María del Rocio Briones Mondragon
Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María del Rocio Briones Mondragon
- Junta Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada de las constancias solicitadas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, los actos reclamados consisten en lo siguiente: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 4A-2924/2015. Por tanto, resulta claro que con el diverso auto emitido por la junta responsable con residencia en esta ciudad, el veintiuno de octubre del año en curso, mediante el cual ordenó el archivo del juicio laboral de origen en virtud del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes el quince de junio de la presente anualidad y ratificado ante notario público, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Constancias de las cuales se anexaron copia debidamente certificada al oficio de cuenta y a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las once horas del tres de diciembre de dos mil veinte señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, del que se advierte que en proveído de veintitrés de octubre del año en curso, se tuvo rindiendo informe justificado al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, de los autos que integran el expediente en que se actúa, se aprecia que en el presente juicio de amparo se reclama lo siguiente: ".Los actos y omisiones, de la responsable, de dicar el laudo definitivo dentro del juicio laboral 4ª 2924/2015, en los términos y plazos establecidos por la Ley federal del Trabajo, como se apreciara de los agravios." Asimismo, de las constancias que remitió la autoridad responsable en las cuales manifiesta que no es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del expediente, 4 A 2924/2015, a la fecha ya no se encuentra pendiente de emitir laudo alguno, ello en virtud de que con fecha veintiuno de octubre del año en curso, se ordenó el archivo de tal expediente como asunto concluido, ello en virtud de que en la vía particular el día quince de junio de dos mil veinte, las partes llegaron a un acuerdo de voluntades que puso fin al juicio, cubriendo parte demandada a la actora una cantidad de dinero que en ese acto recibió; todo ello ante la fe de Notario Público; tal y como se describe en el proveído que anexa al informe justificado. Sin embargo, no anexa el convenio de quince de junio de dos mil veinte y el acuerdo de veintiuno de octubre del presente año, únicamente se encuentra firmado por la Secretaria de acuerdos, careciendo de las firmas del Presidente del Tribunal, represente obrero y representante patronal. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación correspondiente, remita copias certificadas del convenio y acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso. Apercibido que de no cumplir lo anterior o no informar la imposibilidad jurídica, se hará impondrá una multa por $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado que la quejosa promovió la demanda de amparo (catorce de agosto de dos mil veinte), señalando como acto reclamado la omisión de dictar laudo dentro del expediente 4 A 2924/2015, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo haga saber a este juzgado de manera inmediata, apercibida que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Liliana Razón.-
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