María del Refugio Fraga Yañez y Otros.

Expediente 455/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
455/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/10/2015

Partes del expediente

  • María del Refugio Fraga Yañez
  • María del Refugio Fraga Yañez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta que remitió el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, mediante el cual remite copia de la resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada dentro del expediente de competencia número 9/2015, del conflicto suscitado entre este Juzgador y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Los puntos resolutivos de la citada resolución son del tenor literal siguiente: "único. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, es legalmente competente para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 681/2015, promovido por Francisco Antonio Ruiz Fraga..." Acúsese el recibo correspondiente al Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora. En virtud de lo anterior y en acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido.

  2. Principal

    Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, con el que informa que remitió los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, para efecto de que determine lo conducente respecto al tribunal competente para conocer de dicho asunto. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remitió el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, con el que hace del conocimiento que fue admitido el conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo; el cual se radicó bajo el número 9/2015, del índice de dicho tribunal.

  3. Principal

    Por recibido el oficio número 6017-I, suscrito por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en la ciudad de Hermosillo, a los que se acompañan los autos del juicio de amparo número 681/2015, del índice de dicho órgano jurisdiccional, promovido por María del Refugio Fraga Yañez en representación de Francisco Antonio Ruiz Fraga, a través de los cuales comunica que se declaró incompetente para conocer de dicho juicio y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, en Turno; para conocer del juicio de amparo. Acúsese recibo. El Juzgado de referencia, declina la competencia en razón de territorio, considerando particularmente que la orden de traslado y su ejecución, que constituye el acto reclamado, se efectuó antes de la presentación de la demanda de amparo, es decir se realizó el traslado del quejoso Francisco Antonio Ruiz Fraga, del centro penitenciario de Guaymas al centro de reinserción social en la ciudad de San Luis Rio Colorado, ambos del Estado de Sonora; y que, además, la ejecución se materializó en la última municipalidad, por lo que considera corresponde al juez de distrito con competencia en el citado lugar el conocimiento del juicio de amparo. Al respecto, éste juzgado no acepta la competencia para conocer del juicio de amparo, en atención a que la competencia para conocer del mismo corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en la ciudad de Hermosillo, lo anterior, en atención a las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo a la letra establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". *Énfasis añadido. Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud al artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. b) La segunda regla, contenida en el primer párrafo, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución; y, c) La tercera regla, constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009 . ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo." "Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos." "Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso." "Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado." "Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico." Conforme a las precisiones que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, este juzgador estima que el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este expediente, consistente en la orden de traslado, constituye un acto que lleva implícita una ejecución de tracto sucesivo, la cual si bien terminó su materialización con el traslado del quejoso al centro de reclusión ubicado en San Luis Río Colorado, lo cierto es que el mismo inició su ejecución en el lugar donde originariamente se encontraba privado de su libertad, es decir, en el centro penitenciario de Guaymas, Sonora; refuerza lo anterior, que se emitió la orden de traslado por la autoridad responsable Coordinador General del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Hermosillo, lugar donde ejerce jurisdicción el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en la ciudad de Hermosillo. Efectivamente, de las constancias que integran el juicio de amparo remitido por la indicada autoridad de Amparo, se advierte que el acto reclamado implica per se, una ejecución material, la cual, al momento de que el citado juzgador declinante celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo, estaba plenamente acreditado que la orden de traslado tuvo ejecución material tanto en Guaymas como en San Luis Río Colorado, ambos del Estado de Sonora; es decir, el primer lugar dentro de la jurisdicción del aquél órgano jurisdiccional y el último donde ejerce jurisdicción quien ahora resuelve. De esa forma, al haberse efectuado el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro, la orden reclamada tuvo ejecución en ambos lugares (donde se encontraba privado de su libertad y donde finalmente fue recluido); el criterio de competencia territorial válido para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde resolver el presente juicio de amparo, es el relativo a la tercera regla establecida en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que como el acto reclamado empezó a ejecutarse en el Distrito donde ejerce jurisdicción el juez de Distrito residente en Hermosillo, Sonora y se siguió ejecutando hasta su consumación en San Luis Río Colorado, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, entonces el competente será ante el que se presentó la demanda; o sea, el primero de dichos juzgados.......................En consecuencia, en el caso que nos ocupa, el competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo es el Juez Tercero de Distrito residente en Hermosillo, Sonora, conforme a las reglas que establece el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana: y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de lo anterior, como se anticipó, no se acepta la competencia declinada por dicha autoridad. Hágasele saber al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora (juez requirente) la anterior determinación, a fin de que resuelva conforme a lo establecido por el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; y, de no tener inconveniente, se sirva comunicar a este órgano jurisdiccional la determinación que al respecto emita. Toda vez que se envió a esta autoridad la totalidad del expediente de amparo e incidente, devuélvase a su lugar de origen, y sólo recábese una copia certificada de la respectiva demanda de amparo para constancia.

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