Maria del Refugio Solis Flores

Expediente 411/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
411/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2017

Partes del expediente

  • Maria del Refugio Solis Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el cinco de abril de dos mil diecisiete (f. 12-15), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **** por su propio derecho, contra actos de la autoridad que describe como Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en Celaya, Guanajuato y otra autoridad; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 411/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Así, una vez analizada la demanda de amparo, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Juez Segundo Civil de Primera Instancia (en su carácter de ordenadora), así como Jefe de la Central de Actuarios adscrita al referido órgano jurisdiccional (en su carácter de ejecutora), ambos con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió de la forma siguiente: "V.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la Autoridad señalada como ordenadora.- Reclamo LA DETERMINACION EMITIDA EL 30 DE MARZO DEL 2017, EN EL EXPEDIENTE NUMERO ********************, para afectar el salario de la suscrita, vulnerando garantías de Legalidad, Audiencia y debido proceso. b).- De las autoridades ejecutoras (sic), reclamo la ejecución de los actos reclamados, sobre la resolución que ordena la ejecución del acto señalado como reclamado de las (sic) dictaminadora, en el cual se esta afectando mis garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso por lo cual es que el acto es inconstitucional, vulnerando garantías de Legalidad, Audiencia y Debido Proceso." Asimismo, como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo conducente, que ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, *** promovió demanda contra *** que dio origen al juicio ordinario civil número ***, demanda en la que se reclamó el divorcio necesario, así como la custodia definitiva del menor Víctor Antonio Lara Solís; expediente en el cual el treinta de marzo de dos mil doce, se emitió sentencia respectiva, en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial y se otorgó a la quejosa la custodia definitiva del menor. Posteriormente, el aquí tercero interesado promovió incidente de gastos y costas; mismo que se resolvió el veintiséis de febrero de dos mil quince, y en el que el Juez responsable absolvió a la aquí solicitante del amparo. Inconforme con dicha determinación, el aquí tercero interesado interpuso recurso de apelación; el cual se resolvió el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato, quien revocó la determinación recurrida y condenó a la quejosa al pago de gastos y costas. El ***, el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, autorizó el embargo de su salario, como trabajadora de Comisión Federal de Electricidad, sin tomar en cuenta que su domicilio se localiza en San Miguel de Allende, Guanajuato, y cuando no se han agotado todos los otros bienes que la Ley Procesal Civil señala; siendo tal determinación contenida en el mencionado acuerdo de treinta de marzo del apuntado mes y año, la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, la promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debió agotar el recurso ordinario, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en la determinación de *****, que autorizó el embargo del salario que percibe la aquí solicitante del amparo como trabajadora de Comisión Federal de Electricidad, dictado dentro del juicio ordinario civil *****, por el Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato; carece de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra, procede el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; dispositivo que a la letra dice: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, la demandante del amparo debió interponer el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, pues este tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar los actos tildados de inconstitucionales y, al no hacerlo, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales el acuerdo reclamado no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en el caso no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no se encuentra vinculado con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (inciso a). De igual forma, el acto reclamado que por esta vía se combate no lo constituyen la orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (incisos b y d). Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen ya que se trata de la parte demandada incidentista en el juicio de origen, y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley que rige el acto no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo (inciso c). Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se desecha la demanda de amparo promovida por **** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. Es aplicable al caso, en lo sustancial, la Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Séptima Época Registro: 257209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 12, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 37 "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción Vil, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. No se soslaya que la quejosa en su demanda de amparo menciona que los ingresos de los padres es mas conveniente sean destinados a satisfacer las necesidades de su menor hijo que tiene bajo su custodia y que en todo caso el salario que percibe debe estar destinado a satisfacer de su menor hijo; sin embargo, ello no obra que la quejosa en ningún caso de excepción al principio de definitividad, porque en la especie, no opera la suplencia de la quejosa, puesto que la condena de gastos y costas (con la que está íntimamente relacionada la determinación reclamada, no se encuentra dirigida al menor, sino a su progenitora y en esta hipótesis no es caso de excepción ni opera la suplencia de la queja. Esto último fue determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en la ciudad de Guanajuato, al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el amparo en revisión civil ***, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por ****. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado *****, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a ***, por así haberlo solicitado la promovente. Por otra parte, en razón de que la promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este Tribunal, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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