Maria del Rocio Aguayo Pineda

Expediente 100/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
100/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Maria del Rocio Aguayo Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de marzo de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo (fojas 18 a 20), sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como la anotación en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del Acuerdo normativo.

  2. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que XXXXXXXXX, no dio cumplimiento a lo requerido en auto de siete de febrero de la presente anualidad (fojas 9 a 11), es decir no acreditó con documento idóneo el carácter de representante o apoderado legal de XXXXXXXXX, para estar en aptitud de promover en su nombre, en el plazo concedido, a pesar de estar debidamente notificado para ello. En ese contexto, cabe destacar que del proemio de la demanda que originó este expediente, se aprecia que XXXXXXXXX manifestó ser abogado patrono de XXXXXXXXX, y que tal ocurso fue signado por él, en dicho carácter; por lo que se provee: DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, 6 y 11, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Del estudio del contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo transcrito prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Ya que tal como lo ha definido nuestro Más Alto Tribunal, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, aun a pesar que el promovente ostente la designación de abogado patrono en el juicio ordinario. De esta forma, como presupuesto básico del juicio de amparo se tiene que una persona podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. Con esta afirmación se pueden desprender los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho contemplado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En tales supuestos, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto autoritario, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." HECHOS En el caso, XXXXXXXXX, promueve demanda de amparo ostentándose como abogado patrono de XXXXXXXXX, lo que se corrobora del proemio de tal ocurso, pues en éste manifestó "XXXXXXXXX, en mi carácter de Abogado Patrono de la C. XXXXXXXXX (.)". Asimismo, al signarla precisó "LIC. XXXXXXXXX (sic) ABOGADO PATRONO DE LA C. XXXXXXXXX" Sin que pase inadvertido, que del proemio de mérito se desprende que expresó "Mediante el presente escrito, por propio derecho vengo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal (.)"; no obstante, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, se aprecia que puntualizó que con el acto reclamado se violan los derechos humanos de su representada, consagrados en la Carta Magna; máxime, que mencionó a las partes del expediente del que deriva el acto reclamado, sin que él tenga reconocida dicha personalidad, en otras palabras, del análisis íntegro a la demanda de amparo se observa que XXXXXXXXX no es parte en el expediente de origen, sino únicamente funge como abogado patrono de XXXXXXXXX. CONCLUSIÓN Se concluye que la demanda de amparo debe desecharse, en atención a que el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladado a persona distinta de la directa quejosa o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa de la quejosa, en su caso, de su representante legal o apoderado, y no puede ser sustituida por aquel autorizado para atender procesalmente el juicio de origen, como acontece en el caso. Luego, si XXXXXXXXX, acudió a promover amparo indirecto en carácter de abogado patrono de XXXXXXXXX, aun cuando contara con las facultades amplias que concede el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ello no implica que las que pudieran haberle conferido tenga los alcances para sustituir la voluntad de la titular del derecho subjetivo de la acción procesal para promover el juicio de amparo en representación de su autorizante, pues conforme a la fracción I del numeral 107 de la Constitución Federal, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, concepto en el que no se ubican los autorizados para oír notificaciones, ni aun en términos amplios, cuya participación se limita a la defensa de su autorizante exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. En efecto, el abogado patrono, si bien puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses del quejoso, esa amplitud no puede llegar a la facultad de realizar cualquier acto en su nombre como ocurre en la vía ordinaria, ya que tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar en armonía con las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o su representante legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de este Circuito, que dice: Época: Décima Época Registro: 2006435 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.VII. J/1 C (10a.) Página: 1177 ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." De ahí que, el acto que la parte quejosa reclama por derecho propio, no constituye en sí mismo esa afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, toda vez que la vulneración que aduce no se materializa en su contra. Dicho de otro modo, el acto reclamado no vulnera por sí mismo algún derecho subjetivo al promovente, pues para que ocurra tal circunstancia es necesaria la conjunción de dos elementos, una facultad de exigir y una obligación correlativa de cumplir dicha exigencia, lo cual da lugar a la procedencia del juicio de amparo. Empero, en este asunto no se satisfacen tales extremos, en la medida que el acto reclamado no se encuentra dirigido al aquí quejoso, pues no es parte en el juicio, sino abogado patrono; en esa medida, al no existir la afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, con motivo del acto que señala como reclamado, éste no acredita el interés jurídico o legítimo con el que dice acudir solicitando el amparo y protección de la justicia Federal. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXIII, 5, 6 y 11, en relación con el 113, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de cuenta. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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