María del Rocío Flores Velazquez

Expediente 677/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
677/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • María del Rocío Flores Velazquez
  • Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por medio del cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo 3217/2016, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, asimismo, informa que se admitió el impedimento planteado, mismo que fue registrado bajo el número 18/2018; en consecuencia, con fundamento en los artículos 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la suscriptora del oficio de mérito, informando lo antes expuesto.

  2. Principal

    se ordena dar vista a la parte quejosa con copia de las constancias remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Vistos los escritos suscrito por terceros perjudicados , mediante los cuales se apersonan al presente expediente; por consiguiente, téngase por apersonados al presente asunto de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; como autorizados de los terceros interesados a Antonio Ruiz Ramos, Baudelio Ruelas García y Jorge Zamudio Zatarain, con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa; asimismo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que exhiben, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, las cuales serán valoradas en el momento procesal oporturno. Ahora bien, de acuerdo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de los terceros interesados de referencia, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Ruiz Ramos, Baudelio Ruelas García y Jorge Zamudio Zatarain, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse al tercero interesado Rafael Plascencia Palomera las copias que solicita, previa toma de recibo y razón que para ello otorgue en autos. Asimismo se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente del juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, que dice: La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Por así solicitarlo los terceros interesados, téngase como domicilio para recibir las notificaciones, los estrados del juzgado. En otro orden de ideas, agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda, los oficios que suscribe el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco y la Directora General Jurídica de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con los artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dichas autoridades rindiendo sus informes justificados y como sus delegados a las personas que indican y como domicilio el que indica la autoridad que así lo hace, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo en cuanto a que solicita autorización para efecto de utilizar aparatos como lo son cámaras, escáner o lectores ópticos; al respecto, se provee: se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente del juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, que dice: La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Por otra parte, no ha lugar a notificarle el contenido del presente acuerdo, en su residencia oficial por oficio, toda vez que este auto se considera de mero trámite y no resulta de mayor trascendencia, por lo tanto, se ordena notificar éste, por medio de lista, así como los diferimientos que hubieren que en su caso se determine y no por oficio. Cobra aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En otro contexto, visto el telegrama que envía el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, solicita copia de demanda de amparo, para estar en aptitud de emitir su informe justificado; por consiguiente, hágase de su conocimiento que el escrito inicial de demanda le fue remitido a través del diverso oficio 10509/2018 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no obstante lo anterior, se ordena remitirle copia de la demanda para los efectos legales procedentes. En razón de lo anterior, conforme a lo dispuesto por los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación dentro del término de quince días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se refiere el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendir su informe justificado, en la sentencia que en el asunto se dicte se tomará en cuenta tal omisión, sancionable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, en el entendido que de no rendirse éste, de no acompañar las copias, o que éstas se encuentren ilegibles, total o parcialmente; se les impondrá una multa a cada omisa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase del conocimiento de la responsable que se encuentran señaladas las diez horas con seis minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Por su parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita Aurelio Bravo Sánchez, autorizado de la parte quejosa, en su ocurso de cuenta, previa toma de recibo y razón que para ello otorgue en autos.

  4. Principal

    Este órgano de control constitucional, declara por cumplida la ejecutoria de amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno, este expediente es susceptible de depuración, se considera no relevante.

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