María del Rocío Gámiz Nájera
Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- María del Rocío Gámiz Nájera
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos y certificación de cuenta, se advierte que se exhibió el billete de depósito N 919862 del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida a la parte quejosa; en ese orden, no se hace necesario seguir conservando dicha garantía toda vez que mediante proveído de uno de febrero del año en curso, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio. En esas condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, computado de manera legal, acuda ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido billete. Apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado y de no acudir dentro del término de dos años contados a partir de que quede debidamente notificada del presente auto, se procederá de conformidad con el numeral 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación y se hará efectivo a favor del fisco Federal. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito, para que proceda a realizar dicha notificación, incluso en días y horas inhábiles en caso de ser necesario. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por ***, relativo a la causa penal *** del índice del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial y copia certificada constante de siete fojas de la citada causa; lo anterior, en virtud de haberse decretado la separación de autos en el juicio de amparo *** de su índice. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo. Regístrese el juicio en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 182/2023. Expuesto lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. De la lectura de la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, se advierte su notoria improcedencia. Para evidenciar tal motivo de inejercitabilidad, es menester precisar que la quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación, derivado de la causa penal ***. De la imposición de las copias certificadas de las constancias de tal causa penal, las cuales tienen valor en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se obtiene lo siguiente: El veintiséis de abril de dos mil veintidós, se resolvió la solicitud de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado, en la que solicitó la formulación de imputación a la quejosa, por el hecho que la ley considera como delito consistente en el fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 210, en relación con el 212, fracción III, del Código Penal en vigor en este Distrito Judicial, en agravio de ***, para lo cual señaló las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós. El juzgador responsable ordenó la citación de la quejosa, a fin de que compareciera el día y hora indicado. Posteriormente, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la imposibilidad de notificar a la hoy quejosa, se dio vista al agente del Ministerio Público para que proporcionara el domicilio en donde pudiera ser emplazada la hoy quejosa ***. El auto anterior, es el último que obra en la causa penal de origen. Pues bien, precisado lo anterior, respecto de tal acto reclamado, se concreta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la propia Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Por otra parte, e cardinal 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario". En interpretación de esta prevención legal la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), impresa en la página 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1ª/J. 93/2013 (10ª.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1ª./J. 93/2013 (10ª.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estado de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Este criterio, obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, determina que la citación para asistir a la audiencia inicial por sí sola no afecta la libertad personal del requerido, pues se trata de una simple comunicación del Juez a petición del órgano técnico, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de la audiencia en donde se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación correspondiente, en donde podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sujeto a medidas cautelares; por lo que ese acto de comunicación per se no incide en la libertad personal de la ahora justiciable. De manera que contra la citación a la audiencia de formulación de imputación en la causa penal en análisis, es improcedente el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto judicial realizado fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la peticionaria de derechos fundamentales ***, conforme al numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia analizada y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede desechar el presente juicio de derechos fundamentales, lo que se hace extensivo al acto de ejecución al no haber sido reclamado por vicios propios. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, toda vez que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho de los Juzgados de Distrito. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las demás partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para continuar con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales" Notifíquese personalmente.
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