María del Refugio Sonia Pineda Mejia

Expediente 22/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
22/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2017

Partes del expediente

  • María del Refugio Sonia Pineda Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del dos al nueve de los corrientes; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de enero de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 22/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Conste. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este juzgado el veinticinco de enero del año en cuso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por María del Refugio Sonia Pineda Mejía; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En atención a lo anterior, y toda vez que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que del dieciséis al veinte de enero actual, transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en auto dictado el diez de enero citado, para que cumpliera con la prevención que se le formuló, sin que hubiera cumplido con dicho requerimiento; lo que se asienta para debida constancia legal. DOY FE. En la misma fecha, la secretaria, da cuenta a la juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la secretaria adscrita a este juzgado, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que se concedió a María del Refugio Sonia Pineda Mejía, mediante proveído de diez de enero actual, a efecto de que diera cumplimiento a la prevención formulada en el mismo, sin que lo hubiera hecho; en tales condiciones, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el propio auto; y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE NO PRESENTADA su demanda de derechos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la secretaria que autoriza licenciada María Concepción García Jacobo. DOY FE. Cecy*

  3. Principal

    CUENTA. El diez de enero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por María del Refugio Sonia Pineda Mejía, registrada con el número de folio 346, ocho copias de ésta y anexo. La circunstancia de que Fabiola Cruz Hernández y Arturo Martínez Alvarado, sí tienen registrada su cédula profesional número 2816302 y 2853788, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María del Refugio Sonia Pineda Mejía, por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 22/2017-1, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previamente a proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, resulta procedente prevenir a la parte promovente con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que indica que el juzgado federal está facultado para hacerlo siempre que advierta que en la demanda se falte a las reglas establecidas, lo cual debe ser enmendado, sea que se trate de: Alguna irregularidad en el escrito de demanda; Si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; y, Si no se hubiesen exhibido las copias necesarias de la demanda de amparo si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. No se hubiere acompañado en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. En principio, es de indicarse que del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa, señala como acto reclamado: "IV. El auto de ejecución de fecha 14 de diciembre del año 2016 del expediente con número de exhorto 122/2016 y expediente en el juzgado Primero del ramo Mercantil de Zacatecas Zacatecas del 108/1995. Lo constituye el auto de ejecución que pretende dar en propiedad ." A su vez, en su capítulo de conceptos de violación la quejosa se duele de la indebida ejecución que se prentende sobre el bien de su propiedad sin haber sida oída ni vencida en el juicio 108/1995, refiriendo que con ello, se violaron las garantías de legalidad. REQUERIMIENTO. En tales condiciones, y tomando en consideración que la parte quejosa por un lado, en su capítulo de acto reclamado señala el auto de ejecución dentro del expediente 108/1995 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de esta capital, respecto del que se ostenta tercero extraña; y por la otra, en su apartado de conceptos de violación, indica que no fue oída ni vencida en dicho juicio, por tanto, se le requiere para que dentro del término de cinco días, cumpla con lo siguiente: Manifieste si es su deseo señalar también como acto reclamado la falta de emplazamiento al expediente número 108/1995 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de esta capital. En caso de señalar como acto reclamado, el precisando en el inciso anterior, el quejoso deberá señalar a qué autoridad le atribuye ese acto. Asimismo, se requiere a la quejosa para que diga si señala también como acto reclamado el embargo del bien inmueble ubicado en lote urbano en la calle José María Rodríguez, sección seis, manzana catorce, lote veinte de la división urbana de Guadalupe, Zacatecas, o bien, el que haya dado origen a la orden para que dicho bien sea entregado a diversa persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Se hace del conocimiento de la impetrante en caso de dar cumplimiento a los citados requerimientos, dentro del plazo indicado, deberá acompañar a su escrito aclaratorio las copias necesarias del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, seis copias simples del mismo para ser distribuidas de la siguiente forma: tres para las autoridades responsables; una, para dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional y dos para el incidente de suspensión, asimismo, las que en su caso correspondan a los terceros interesados. Al respecto resulta aplicable la tesis VI.2o. J/127, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la propia quejosa y no los autorizados de ésta ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la ley de amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa téngasele señalando como autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fabiola Cruz Hernández y Arturo Martínez Alvarado, que sí tienen registrada su cédula profesional número 2816302 y 2853788, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto en calle San Carlos número 106, colonia Buenavista en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*

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