Maria del Rocio Bedolla Albarran
Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria del Rocio Bedolla Albarran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
...Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único.- Se concede la suspensión definitiva a la quejosa********************respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, para los efectos, por las razones y fundamentos precisados en dicho considerando de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Agréguense los informes previos que rinden el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Actuaria adscrita a dicha Sala; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que ofrecen en sus informes de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al celebrar la audiencia incidental del juicio en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja ********************, interpuesta por la parte quejosa, contra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés [desechamiento de la demanda], dictado en el presente juicio de amparo. Ahora, y toda vez que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja de referencia; en estricto acatamiento a lo decretado por la superioridad, se provee en los siguientes términos: Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y otras autoridades. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la respectiva autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan, y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. En cuanto a la parte tercera interesada se reserva a acordar lo conducente; sin embargo, con las facultades otorgadas en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, requiérase a la persona Titular de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, proporcione el nombre y domicilio de la contraparte de la parte quejosa dentro del juicio natural de donde emana el acto reclamado, para estar en aptitud de emplazarlo al presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, y 238, primera parte, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado, en términos del artículo 128 de la Ley de la Materia, sin que sea necesaria la formación del duplicado físico, de conformidad con el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este órgano jurisdiccional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte, y 251 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que ofrece en su escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente juicio. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente Como está ordenado en el juicio principal en proveído de esta misma fecha, con fundamento en los artículos 110 y 128 de la Ley de Amparo, con una copia del escrito inicial de demanda promovida por ********************, contra actos de la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y otras autoridades. Se forma por separado únicamente el original del incidente de suspensión. Requerimiento de Informe previo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendirse dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándose para tal efecto copia de la demanda, debiendo señalar el oficio al que dan cumplimiento; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se presumirán ciertos los actos que se le reclaman exclusivamente para resolver sobre la suspensión definitiva. Audiencia incidental. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, se fijan NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la medida cautelar solicitada Con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, en su respectivo ámbito competencial, en caso de que actualmente se encuentre suspendido el pago de la pensión por viudez de la quejosa [con motivo del fallecimiento de ********************], se levante dicha suspensión y se realicen los pagos correspondientes a la referida quejosa por tal pensión a partir de esta fecha; pues, de su demanda de amparo, en su apartado inherente a la suspensión del acto reclamado, solicita que los efectos de esta sean para garantizar su derecho a la vida digna, mínimo vital, así como a su subsistencia. Lo anterior hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva, por las razones siguientes: 1).- El acto reclamado señalado por la parte quejosa consistente: La falta de llamamiento al juicio de nulidad número ********************seguido en la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al efecto, cabe destacar que del contenido de la demanda de amparo se advierte que, lo que le causa afectación es el contenido del oficio número ******************** de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como consecuencia de lo resuelto en el juicio de nulidad en cita, por el que se notifica la suspensión de pago por viudez que venía gozando la quejosa. 2).- Al atender a la naturaleza del acto reclamado y a fin de preservar la materia del juicio de donde proviene el incidente que nos ocupa, se precisa que es respecto a las consecuencias de dicho acto, consistentes en que no se continúe pagando a la quejosa su pensión por viudez, la cual no le ha sido revocada; sobre lo que este órgano jurisdiccional realiza el estudio de procedencia de la medida cautelar solicitada; con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien la quejosa sostiene que solicita la suspensión para que se ordene al Subdelegada de Prestaciones y el Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continúe haciéndole el pago de la pensión por viudez de la que es beneficiaria por ser concubina del finado ********************, la cual le fue otorgada por la autoridad señalada como responsable, así como los pagos que se le dejaron de realizar, dichos efectos no son propios del acto reclamado, de allí que sean sobre los aludidos efectos o consecuencias, sobre los que se va a realizar tal pronunciamiento siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2019200, de rubro "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." 3).- Se tiene la certeza del acto reclamado con las manifestaciones que "bajo protesta de decir verdad" realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206395 y rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." Lo anterior corroborado además con la copia simple del comprobante del pago a nombre del aquejosa por concepto pensión y credencial a nombre de la quejosa emitida por la autoridad responsable para realizar el cobro de dicha pensión, por lo que de conformidad al artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. 4).- El acto reclamado es susceptible de suspenderse, ya que no es de los denominados meramente declarativos, consumados, negativos u omisivos ni futuros e inciertos, sino que si tiene efectos ejecutivos. 5). La parte quejosa acreditó indiciaria o presuntivamente su interés suspensional, debido a que adjuntó a la demanda de amparo copia simple del recibo de pago relativo al pago de la pensión encita, lo que constituye un derecho adquirido [sin que se advierta que hasta el momento haya sido revocado, solo suspendida], así como la constancia relativa al referido oficio ******************** de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del cual se aprecia que la aquí quejosa gozaba de dicha pensión. 6). Se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Y en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, se procede a explicar el análisis ponderando de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. La apariencia del buen derecho autoriza realizar un estudio preliminar que, sin prejuzgar, permita anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que en la especie acontece, pues el quejoso sostiene que no se le ha realizado el pago de su pensión, a pesar de que cuenta con un acuerdo pensionario en el que se le concedió una pensión por jubilación a su favor, el cual se trata de un derecho adquirido, lo que de resultar fundado ocasionaría la eventual concesión de la protección de la justicia federal. Por su parte, el orden público y el interés social, se encuentran vinculados en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población en general, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad; o bien, evitarle a aquélla algún mal. Así, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando la suspensión priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa a la que se niegue la suspensión del acto reclamado. Por ende, se afirma que con la concesión de la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que dicha concesión sólo tiene como efecto que en caso de encontrarse suspendido el pago de la pensión por viudez, concedida a la quejosa [la cual no se aprecia haya sido revocada hasta este momento], lo que constituye un derecho adquirido, se levante dicha suspensión y se realicen los pagos correspondientes a la referida a partir de esta fecha. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Por el contrario, de negarse la suspensión del acto reclamado, se ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación en la medida que la autoridades responsables tendría expedito su derecho para realizar la abstención o suspensión de pagos por concepto de pensión por viudez [concedida a la quejosa], no obstante de que cuenta con un derecho a ella. Sin que haya lugar a fijar garantía alguna para que surta efectos la suspensión provisional concedida, toda vez que no se advierte que con dicha concesión se ocasionen daños y perjuicios a terceros [puesto que el análisis a que refiere el oficio ********************, se constriñe a realizar un análisis únicamente respecto de la quejosa, para efectos de la procedencia de la asignación de la pensión respectiva], de conformidad con el artículo 136, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En el entendido que esta medida suspensional no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado proviene de una orden judicial o del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, así como respecto de la parte de los actos que ya se encuentren ejecutados. Autorización de copias y uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.
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