María del Rocío Gore Montalván

Expediente 562/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
562/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • María del Rocío Gore Montalván

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que no insiste en declinar la competencia del juicio de amparo *********; por tanto, glósese a los autos del juicio amparo *********, para que obre como corresponda. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero; mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo ***********, de su índice, promovido por ***********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, debido a que estima que este juzgado federal es el legalmente competente para conocer del mismo. Regístrese bajo el número ***********; que le corresponde y fórmese expediente. Ahora, el juez declinante considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda toda vez que el conocimiento del asunto al juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, o se haya ejecutado el acto reclamado, por lo que estima que en razón de que la diligencia cuyo señalamiento lejano se controvierte habrá de ejecutarse en esta ciudad capital, resulta competente este órgano jurisdiccional. Sin embargo, no se comparte el criterio del juez declinante, dado que del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional que remitió (***********, de su índice), se aprecia que la quejosa ***********, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral ***********, en el que señaló las trece horas del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, para desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, lo cual considera es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se traduce en la falta de justicia pronta y expedita en el juicio laboral de origen. Además, el juez declinante, fundamenta su determinación en base a lo dispuesto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que el acto que se reclama no requiera ejecución material, para que el juzgador ante quien se presente la demanda de amparo sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. En ese contexto, la suscrita advierte que en el caso se surte el supuesto señalado en tercer punto señalado con antelación, dado que se insiste el acto reclamado por la quejosa consiste en el señalamiento lejano del desahogo de la prueba testimonial (trece horas del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis) ofrecida por la demandada en el juicio laboral de origen; por lo que, se estima que dicho acto no tiene ejecución, pues si bien es cierto, la prueba testimonial se llevará a cabo en esta ciudad capital, lo cierto es que la quejosa de mérito no reclama el desahogo de la testimonial, pues impugna la falta de justicia pronta y expedita en el juicio laboral de origen, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se sostiene, dado que la quejosa en su apartado de antecedentes, en específico en los puntos marcados con los número tres (3) y cuatro (4), lo siguiente (énfasis añadido): ".3.- En dicho acuerdo, fueron admitidas, entre otras cosas pruebas, los testimonios con cargo a los CC. *********** Y *********** y ofrecidos por la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, empero, desde el seis de marzo de dos mil quince, no han sido desahogadas. 4.- Por auto del uno de marzo de este año, la Autoridad responsable señaló LAS TRECE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de dicha testimonial, es decir, hasta dentro de cinco meses." Tiene aplicación al caso concreto por identidad jurídica, la tesis II.2o.P.17 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Libro 27, febrero de 2016, Tomo III, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto (énfasis añadido): "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Con el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. De esta forma, los efectos producidos por la decisión reclamada que confirmó aquella que declaró improcedente el incidente no especificado -en el cual se pretendía el análisis de violaciones procesales cometidas en la averiguación previa, lo arbitrario de la detención, las omisiones en las formalidades esenciales del procedimiento, el quebranto al principio de presunción de inocencia, la existencia de tortura y la inexacta valoración de las pruebas-, no se traducen en una ejecución material, ya que ninguna consecuencia inmediata y directa producen en el derecho sustantivo alegado, en el caso, la libertad, debido a que la privación de ésta, no es resultado de esa determinación, sino de la sentencia condenatoria que existe en su contra. Luego, si la finalidad del incidente no especificado de donde emana el acto reclamado, tenía como objetivo que se analizaran aspectos propios del proceso penal, que ya es cosa juzgada, es dable determinar que éste sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con la libertad del quejoso. Lo anterior es así, pues de acuerdo con el marco normativo dentro del cual se pretende la procedencia de un incidente no especificado para replantear una causa penal de fondo y que es cosa juzgada, la determinación de improcedencia no acarrea ningún tipo de ejecución material, pues no se trata del trámite de algún beneficio que incida directamente en la libertad; por tanto, no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, dado que su impacto es meramente declarativo, ya que únicamente determinó si, en su caso, fue correcta la decisión del juzgador de declarar improcedente el incidente no especificado de su índice. En consecuencia, aquél no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por tanto, con fundamento en los artículos 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito, no acepta la competencia planteada por el juzgado declinante para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena devolver el juicio de amparo ***********, del índice del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar, quien resulta ser el competente para seguir conociendo del asunto. Solicitándole el acuse de recibo, en el que se informe el sentido que recaiga a este acuerdo. Fórmese cuadernillo de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar.

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