MARIA DEL ROCIO ALCANTAR ARZSMENDI y Otros.

Expediente 689/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
689/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Bustos Sarmiento
  • MARIA DEL ROCIO ALCANTAR ARZSMENDI y Otros.
  • Octavio Cruz Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que los quejosos -, interpusiera recurso de queja contra la parte considerativa que desechó la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, dictado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los quejosos -, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, en el cual se previno la presente demanda de garantías, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno, o bien, dado cumplimiento con la prevención decretada en autos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que los quejosos -, interpusiera recurso de queja contra la parte considerativa que desechó la demanda de amparo promovida por los citados quejosos, dictado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a los quejosos -, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, en el cual se previno la presente demanda de garantías, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno, o bien, dado cumplimiento con la prevención decretada en autos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa..."; LO ANTERIOR, POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Tesorero Municipal de Zitácuaro, Michoacán y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-689/2020-1; Ahora bien, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, los preceptos 61, fracción XXIII y 6 del mismo ordenamiento legal, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos transcritos, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, consistente en que el juicio de derechos fundamentales sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías de que se trata, se advierte que carece de firma autógrafa de -; en consecuencia, al no contener dicho escrito firma autógrafa, por ende, no existe manifestación alguna de los citados quejosos, careciendo de valor tal escrito, para todos los efectos procedentes, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata únicamente por -. Es aplicable al caso, la Tesis aislada, Materia Común, publicada en la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º. Y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como la diversa Tesis aislada Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página 303 del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Por otro lado, respecto a -, previo a proveer lo que en derecho proceda, y atendiendo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, 114 y 217 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, manifieste y exhiba lo siguiente: 1. El documento idóneo a efecto de acreditar el carácter con que se ostenta, toda vez manifiestan ser propietarios de diversos establecimientos comerciales en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, y de los anexos de la demanda de garantías, se advierte únicamente una relación de giros blancos que se presentaron a la Tesorería Municipal para su revalidación, o bien, exhiban el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso de que exista obligación legal para encontrarse inscritos en dicho registro, así como copia de su identificación oficial. 2. Asimismo, señalen la fecha del auto, oficio, o resolución que ordenó la ".emisión, ejecución o auxilio de la orden para clausurar los establecimientos comerciales", o bien, transcriba o exhiba el proveído, auto, oficio, o resolución que reclaman. 3. Manifiesten la fecha en que tuvieron conocimiento sobre el acto que reclaman. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 23/2009, visible en la página número 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y textos siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, atendiendo a la obligatoriedad de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común de once de noviembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Apercibida que de no cumplir con la prevención realizada en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones personales; consecuentemente, hágase dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que señale nuevo domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Tesorero Municipal de Zitácuaro, Michoacán y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-689/2020-1; Ahora bien, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, los preceptos 61, fracción XXIII y 6 del mismo ordenamiento legal, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos transcritos, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, consistente en que el juicio de derechos fundamentales sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o a través de su representante, apoderado o defensor, y que en tal sentido, la firma o huella dactilar del promovente es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito en el procedimiento judicial, ya que la firma sirve para dar autenticidad al mismo, puesto que es la manifestación de la voluntad del promovente. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías de que se trata, se advierte que carece de firma autógrafa de -; en consecuencia, al no contener dicho escrito firma autógrafa, por ende, no existe manifestación alguna de los citados quejosos, careciendo de valor tal escrito, para todos los efectos procedentes, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, y a la luz del artículo 113 de la propia Ley, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de garantías de que se trata únicamente por -. Es aplicable al caso, la Tesis aislada, Materia Común, publicada en la Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4º. Y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como la diversa Tesis aislada Materia Común, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Página 303 del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda de amparo, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Por otro lado, respecto a -, previo a proveer lo que en derecho proceda, y atendiendo a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, 114 y 217 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, manifieste y exhiba lo siguiente: 1. El documento idóneo a efecto de acreditar el carácter con que se ostenta, toda vez manifiestan ser propietarios de diversos establecimientos comerciales en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, y de los anexos de la demanda de garantías, se advierte únicamente una relación de giros blancos que se presentaron a la Tesorería Municipal para su revalidación, o bien, exhiban el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso de que exista obligación legal para encontrarse inscritos en dicho registro, así como copia de su identificación oficial. 2. Asimismo, señalen la fecha del auto, oficio, o resolución que ordenó la ".emisión, ejecución o auxilio de la orden para clausurar los establecimientos comerciales", o bien, transcriba o exhiba el proveído, auto, oficio, o resolución que reclaman. 3. Manifiesten la fecha en que tuvieron conocimiento sobre el acto que reclaman. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 23/2009, visible en la página número 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y textos siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Asimismo, atendiendo a la obligatoriedad de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común de once de noviembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Apercibida que de no cumplir con la prevención realizada en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones personales; consecuentemente, hágase dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que señale nuevo domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.."; LO ANTERIOR, POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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