María del Refugio Rodríguez Rivera
Expediente 379/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María del Refugio Rodríguez Rivera
- Gerardo Gómez Godoy
- Carlos Federico Valenzuela Cadena
- Diego Valenzuela Cadena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Queja
ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja.
- Queja
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por sesión ordinaria virtual de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, el Pleno de este Tribunal Colegiado acordó dejar en lista este asunto con motivo de que advirtió de oficio la posible actualización de una causa de improcedencia, misma que no fue alegada por las partes, por ello en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace saber y se da vista a la parte quejosa los argumentos conforme a los cuales se propone resolver este asunto, mismos que en esencia consisten en lo siguiente: "Para demostrar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es pertinente relatar los siguientes antecedentes. De las constancias remitidas por el Juzgado Federal, de las que obran en los expedientes electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del que deriva el presente recurso, así como de lo expuesto en la diversa Q.C. 222/2023, que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del ordenamiento supletorio; a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: ... La determinación anterior, es la impugnada de la presente queja. Precisados los anteriores antecedentes, se procede al estudio de la causa de improcedencia advertida. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, establece:... Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo procede en ejecución de sentencia hasta la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda de amparo, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hubieran trascendido al resultado de la resolución. ..., En el caso, la parte quejosa reclama la sentencia de cinco de julio de dos mil veintitrés, emitida por la Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca de apelación mediante la cual se confirmó el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, donde se turnaron los autos al actuario a fin de que llevara a cabo la diligencia de lanzamiento, con habilitación de días y horas, autorización de rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario y con el auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, en tal actuación no se ha reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia definitiva, ni se declaró su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por el contrario, se trata de actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo condenado. Es así, porque a través del auto que constituye la materia del acto reclamado, se condujo el procedimiento hacia el cumplimiento de lo condenado en la sentencia definitiva, pues ahí se ordenó la desocupación y entrega del inmueble litigioso, con la habilitación de días y horas, rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, así como del auxilio de la fuerza pública. De lo anterior, se observa claramente que el auto que ordenó la diligencia de lanzamiento del inmueble materia de la litis, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. En efecto, en esta actuación no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordenó el archivo definitivo del expediente. Contrario a ello, se tiene que ese acto fue tendente a atender a lo condenado en la sentencia definitiva, pues conforme a los resolutivos octavo y noveno de ésta, mismos que fueron transcritos en párrafos anteriores, la recurrente debía desocupar y entregar el bien inmueble controvertido, así como sus frutos y accesiones; mientras que en lo reclamado únicamente se ordenó el cumplimiento. Aunado a que, de la transcripción que se hace en el acto reclamado, con relación al proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, tampoco se advierte que se trate de la última resolución, conforme a la definición señalada en líneas que anteceden, sino que se emitió con la finalidad de continuar con la ejecución de la sentencia, como se ve a continuación: ... De igual modo, en el acto reclamado se insertó el aludido auto de trece de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo conducente: ... De ahí que, el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia definitiva, dentro de un juicio donde la quejosa no es tercera extraña al proceso (debido a que ha comparecido e hizo valer sus defensas), sin que constituya la última resolución en la fase de ejecución, pues a través de él se ordenó el cumplimiento a los resolutivos de la condena. Aunado a que, lo relativo a la identificación del inmueble, ya sea por cuanto a la superficie, o bien, a la diferencia en la colonia, en su caso, podrá reclamarlo en el momento en que se emita la resolución correspondiente que declare cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen, como violaciones a dicho procedimiento de ejecución. Igualmente, debe precisarse que conforme al citado artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que además de que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, también es procedente cuando el acto reclamado se trate de resoluciones autónomas a la cosa juzgada, así como cuando sean determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, también ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. ... Sin embargo, en el caso, se reitera, el acto reclamado consiste en la sentencia que confirmó el proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, donde se turnaron los autos al actuario a fin de que llevara a cabo la diligencia de lanzamiento, con habilitación de días y horas, rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, así como con el auxilio de la fuerza pública. Por ende, no se afectan de manera directa e inmediata, los derechos sustantivos de la promovente del amparo ajenos a lo que es materia de la cosa juzgada; sino que, por el contrario, lo reclamado es tendente a ejecutar la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México. Es así, porque la desocupación ordenada atendió a los resolutivos octavo y noveno de la sentencia definitiva en la que se requirió a la impetrante la entrega del inmueble citado, de lo que se colige que tal actuación, incluso lo relativo a la delimitación del inmueble para su desocupación, no son cuestiones autónomas a dicha ejecución, pues se vinculan directamente con la materia de lo condenado. Máxime que, debe insistirse, en el presente asunto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado debía trascender en un derecho sustantivo de la quejosa, ajeno a la cosa juzgada, o que implicara una resolución autónoma a la ejecución de sentencia, lo que en el caso no sucedió. En consecuencia, en el caso se estima correcto que se haya desechado la demanda de amparo indirecto, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107, de dicha normatividad legal, invocada por este órgano jurisdiccional. Sin que lo anterior, implique contravenir el artículo 17 de la Constitución, que establece:... En efecto, el precepto Constitucional transcrito establece, en esencia, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, en favor de los gobernados; el cual descansa sobre los principios siguientes: ... Bajo ese contexto, se tiene que el derecho fundamental de tutela jurisdiccional y acceso efectivo a la justicia, no consiste en que los órganos jurisdiccionales se encuentren obligados a tramitar o resolver los asuntos sometidos a su consideración, en forma favorable a los intereses de alguna de alguna de las partes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo, de acudir ante los órganos jurisdiccionales, para dilucidar los conflictos jurídicos sometidos a su potestad, acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, y respetando los principios que las disposiciones legales citadas establecen para un verdadero acceso a la administración de justicia. Por tanto, si dentro de las formalidades que rigen el procedimiento del juicio de amparo, el legislador previó las causas de improcedencia, así como la posibilidad de desechar de plano una demanda de amparo, cuando la actualización de alguna de ellas sea manifiesta e indudable; es inconcuso que si el juzgador de amparo se fundó en una de ellas, para no admitir la demanda de amparo en estudio, en realidad está impartiendo justicia, puesto que el acceso a ella no se vio menoscabado y menos aún se dejó en estado de indefensión a los promoventes, en tanto que es innegable que se dio respuesta a la petición de amparo. Lo anterior, independientemente de que la demanda se desestimara, porque la recurrente debe sujetarse a las hipótesis claramente definidas en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, aunque por una razón diversa a la planteada por el juez de Distrito, debe confirmarse el desechamiento de la demanda de garantías del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al no advertir motivo para suplir los agravios en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede declarar infundado el recurso de queja." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa para que en relación con lo anterior, manifieste lo que a su interés convenga dentro del plazo de tres días, bajo el apercibimiento que de no desahogarla, éste órgano jurisdiccional resolverá lo que por derecho corresponda. Ahora bien, y toda vez que la presente resolución no encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo para que se ordene de manera personal, con fundamento en el diverso artículo 29, se ordena notificar por lista a las partes.
- Amparo en revisión
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y apareciendo de los mismos que se encuentran debidamente integradas las constancias; TÚRNENSE al Magistrado LUIS ALMAZÁN BARRERA, para que en términos de lo establecido por el artículo 92 de la Ley de Amparo, formule el proyecto de resolución que en derecho corresponda.
- Amparo en revisión
SE ADMITE A TRÁMITE el recurso de revisión. Con relación a las personas que dice autorizar, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues atendiendo a lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Amparo, la persona autorizada en términos de dicho precepto no puede sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Respecto a su solicitud para consultar por internet el expediente electrónico del asunto en que se actúa; de conformidad con los artículos 3 de la Ley de la Materia, 21 y 22 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, no se tiene como autorizado al usuario ... ello atendiendo a lo establecido en el párrafo inmediato anterior.
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