María del Rocío Alfaro Fuentes
Expediente 631/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/07/2017
Partes del expediente
- María del Rocío Alfaro Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro de este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SECCIÓN XIII, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE MARI CARMEN PACHECO GONZÁLEZEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio laboral *****, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión o abstención de pronunciar acuerdo alguno respecto a la promoción presentada por esta parte quejosa mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, dentro del juicio principal con número de expediente *****". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: ""Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio laboral *****, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión o abstención de pronunciar acuerdo alguno respecto a la promoción presentada por esta parte quejosa mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, dentro del juicio principal con número de expediente *****". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar el escrito de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de junio del año que transcurre, la autoridad se pronunció en relación al referido escrito de diez de febrero de dos mil diecisiete y dictó auto de requerimiento con efecto de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, por el cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar el líbelo de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual la parte quejosa solicitó se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del diecinueve de julio de dos mil diecisiete. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se estén teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, la autoridad dictó auto de requerimiento con efecto de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, por el cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. Asimismo, no es óbice a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no hayan remitido la constancia de notificación al quejoso del referido auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, con el cual cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que con la notificación personal que se le practique del presente auto tendrá conocimiento del mismo. Finalmente, glósese a los autos el escrito del tercero interesado *****, a través de su apoderada legal *****, mediante el cual se apersona a este juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase al promovente apersonándose en este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad, y como autorizados en términos restringidos a que alude el artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que señala, en virtud de que no cuenta con su cédula inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE LOS CORRIETNES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio laboral *****, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión o abstención de pronunciar acuerdo alguno respecto a la promoción presentada por esta parte quejosa mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, dentro del juicio principal con número de expediente *****". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar el escrito de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de junio del año que transcurre, la autoridad se pronunció en relación al referido escrito de diez de febrero de dos mil diecisiete y dictó auto de requerimiento con efecto de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, por el cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de acordar el líbelo de diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual la parte quejosa solicitó se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del diecinueve de julio de dos mil diecisiete. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se estén teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, la autoridad dictó auto de requerimiento con efecto de mandamiento en forma, dentro del juicio laboral *****, por el cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. Asimismo, no es óbice a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no hayan remitido la constancia de notificación al quejoso del referido auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, con el cual cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que con la notificación personal que se le practique del presente auto tendrá conocimiento del mismo. Finalmente, glósese a los autos el escrito del tercero interesado *****, a través de su apoderada legal *****, mediante el cual se apersona a este juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase al promovente apersonándose en este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad, y como autorizados en términos restringidos a que alude el artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que señala, en virtud de que no cuenta con su cédula inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.
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