María del Rocio García Hernández

Expediente 520/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
520/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Ezequiel Vázquez Santiago
  • María del Rocio García Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DEPURABLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE EL ESCRITO DE AGRAVIOS Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCION DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 826/2017-2." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE RECURRENTE, POR PROVEIDO DE VEINTISEIS DE ABRIL DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIN QUE SE HAYA RECIBIDO PROMOCIÓN ALGUNA DE SU PARTE. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. FINALMENTE, DEVUELVASE EL PRESENTE ASUNTO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ANIBAL LAFRAGUA CONTRERAS, PARA QUE FORMULE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  4. Amparo en revisión

    V I S T O el proyecto de resolución propuesto por el suscrito, en sesión de veinticinco de abril del año que transcurre, en el cual se determina revocar la sentencia recurrida dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 826/2017-2, y sobreseer en el mismo, promovido por María del Rocío Martínez Hernández, por propio derecho, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, al estimarse, esencialmente lo siguiente: "Pues bien, tales medios de convicción resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente el interés jurídico de la quejosa para la procedencia del juicio constitucional, pues, con ellos, no se puede determinar que adquirió, a título de propietaria, el inmueble que defiende. Lo anterior bajo el entendido que de que la Justicia Federal no puede hacer declaración definitiva en cuanto a los derechos de propiedad, sino cuando ya esos derechos han sido objeto de decisión por las autoridades del orden común, que a su vez es reclamada en amparo; pero como en el caso, cuando un tercero extraño, reclama la afectación de sus derechos de propiedad, protegidos por el artículo 14 Constitucional, como es el embargo de sus bienes, en un juicio ejecutivo, cuyas consecuencias son el remate y la adjudicación de dichos bienes, sí pueden los tribunales federales definir la existencia o inexistencia de los derechos de propiedad lesionados, empero, sólo para los efectos del amparo y sin que ello implique una decisión de carácter absoluto de tales derechos, que pueden ser objeto de la controversia ante la potestad común. En ese tenor, el contrato de compraventa de fecha el cinco de junio de dos mil uno, principal sustento probatorio del interés jurídico carece de firma del vendedor, como se puede advertir de la siguiente reproducción: (Se reproduce imagen). En ese sentido, si en el contrato traslativo presentado al juicio de amparo para acreditar el citado interés jurídico no aparece la firma del vendedor, entones faltó su consentimiento y por ende, no acredita que haya transmitido la propiedad a la quejosa, por más que ella y los testigos lo firmaran. Incluso aun cuando la quejosa acreditó con la copia certificada del acta de defunción que obra en el juicio natural, el deceso de quien se dice fungió como su vendedor, con lo que alega tal documento adquirió fecha cierta, lo relevante es que ello no podría operar precisamente por la ausencia de la firma como signo necesario de la expresión de la voluntad de las partes del contrato de referencia, en el caso, del vendedor demandado en el juicio natural. Además, esa ausencia de voluntad no puede subsanarse con pruebas indirectas al tratarse de un contrato escrito con el que la impetrante y recurrente sustenta su acción, necesariamente se requiere que esté firmado o se ratifique por quien suscribió para acreditar el consentimiento. Por otro lado, la póliza de garantía sobre el citado inmueble es de contenido siguiente: (Se reproduce imagen). Al tenor de tal documento, es posible advertir que no se trata de un acto traslativo de dominio, pues si bien se suscribe por Ernesto Morales Venegas como "vendedor" y María del Rocío Martínez Hernández como "comprador", y se refiere a la inmueble materia de controversia, lo cierto es que no es el contrato en sí, y la sola cita de dicho carácter, no acredita fehacientemente que la quejosa hubiera adquirido el inmueble ahí citado, a través de la compraventa. Ello, es así, pues es inconcuso que la sola referencia en tales documentos de que la amparista firmaba en su calidad de "propietario", no acredita que en realidad tenga el título en el cual sustenta dicha posesión; habida cuenta que de su contenido no se revela, de manera fehaciente y sin lugar a dudas, el acto jurídico de la compraventa que dice le otorgó tal detención del inmueble en comento. Por otro lado, en lo que se refiere al resto de las documentales únicamente se acredita que la impetrante, ahora recurrente, manifestó de manera unilateral, ante las instituciones públicas encargadas de su expedición, que su domicilio es el ubicado en el inmueble que defiende a través de la instancia constitucional, además de contenerse en los mismos, la cantidad a liquidar por valor catastral y por el servicio de suministro de agua potable y luz; mientras que los recibos de pago, sólo aluden a montos que recibió diversa persona a quien se cita como vendedor, y los pagarés no aluden textualmente a su origen. De ahí que ninguno de tales medios de prueba, resulten aptos para acreditar la titularidad del derecho que la quejosa, ahora recurrente, pretende le sea protegido. De ese modo, es inconcuso que la quejosa no acreditó de manera fehaciente su interés jurídico para la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales, el cual se debe probar en forma plena y no inferirse con base en indicios. .". Luego, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, aquí recurrente, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse al suscrito los presentes autos, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Consideración que tiene apoyo, en la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el registro 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN...

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