María del Rocío Bautista Reyes

Expediente 319/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • María del Rocío Bautista Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por María del Rocío Bautista Reyes, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 319/2018. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [...]" El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en el que existen las coincidencias mencionadas, y que éste se encuentre pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad sustancial en los elementos del litigio planteado, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. En el caso, para demostrar la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este expediente es promovida por María del Rocío Bautista Reyes, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en: "1. la ORDEN DE CLAUSURA TEMPORAL", que pretenden realizar a las negociaciones denominadas FARMAPRONTO, con razón social MARIA DEL ROCIO BAUTISTA REYES, establecidas con domicilio en Avenida Cinco de Mayo número 43, de la Colonia Centro, y la otra negociación ubicada en Camino Viejo a la Ventosa sin número de la Colonia Hidalgo Oriente, ambas de esta Ciudad, por la dependencia administrativa Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. De la responsable -Ordenadora-Ejecutora --, se reclaman las consecuencias y efectos de sus actos, que se traducen en la inminente afectación a los derechos humanos, formalidades esenciales del procedimiento, fundamentación y motivación, así como de la garantía de audiencia, lo que constituye la afectación a mis Garantías Constitucionales." (sic) Actos reclamados y autoridad responsable que resultan los mismos que los señalados en el diverso juicio de amparo 266/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por la citada quejosa María del Rocío Bautista Reyes, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, que hizo consistir en: "1. La ORDEN DE CLAUSURA TEMPORAL", que pretenden realizar a las negociaciones denominadas FARMAPRONTO, establecidas en esta Ciudad, por la dependencia administrativa Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. De la responsable -Ordenadora-Ejecutora --, se reclaman las consecuencias y efectos de sus actos, que se traducen en la inminente afectación a los derechos humanos, formalidades esenciales del procedimiento, fundamentación y motivación, así como de la garantía de audiencia, lo que constituye la afectación a mis Garantías Constitucionales.-" (sic) Lo anterior, conforme a la primera de las certificaciones de cuenta, ordenándose agregar a los presentes autos las constancias relativas que justifiquen tal certificación, para ser invocadas como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y tesis XIII.3o.4 K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE." En efecto, de las constancias glosadas a los autos se advierte que en el aludido juicio de amparo 266/2018, la quejosa en comento señaló como autoridad responsable a la misma que precisó como tal en este asunto, a quien atribuyó los mismos actos reclamados, consistentes en la orden de clausura temporal que se pretende realizar a las negociaciones denominadas FARMAPRONTO, establecidas en esta ciudad, así como las consecuencias y efectos de sus actos, que se traducen en la inminente afectación a los derechos humanos, formalidades esenciales del procedimiento, fundamentación y motivación, así como de la garantía de audiencia, lo que constituye la afectación a sus garantías constitucionales, como se advierte de los apartados relativos al acto reclamado y hechos o antecedentes del mismo; que mediante auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la mencionada demanda de amparo, y que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional. En este orden de ideas, resulta indiscutible concluir que los juicios de amparo 266/2018 y 319/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, fueron promovidos por la misma quejosa, contra la misma autoridad responsable, y por los propios actos reclamados. Aunado que, de la lectura de ambas demandas se advierte que narra los mismos antecedentes del acto reclamado. De ahí que resulte evidente que al ser la misma parte amparista quien se duele en la presente instancia constitucional, de un acto que será motivo de estudio en el diverso juicio de amparo 266/2018, del índice de este propio juzgado, mismo que se encuentra en trámite, pues fue admitido el cuatro de julio de esta anualidad, y están fijadas las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga lugar la audiencia constitucional, pone en evidencia que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, la determinación adoptada en la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 260, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de amparo que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Aunado a lo anterior, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por la quejosa María del Rocío Bautista Reyes, contra los actos reclamados en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que la quejosa manifestó tener conocimiento de la existencia de dichos actos reclamados. En efecto, del escrito de demanda, específicamente del apartado de narración de los hechos o antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que el nueve de julio de dos mil dieciocho tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se desprende de la narración que literalmente hace la quejosa en el apartado relativo a los hechos y abstenciones de los actos reclamados, en los siguientes términos: ".Ahora bien, de lo anterior, manifestó que tuve conocimiento de los mismos en fecha nueve de julio del año dos mil dieciocho. 2. De los actos reclamado de la ordenadora y ejecutora, me entero el día nueve de julio del año dos mil dieciocho, por una persona que no se identificó y que solo dijo ser trabajador del área de Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, quien se constituyó en las dos negociaciones citadas en el punto uno de hechos, denominadas FARMAPRONTO, con razón social MARIA DEL ROCIO BAUTISTA YERES, para el establecimiento comercial, ubicada en en Avenida Manuel Ávila Camacho sin número de la Colonia Centro, y la otra negociación ubicada en Camino Viejo a la Ventosa sin número de la Colonia Hidalgo Oriente, ambas de esta Ciudad, manifestándole a la empleada de la negociación, que de acuerdo a la base de datos de la tesorería municipal de Salina Cruz, Oaxaca, no se encontran datos o antecedentes que permitieran determinar si las negociaciones con giro comercial de farmacias y denomindas Farmapronto, cuya razón social de las dos negociaciones están a nombre de la C. María del Rocía Bautista Reyes, por lo que la tesorería Municipal, está en trámites de clausura temporal de las negociaciones Farmacéuticas FARMAPRONTO, con razón social MARIA DEL ROCIO BAUTISTA REYES, con domicilios en en en Avenida Manuel Ávila Camacho sin número de la Colonia Hidalgo Oriente, ambas de esta Ciudad, a lo que la empleada le comento que las negociaciones de giro comercial farmacéuticas Farmapronto a las que se refuere son de la Señora María del Rocío Bautista Reyes, y están en regla y al corriente de pago; pero que le dejara algún documento del procedimiento que se estaba llevando en Tesorería Municipal, a lo que no hizo más expresión alguna a lo requerido por la empleada y expreso que volvería a constituirse en las negociaciones y precedería a Clausurarlas Temporalmente, y sin medias más explicación se retiró del establecimiento de donde soy la propietaria, ." (sic) En ese tenor, al existir confesión expresa de la quejosa, respecto de la fecha en que se ostentó sabedora de la existencia del acto reclamado, siendo dicha fecha, el nueve de julio de dos mil dieciocho, resulta evidente que la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba la quejosa para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, el diez de julio de dos mil dieciocho, y feneció dicho plazo el treinta de julio de esta anualidad, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, siendo estos, el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de julio del año en curso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se sigue que, si la agraviada hasta el diez de agosto de dos mil dieciocho, promovió demanda de amparo contra los actos reclamados, resulta claro que el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvo hasta el treinta de julio del año en curso, para presentar su demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII (julio de 2005), visible a fojas 1035, Novena Época, materia común, con número de registro 177995 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Asimismo, por identidad jurídica sustancial resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J. 27/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Junio de 1996), Página 57, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 200094, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En el entendido que los criterios jurisprudenciales citados en este acuerdo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado no se oponen a las disposiciones de dicha ley. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracciones X y XIV, 113, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve María del Rocío Bautista Reyes, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir toda clase de notificaciones y acuerdos, el que señala en su escrito de demanda, y por autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada en derecho Carmen Alamar García, toda vez que se encuentra registrada en el Módulo de Cédulas profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Lenin Dasaet de los Santos Mena, porque en esos términos lo solicita, y para ello la Ley de Amparo no exige que dicha persona tenga autorización para ejercer la profesión de abogado.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 27 a 32), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano