo de Distrito, razón por la que hace del conocimiento que planteó el conflicto competencial y ordenó enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que sea éste quien determine la competencia y conocimiento del asunto; de ello, se toma nota, quedando a la espera de lo que la superioridad resuelva al respecto.
- Principal
fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora, previo a determinar lo conducente, es preciso destacar que, el Juez declinante remitió a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, Guerrero, la demanda de amparo que dio origen a su juicio de amparo 806/2023, en razón de que, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda instada por María del Rocío Gore Montalván, a través de su apoderado legal de Carlos César Berrut Bustos, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad a la que la parte quejosa le reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECAMADO: La inactividad procesal en que se encuentra el juicio laboral entablado por MARÍA DEL ROCÍO GORE MONTALVÁN en contra de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, expediente 636/2011, del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO quien no dicta medidas-legales y efectivas para el cabal cumplimiento del laudo definitivo, mismo que se encuentra en la etapa de ejecución." [Énfasis añadida] Es así, el Juez declinante consideró que la competencia legal para conocer de dicho asunto, lo es, un Juez residente en Chilpancingo de los Bravo, Guerreo, dado que según su apreciación el acto reclamado se trata de un acto omisivo con consecuencias materiales que ocurren en esta ciudad capital, dado que es en esta ciudad, donde radica el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, autoridad señalada como responsable, y donde se trata de ejecutar el laudo. Sin embargo, del análisis practicado a la demanda de amparo de referencia, este Juzgado no comparte el criterio del juzgador declinante, motivo por el cual, se determina no aceptar la competencia planteada por ese órgano de control constitucional. Primeramente, del estudio íntegro de la demanda de amparo, es factible para este órgano de control constitucional, determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, de la lectura del libelo constitucional se aprecia que la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, una dilación procesal en un juicio laboral, al omitir el tribunal obrero, dictar medidas en caminadas a lograr el cumplimiento del laudo ejecutoriado. Entonces, se pone en evidencia la conducta omisiva que, de manera destacada, se imputa al Tribunal laboral responsable, no requiere ejecución material, ya que se trata de un no hacer o una omisión en el juicio laboral. Aunado a lo anterior, se debe de tener presente que la ejecución de un laudo en materia laboral se surte a instancia de parte, es decir, previo impulso procesal de la parte que resultó vencedora en el juicio, de ahí, que si la parte quejosa -obrera- reclama en esta instancia biinstancial la dilación procesal del tribunal obrero, al no dictar las medidas legales que concluyan con el cumplimiento del laudo ejecutoriado, no es posible inferir que se trata de un acto omisivo con efectos materiales o positivos. No pasa inadvertido para este Juzgado, que el Juez declinante sustenta su actuar en los criterios de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO." Y "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICICONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)"; dado que los supuestos precisos que sostienen dichos criterios, en efecto conllevan actos de ejecución material, como lo es en el primer caso, la diligencia de emplazamiento a juicio y en el segundo supuesto el dictado de una sentencia definitiva en un procedimiento penal en el que además el imputado guarda prisión preventiva; sin embargo, a consideración de este Juzgado, dichos criterios no resultan aplicables al caso concreto en el que se reitera el acto reclamado es una dilación procesal u omisión del tribunal obrero, en dictar medidas para lograr el cumplimiento de un laudo, es decir, el juicio natural se ubica fuera de procedimiento o en etapa de ejecución, la que como se adelantó también es de impulso procesal a cargo de la parte que resultó vencedora en el proceso. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Distrito considera que, contrario a lo argumentado por el órgano declinante, en el caso, es incompetente legalmente para conocer del juicio de amparo, dado que el acto destacado es la omisión del Tribunal laboral, en dictar los mediadas o requerimientos para lograr el cumplimiento o pago del laudo ejecutoriado; conducta omisiva y por ende, no conlleva una ejecución material en esta ciudad, y es competencia del Juez que previno en el asunto. Es preciso reiterar que, la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [. . .] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [. . .]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1- Con independencia del lugar de residencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un juez de distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (actos que requieren de ejecución). 2- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3- Cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Evidentemente las reglas antes descritas, obedecen a la naturaleza o efectos de la ejecución del acto reclamado que deben tomarse en consideración para determinar la competencia. Sin embargo, como se ha visto, del estudio integral de la demanda, se advierte que en el mencionado acto se traduce en una omisión del tribunal obrero, que no conlleva una ejecución material; por ende, no produce efectos materiales, como tampoco lleva implícito un principio de ejecución, en tanto que sus consecuencias no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal; de ahí que el citado acto controvertido no contiene un principio la ejecución que trascienda, pues se trata, se insiste, de un acto omisivo. Máxime, que del citado artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que resulta competente para conocer de la demanda de mérito el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, por ser ante quien se presentó el escrito relativo; lo anterior, conforme a lo dispuesto por el referido Acuerdo General 03/2013. Apoya esta conclusión, el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos, Décima Época, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2006529, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Igualmente apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 700, Décima Época, con registro digital 2021783, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." De igual manera y por analogía se aplica el criterio jurisprudencial PC.XXI. J/2 L (11a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2406, de la Undécima Época, con registro digital 2023679, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUECES DE DISTRITO. LAS OMISIONES O ABSTENCIONES EN EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA LABORAL NO CONLLEVAN UNA EJECUCIÓN MATERIAL PARA EFECTOS DE SU FIJACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de los contendientes la omisión en el dictado del laudo implica una ejecución material; para el otro, la omisión de acordar la solicitud de señalar fecha para la reinstalación y el dictado del auto admisorio de pruebas, son actos que carecen de ejecución material. Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Primer Circuito establece que los actos o abstenciones de las autoridades responsables dentro de los procedimientos laborales no conllevan una ejecución material para efectos de definir la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque las sentencias objeto de contradicción se relacionan con la omisión o abstención de emitir resoluciones, esto es, con la inactividad procesal en que las responsables han incurrido en el trámite de los asuntos de su conocimiento, cuyos efectos no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien, se concretan, simplemente, a una lesión adjetiva por la inobservancia de los plazos previstos en la norma aplicable que les rige en su quehacer jurisdiccional, sin que sea dable llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión en el dictado de las resoluciones (como fijar la fecha para la reinstalación, emitir el auto admisorio de pruebas y el laudo), sino a las posibilidades futuras que deriven de su eventual emisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado." En mérito de lo anterior, al considerarse que la competencia para conocer y resolver este juicio constitucional radica en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, que es el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero; este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero, no acepta la competencia para conocer del referido juicio constitucional y previa formación de un cuaderno de antecedentes, devuélvanse los autos al juez declinante; solicitando acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa en el escrito de demanda. En ese mismo sentido, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde este momento se le autoriza consultar el expediente electrónico que corresponde al presente sumario; así como recibir citas y notificaciones, ello, a través de los usuarios ********************", "********************" y "********************", corresponden a ********************; y que fueron verificados en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL "A" ENCARGADO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE2.0], A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción que realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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