María del Rocío Chávez Morales
Expediente 1396/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1396/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- María del Rocío Chávez Morales
- María del Rocío Chávez Morales y Otros.
- J. G. S. y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla ocho de febrero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto del diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Razón Actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para notificar personalmente el auto del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto por los motivos que expone en la misma. Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista de acuerdos que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional el citado auto del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la determinación del diez de diciembre de dicha anualidad y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto, dicha parte realice designación de domicilio para oír y recibir notificaciones. Encuentra apoyo lo anterior, por analogía, en la jurisprudencia número 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, página 238, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese; y por lista a la parte quejosa las determinaciones que se mencionas en este proveído. EN CUMPLIMIENTO A LO EXPUSTO: "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Visto el oficio y anexos remitidos por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y en Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número de expediente 1396/2021-VIII; asimismo, notifíquese la presente determinación al juzgado de Distrito oficiante. Asimismo, solicítese de la manera más atenta al Juzgado de Distrito en comento que de no tener algún inconveniente legal dentro del plazo de tres días a partir de la notificación de este acuerdo, informe si en las constancias que obran en el juicio de amparo 1340/2021-II de su índice, se anexó el escrito original del certificado médico del menor A.G.C. de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, y de ser el caso, tenga a bien remitir dicha documental, pues del oficio que se recibe únicamente se acompañó copia simple; lo anterior para los efectos legales conducentes. Ahora, de la demanda de amparo promovida por María del Roció Chávez Morales, en representación de sus menores hijos J.G.C. y se advierte que la parte quejosa señala -en esencia- la negativa u omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores de edad J.G.C. y A.G.C, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. La parte quejosa también solicita la suspensión de plano debido a que considera que el acto reclamado pone en peligro el derecho a la salud y, en consecuencia, a la vida de los menores; de ahí que argumente que la medida cautelar debe ser decretada de plano. En ese sentido, es menester precisar que en el caso concreto no se sujeta a ninguna de las hipótesis para que opere la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Para robustecer esa aseveración, resulta conveniente traer a colación lo definido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 25/2021: "(.) De lo anterior se desprende, que la suspensión de plano únicamente se concederá de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrario a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, como se adelantó, no se actualiza ninguna de dichas hipótesis, pues la omisión inmediata de aplicación de la vacuna que pretende el quejoso no trae como consecuencia el peligro de que se le prive de la vida al quejoso ya que eventualmente lo que podría afectarse es su estado de salud, sin que ello implique que al subsistir el acto se le prive de la vida. Además el hecho de que el quejoso contraiga el virus SARSCoV-2 y por ello se enferme de COVID-19 es un hecho de realización incierta, pues puede o no contagiarse, lo cual dependerá los cuidados que él mismo tenga para cuidar de su propia persona e, incluso, contagiándose de dicho virus, puede o no presentar síntomas leves, graves o ser asintomático. Luego, si bien es verdad que la no protección a la salud tiene muchas veces como consecuencia que se ponga en peligro la vida de las personas, en este caso, conforme a lo antes señalado no se advierte que así ocurra, dado que se trata de una situación hipotética, pues, parte de la base de que si se contagia del virus COVID-19 podría perder la vida, sin que exista certeza clara de que, efectivamente, se contagiará, ni mucho menos que, si esa situación se actualiza, necesariamente, morirá; cuestión, que hace que su manifestación resulte jurídicamente ineficaz para demostrar la procedencia de la suspensión de plano. De ahí que no pueda considerarse que la no aplicación de la vacuna contra dicha enfermedad por sí mismo ponga en peligro su vida, como lo pretende hacer ver el quejoso. Además, es de destacar que el hecho de que se le aplique, o no, la aludida vacuna no necesariamente impide que el quejoso se contagie del virus, pues, si bien su aplicación reduce la posibilidad de que ello acontezca, lo cierto es que no se puede afirmar que, a partir de ella, la inconforme será inmune a aquél. En ese sentido, al no actualizarse las hipótesis previstas para que opere la suspensión de plano, en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá abrir el incidente de suspensión respectivo, en términos del artículo 128 de la propia ley, tramitar el incidente y, resolver lo que en derecho proceda, en relación con la suspensión definitiva. (.)" Bajo ese contexto, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la ejecutoria de mérito, la negativa u omisión de aplicarles a los menores la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 no supone, en sí mismo, que se ponga en riesgo su vida. Se afirma lo anterior, ya que un eventual contagio del virus SARS-CoV-2 y que desarrollen la enfermedad COVID-19 constituye un hecho de realización incierta, aunado a que no existe en la demanda de amparo ninguna manifestación en el sentido de que los menores quejosos tengan algún padecimiento grave o que su salud se encuentre aminorada por alguna enfermedad subyacente, vulnerabilidades o comorbilidades; máxime que en la demanda de amparo se precisó ".además de que gozan de un estado de salud de excelencia, sin enfermedad o comorbilidad alguna...."; situación que se robustece con los certificados médicos que anexó de los cuales se desprenden que los menores gozan de buena salud. Consecuentemente, dadas esas razones no es posible considerar que en el asunto se esté frente a un acto reclamado que amerite analizarse al tenor del artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis ahí contenidas. Por ende, el presente caso no amerita el tratamiento de asunto urgente en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo. Admisión de la demanda de amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo; de la que se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. María del Roció Chávez Morales, en representación de sus menores hijos J.G.C. y A.G.C. . Tercero interesado. No existe. Autoridad responsable: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Acto reclamado. La parte quejosa reclama -en esencia- la negativa u omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS CoV-2 a los menores J.G.C. y A.G.C., como consecuencia de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quiénes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrán rendir su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberá rendir su respectivo informe justificado, en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo y precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se le notifique la apertura del incidente de suspensión. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las catorce horas del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Incidente de suspensión. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. Intervención del Ministerio Público adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que anexa a su demanda de amparo, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Cotejo de documentos. En términos de los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2º, se ordena a la Secretaría proceda a efectuar el cotejo y compulsa de los documentos que exhibió la parte quejosa junto con su escrito de demanda de amparo, y que tienen el carácter de original y copias certificadas, a fin de que obren como corresponda en los cuadernos incidentales. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en el ocurso de cuenta. Autorizados. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yuri Vargas Martínez, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, registrada que sea la cédula profesional en el sistema antes mencionado a favor de las demás personas que menciona en su escrito de cuenta se les tendrá por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se le tiene por señalado la cuenta de correo electrónico, a través de la cual se podrá establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio y correo electrónico a las autoridades responsables foráneas, vía mensajería acelerada ESTAFETA, y por Servicio Postal Mexicano. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de conformidad con el precepto legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo. En torno al tema resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de incluir a los menores J.G.C. y A.G.C., quienes actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. Para entrar en materia, es necesario tener presente que la vacunación se ha vislumbrado en el mundo como una esperanza para mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 y, con ello, disminuir el número de decesos a causa de la COVID-19. Actualmente existen diversas vacunas disponibles que cuentan con autorización para su uso en emergencia por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dentro de la que se encuentra la vacuna Pfizer BioNTech. Para la aplicación de tales vacunas, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha determinado la política nacional rectora de vacunación, la cual se encuentra detallada en el documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. En ese documento se detalló que existen cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades personales; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Asimismo, para la estrategia de contención de defunciones, se propuso una priorización de grupos poblacionales a vacunar basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para tal efecto, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Los resultados actualizados de dicho análisis dieron lugar al establecimiento de los grupos priorizados en el orden de prelación siguiente: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de personas). 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,951 personas) 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años (60,974,539 personas). a. Personas de 40 a 49 años (16,198,907 personas). b. Personas de 30 a 39 años (18,897,970 personas). c. Personas de 18 a 29 años (25, 877,662 personas). 6. Personas de 12 a 17 años que padecen alguna de las comorbilidades o condiciones de vida siguientes: a. Condiciones cardíacas crónicas. b. Enfermedad pulmonar crónica. c. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. d. Enfermedad neurológica crónica. e. Enfermedades endócrinas. f. Inmunosupresión moderada a grave. g. Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas. h. Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas. i. Embarazo adolescente. Bajo estos parámetros, se determinaron las etapas de la estrategia de vacunación, las cuales se ven reflejadas en la siguiente imagen. Es necesario precisar que en la Política Rectora de Vacunación también se establece que, hasta el momento, sólo la vacuna Pfizer BioNTech puede ser utilizada en la población menor de edad, específicamente entre 12 y 17 años; sin embargo, para su vacunación se contempla una priorización de acuerdo con las comorbilidades y condiciones de vida que presenten. Asimismo, en la política de vacunación actual se especifica que, hasta el momento, sólo una vacuna podría ser utilizada en población menor de edad y en un grupo específico de entre doce y diecisiete años, por lo que ninguna de las vacunas disponibles en México podría ser utilizada en personas menores de doce años, de tal manera que aún no se contempla una etapa específica para esa población. Ahora bien, el dieciséis de noviembre del año en curso, las autoridades sanitarias del País informaron que el diecinueve de noviembre se abriría el pre-registro para adolescentes de quince a diecisiete años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Esta información se corrobora a partir de la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx de donde se advierte que efectivamente se encuentra disponible el pre-registro, para que tanto los menores de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós como los menores de quince a diecisiete años con alguna comorbilidad, puedan realizar el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se advierte de la siguiente imagen: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se destaca que ya es una realidad la aplicación de la vacuna autorizada para la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, previo registro en la página de internet habilitada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Incluso, es preciso destacar que el propio Secretario de Salud del Estado informó que del dos al cuatro de diciembre de este año iniciaría la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para quienes tengan quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, tal como se advierte de la logística contenida en el boletín B-317/2021 del uno de diciembre del año en curso, lo cual también se informó en el portal electrónico de esa dependencia pública estatal en los siguientes términos: Aunado a que la Secretaría de Salud del Estado también informó que la jornada de vacunación en la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós ya se está desarrollando, tal como lo revela la siguiente nota informativa del seis de diciembre de este año: En esa tesitura, si se toma en consideración que a la fecha los menores J.G.C. y A.G.C. actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, y no se dio noticia de que padezcan alguna comorbilidad, es claro que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la Política Nacional de Vacunación para el acceso a la vacuna contra la Covid-19. En esas condiciones, este juzgado federal encuentra que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si el reclamo central se hizo consistir en la omisión de incluir a los menores J.G.C. y A.G.C en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México y, actualmente, ya es una realidad la aplicación de la vacuna para el grupo poblacional al que pertenecen los quejosos [quince años cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós o más], entonces es posible concluir que los actos reclamados ya no les causan agravio alguno, pues están en posibilidad de acceder a la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Esta conclusión se robustece a partir del criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 344/2021, en tanto determinó declarar sin materia el recurso dado que se demostró la implementación de medidas tendentes a establecer un plan de vacunación en favor de los menores de dieciocho años, tal como enseguida se advierte: "(.) De lo anterior se colige que, si la causa por la cual la inconforme solicitó la suspensión respecto de los actos reclamados fue la omisión de las autoridades de dictar las medidas preventivas indispensables tendentes a llevar a cabo un esquema de vacunación en favor de los menores de 18 años; con base en la información transcrita se advierte que dichas medidas preventivas ya fueron emitidas y están siendo aplicadas para el sector relativo a menores de quince a diecisiete años de edad sin comorbilidades. En esa virtud, bajo tal premisa de que los efectos para los que se solicitó la suspensión de los referidos actos ya se han concretado, debe concluirse que no hay materia para resolver el presente recurso (.)" En conclusión, respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y en forma personal a la parte quejosa".
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de conformidad con el precepto legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo. En torno al tema resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de incluir a los menores J.G.C. y A.G.C., quienes actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. Para entrar en materia, es necesario tener presente que la vacunación se ha vislumbrado en el mundo como una esperanza para mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 y, con ello, disminuir el número de decesos a causa de la COVID-19. Actualmente existen diversas vacunas disponibles que cuentan con autorización para su uso en emergencia por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dentro de la que se encuentra la vacuna Pfizer BioNTech. Para la aplicación de tales vacunas, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha determinado la política nacional rectora de vacunación, la cual se encuentra detallada en el documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México. En ese documento se detalló que existen cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades personales; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Asimismo, para la estrategia de contención de defunciones, se propuso una priorización de grupos poblacionales a vacunar basados en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por COVID-19. Para tal efecto, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que considera características individuales e indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas. Los resultados actualizados de dicho análisis dieron lugar al establecimiento de los grupos priorizados en el orden de prelación siguiente: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de personas). 2. Personas adultas mayores: a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,951 personas) 4. Personal docente. 5. Población de 18 a 49 años (60,974,539 personas). a. Personas de 40 a 49 años (16,198,907 personas). b. Personas de 30 a 39 años (18,897,970 personas). c. Personas de 18 a 29 años (25, 877,662 personas). 6. Personas de 12 a 17 años que padecen alguna de las comorbilidades o condiciones de vida siguientes: a. Condiciones cardíacas crónicas. b. Enfermedad pulmonar crónica. c. Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo. d. Enfermedad neurológica crónica. e. Enfermedades endócrinas. f. Inmunosupresión moderada a grave. g. Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas. h. Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas. i. Embarazo adolescente. Bajo estos parámetros, se determinaron las etapas de la estrategia de vacunación, las cuales se ven reflejadas en la siguiente imagen. Es necesario precisar que en la Política Rectora de Vacunación también se establece que, hasta el momento, sólo la vacuna Pfizer BioNTech puede ser utilizada en la población menor de edad, específicamente entre 12 y 17 años; sin embargo, para su vacunación se contempla una priorización de acuerdo con las comorbilidades y condiciones de vida que presenten. Asimismo, en la política de vacunación actual se especifica que, hasta el momento, sólo una vacuna podría ser utilizada en población menor de edad y en un grupo específico de entre doce y diecisiete años, por lo que ninguna de las vacunas disponibles en México podría ser utilizada en personas menores de doce años, de tal manera que aún no se contempla una etapa específica para esa población. Ahora bien, el dieciséis de noviembre del año en curso, las autoridades sanitarias del País informaron que el diecinueve de noviembre se abriría el pre-registro para adolescentes de quince a diecisiete años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Esta información se corrobora a partir de la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx de donde se advierte que efectivamente se encuentra disponible el pre-registro, para que tanto los menores de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós como los menores de quince a diecisiete años con alguna comorbilidad, puedan realizar el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se advierte de la siguiente imagen: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se destaca que ya es una realidad la aplicación de la vacuna autorizada para la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, previo registro en la página de internet habilitada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Incluso, es preciso destacar que el propio Secretario de Salud del Estado informó que del dos al cuatro de diciembre de este año iniciaría la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 para quienes tengan quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós, tal como se advierte de la logística contenida en el boletín B-317/2021 del uno de diciembre del año en curso, lo cual también se informó en el portal electrónico de esa dependencia pública estatal en los siguientes términos: Aunado a que la Secretaría de Salud del Estado también informó que la jornada de vacunación en la población de quince años cumplidos al quince de enero del dos mil veintidós ya se está desarrollando, tal como lo revela la siguiente nota informativa del seis de diciembre de este año: En esa tesitura, si se toma en consideración que a la fecha los menores J.G.C. y A.G.C. actualmente tienen quince y diecisiete años, respectivamente, y no se dio noticia de que padezcan alguna comorbilidad, es claro que ya se encuentran dentro del parámetro de edad establecido por la Política Nacional de Vacunación para el acceso a la vacuna contra la Covid-19. En esas condiciones, este juzgado federal encuentra que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si el reclamo central se hizo consistir en la omisión de incluir a los menores J.G.C. y A.G.C en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México y, actualmente, ya es una realidad la aplicación de la vacuna para el grupo poblacional al que pertenecen los quejosos [quince años cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós o más], entonces es posible concluir que los actos reclamados ya no les causan agravio alguno, pues están en posibilidad de acceder a la aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Esta conclusión se robustece a partir del criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 344/2021, en tanto determinó declarar sin materia el recurso dado que se demostró la implementación de medidas tendentes a establecer un plan de vacunación en favor de los menores de dieciocho años, tal como enseguida se advierte: "(.) De lo anterior se colige que, si la causa por la cual la inconforme solicitó la suspensión respecto de los actos reclamados fue la omisión de las autoridades de dictar las medidas preventivas indispensables tendentes a llevar a cabo un esquema de vacunación en favor de los menores de 18 años; con base en la información transcrita se advierte que dichas medidas preventivas ya fueron emitidas y están siendo aplicadas para el sector relativo a menores de quince a diecisiete años de edad sin comorbilidades. En esa virtud, bajo tal premisa de que los efectos para los que se solicitó la suspensión de los referidos actos ya se han concretado, debe concluirse que no hay materia para resolver el presente recurso (.)" En conclusión, respecto de los actos reclamados se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y en forma personal a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para tener verificativo este día; sin embargo, no obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables foráneas, ni las constancias de notificación respectivas, por medio de los cuales se les requirió sus respectivos informes. Atento a lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este juicio de amparo, se señalan para tal efecto las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.
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