María del Refugio Villalvazo López
Expediente 17/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/02/2019
Partes del expediente
- María del Refugio Villalvazo López
- María del Refugio Villalvazo López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinticinco de enero de dos ml diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa ****, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la citada tercero interesada, publicada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, mismo que dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ****, quien se ostenta en carácter de asesor jurídico de las personas antes mencionadas, en la causa penal a la que se aludirá con posterioridad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en los autos de quince y diecisiete, ambos del presente mes de enero de dos mil dos mil diecinueve, manifiesta lo siguiente: "Que por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, y en calidad de promovente, vengo a subsanar la prevención que me fue hecha en el auto de fecha 15 y 17 de enero de 2019, y que me fue notificada el día 16 y 18 de enero del presente año, y al efecto comparezco para manifestar y aclararlo bajo protesta de decir verdad en los siguientes términos: I.- En cuanto al punto del escrito de prevención, señalo y aclaro que el acto que se reclama de la autoridad responsable C. juez único de primera instancia penal con residencia en esta ciudad, lo es específicamente el auto de fecha 30 de noviembre del dos mil dieciocho en el cual no se admitieron las pruebas ofrecidas por el suscrito en coadyuvancia con el ministerio público mediante escrito de fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciocho. Toda vez que vulnera los derechos de las víctimas de delito. En los términos precisados en la demanda de garantías. II.- así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento del acto de omisión que en esta demanda de garantías se reclama lo fue el día 8 de enero del presente año." En consecuencia, se tiene al citado promovente compareciendo en tiempo exponiendo lo que estimó conveniente para dar cumplimiento a la prevención aludida; por lo que se le tiene precisando su acto reclamado en contra de la autoridad que señala como responsable, siendo ésta la siguiente: Juez Único de Primera Instancia Penal de Ensenada, Baja California. Por lo tanto, bajo ese esquema planteado por el promovente del amparo desde su escrito inicial de demanda, así como el escrito a través del cual solventa la prevención, se procederá a continuación a analizar su procedencia. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que previamente quedó precisado. Lo anterior, porque a juicio de este órgano de control constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere o se circunscribe a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello es así, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que el promovente se duele en nombre de quienes dice representar, es de un auto dictado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (que afirma haber conocido el ocho de noviembre pasado) en la causa penal 149/2017, del índice de la autoridad jurisdiccional señalada como responsable; por el que 'no se admitieron' (desecharon) las pruebas que ofreció en dicho proceso penal en favor de sus 'asesorados', como parte ofendida o víctimas del delito, lo anterior en coadyubancia con el agente del Ministerio Público de la adscripción a dicho tribunal. En este sentido, la hipótesis -acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón de que puede ser modificado, revocado o anulado; a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la apelación en contra del mencionado acuerdo que inadmite pruebas. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. En efecto, tratándose de actos como el traído a esta instancia de amparo, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California (el aplicable en este caso, en el sistema tradicional para la zona costa), en su artículo 320, prevé la existencia del recurso de apelación en los siguientes términos: ARTÍCULO 320.- Resoluciones Apelables.- El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: [.]..... VII.- Los autos que desechen pruebas;" De la anterior transcripción, se aprecia la posibilidad otorgada por el legislador a los gobernados de interponer un medio ordinario de defensa de los establecidos en el Código de Procedimientos Penales Para el Estado de Baja California, en contra de acuerdos de trámite dictados dentro de la fase de instrucción, de donde se desprende que la determinación que constituye el acto reclamado (el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el que desecha la prueba de inspección judicial), es recurrible a través del recurso de apelación; por lo que, de acuerdo con el precepto legal transcrito, el promovente previo a la presentación de la demanda de amparo, debió interponer dicho medio de impugnación, empero, al no haberlo hecho así, tuvo como consecuencia faltar al principio de definitividad y el resultado fue la actualización de la causa de improcedencia citada. Lo anterior es así, toda vez que el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa alguno, con el objeto de impedir la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos de procedimiento que puedan ser, como ya se dijo, modificados, revocados o incluso a través de ese medio, obtener la satisfacción de lo peticionado. Máxime, que el acto reclamado lo constituye una determinación dictada por el juez responsable en el que desechó la prueba de inspección judicial; lo que de suyo implica, que no constituye un acto que restrinja directamente la libertad del gobernado, tampoco importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 Constitucional; y en ese sentido, previo a la presentación de la demanda de amparo, el accionante estuvo en aptitud de agotar los medios ordinarios que prevé la legislación procesal penal; empero, al no haberlo hecho así, tuvo como consecuencia faltar al principio de definitividad y el resultado fue la actualización de la causa de improcedencia citada. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la sustentada Tesis IV.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito , del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución.". Así como la diversa Tesis II.3o.P.43 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito , del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. SU DESECHAMIENTO DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). De la interpretación armónica de la segunda parte del artículo 404 y del numeral 405, párrafo segundo, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, se obtiene que son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que se hayan dictado en segunda instancia antes de la sentencia, y que la revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, en el acto de su notificación o al día siguiente. Por ende, si el acto reclamado es el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia penal de primera instancia, es innegable que el quejoso debe agotar el recurso de revocación antes de promover el juicio de amparo directo, ya que por medio de aquél es factible que se modifique o revoque el desechamiento; de ahí que si no promovió ese medio de impugnación, la acción de amparo que intente será improcedente por no haberse satisfecho el principio de definitividad." Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve, el hecho de que el oferente de la prueba se trate del representante y asesor jurídico de las víctimas, ya que de la lectura hecha a la demanda de derechos fundamentales, se desprende que dichos medios de convicción fueron presentados por el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal responsable; sujeto procesal que evidentemente se encontraba legitimado para inconformarse con la determinación que desechó la prueba de inspección judicial, pudiendo haberlo hecho en el acto mismo de la notificación o por escrito dentro del plazo de los tres días. De igual forma, la víctima, ofendido y sus legítimos representantes, de acuerdo con el contenido del artículo 20, apartado c), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, goza de igualdad procesal, es decir, intervenir en el proceso e incluso interponer los recursos en los términos que prevea la ley; en ese sentido, si es como señala el peticionario del amparo, es parte formal en el proceso y éste coadyuvaba con el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Único Penal de esta ciudad, nada le impedía a dicho asesor jurídico en lo personal o a través del fiscal adscrito interponer el medio de defensa idóneo (recurso de apelación) antes de acudir a esta vía constitucional. Sirve de apoyo a la anterior determinación por identidad jurídica, la Tesis 1a. CVIII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguiente: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE INCIDA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).El apartado B, fracción II, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), adicionado por decreto del año 2000, establece el derecho fundamental a que a la víctima u ofendido del delito se le reciban todos los datos o elementos de prueba, lo que conlleva el correlativo derecho a su defensa; asimismo determina el momento en que ha de ejercerse, esto es, en el procedimiento penal. Por otra parte, el artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé que el medio ordinario para inconformarse contra un auto que resuelve situaciones concernientes a las pruebas es el recurso de apelación, de ahí que la víctima u ofendido del delito está legitimado para interponerlo, acorde con el artículo 365 del mismo ordenamiento, dado que éste debe interpretarse en el sentido de que no limita su derecho para interponer el recurso de apelación contra el auto que incida sobre dicho derecho." En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, quien se ostenta como asesor jurídico de ****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- María del Pilar Velázquez Rojas523/2018
- María del Refugio Esquer Ibarrola193/2021
- María del Refugio Esquer Ibarrola393/2021
- Maria del Refugio Gonzalez Hernandez630/2023
- María del Refugio Santos García705/2023
- María del Refugio Santos García491/2023
- Maria del Rocio Casillas Sanchez365/2023
- Maria del Rocio Casillas Sanchez1076/2023
- María del Rocío Escamilla Esquivel979/2011
- Maria del Rocío Escamilla Esquivel524/2015
- María del Rosario Campos Aguilar484/2019
- Maria del Rosario Campos Aguilar563/2019