María del Refugio Cervantes Delgado
Expediente 2289/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2289/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/10/2020
Partes del expediente
- María del Refugio Cervantes Delgado
- Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado del juez y de los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, visto su contenido, agréguese para que obre como constancia, toda vez que el ocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplido el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. III. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa, para los efectos siguientes: "Deje insubsistente todo lo actuado a partir de emplazamiento de dos de julio de dos mil trece, practicado a María del Refugio Cervantes Delgado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, únicamente por lo que a ella respecta y, en su lugar, ordene se realice nuevamente esa diligencia, en la cual se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), de la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, que enseguida se transcribe: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En la inteligencia de que los alcances del presente fallo comprenden dejar sin efecto la resolución de alzada de dos de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que revisó la de primera instancia. Apoya lo anterior, la tesis número 73, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento". De igual manera, la reposición efectuada no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio del codemandado José Trinidad Rivera Jiménez, toda vez que ello no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio; por lo que, en ese aspecto, debe atenderse al principio de relatividad que rige al juicio de amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 9/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, página 78, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." IV. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 373/2020-S, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, informó que el once de marzo del año en curso, de dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada en el toca 98/2018, lo que acreditó con copia certificada del proveído dictado en la citada fecha. Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el comunicado del juez y de los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al que se anexó copia certificada del proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, a partir el emplazamiento de dos de julio de dos mil trece, practicado a María del Refugio Cervantes Delgado, únicamente por lo que a ella respecta, y se ordenó realizar nuevamente esa diligencia. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos. V. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Por ende, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató la ejecutoria de amparo, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la junta responsable el once de marzo del año en curso, emitió un auto en el que dejó insubsistente la resolución pronunciada en el toca 98/2018, en tanto que el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, dictó un auto en el que dejó insubsistente lo actuado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, a partir de la diligencia de emplazamiento practicado a María del Refugio Cervantes Delgado, y ordenó su emplazamiento, atendiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria que ahora se cumplimenta. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. VI. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VII. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 181 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. VIII. Duplicado del incidente En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. IX. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. X. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. XI. Devolución de documentos a la parte quejosa. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que acuda a recibirlos a las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido de que deberá generar cita para la entrega de dichos documentos dentro de dicho plazo. En razón de que, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el Acuerdo General 21/2020, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019, estableciendo como data para ello el tres de agosto de dos mil veinte. En este último Acuerdo, en la fracción VII, del artículo 2º, del Capítulo I, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales, dado que precisa que si bien fue a partir del tres de agosto pasado, en el que se reanudaron los plazos procesales; empero será a partir del diez de agosto en el que el personal retorne las labores presenciales, de ahí que para la consulta de expedientes y otras actividades presenciales de los justiciables, será por medio de cita programada. Por su parte, el diverso numeral 3, dispone que estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Aunado, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En las apuntadas condiciones, la parte quejosa, se encuentra en aptitud de ingresar al sistema correspondiente y agendar su cita dentro del horario establecido, a efecto de que genere su Código QR a la persona que para tal efecto propone, a fin de que comparezca al juzgado a recibir los documentos que solicita. XII. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por estos dentro del plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO. Por medio del presente, notifico a la PARTE QUEJOSA, el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, que dice: "Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. III. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí quejosa, para los efectos siguientes: "Deje insubsistente todo lo actuado a partir de emplazamiento de dos de julio de dos mil trece, practicado a María del Refugio Cervantes Delgado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, únicamente por lo que a ella respecta y, en su lugar, ordene se realice nuevamente esa diligencia, en la cual se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), de la Primera Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, que enseguida se transcribe: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En la inteligencia de que los alcances del presente fallo comprenden dejar sin efecto la resolución de alzada de dos de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que revisó la de primera instancia. Apoya lo anterior, la tesis número 73, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento". De igual manera, la reposición efectuada no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio del codemandado José Trinidad Rivera Jiménez, toda vez que ello no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio; por lo que, en ese aspecto, debe atenderse al principio de relatividad que rige al juicio de amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 9/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, página 78, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." IV. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 373/2020-S, el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, informó que el once de marzo del año en curso, de dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada en el toca 98/2018, lo que acreditó con copia certificada del proveído dictado en la citada fecha. Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el comunicado del juez y de los secretarios ejecutores adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al que se anexó copia certificada del proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, a partir el emplazamiento de dos de julio de dos mil trece, practicado a María del Refugio Cervantes Delgado, únicamente por lo que a ella respecta, y se ordenó realizar nuevamente esa diligencia. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos. V. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Por ende, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató la ejecutoria de amparo, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la junta responsable el once de marzo del año en curso, emitió un auto en el que dejó insubsistente la resolución pronunciada en el toca 98/2018, en tanto que el Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, dictó un auto en el que dejó insubsistente lo actuado en el juicio civil sumario hipotecario 511/2013, a partir de la diligencia de emplazamiento practicado a María del Refugio Cervantes Delgado, y ordenó su emplazamiento, atendiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria que ahora se cumplimenta. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. VI. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. VII. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 181 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Asimismo, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original del cuaderno incidental se encuentra en el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 21 del citado acuerdo, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. VIII. Duplicado del incidente En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. IX. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. X. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. XI. Devolución de documentos a la parte quejosa. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que acuda a recibirlos a las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido de que deberá generar cita para la entrega de dichos documentos dentro de dicho plazo. En razón de que, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el Acuerdo General 21/2020, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019, estableciendo como data para ello el tres de agosto de dos mil veinte. En este último Acuerdo, en la fracción VII, del artículo 2º, del Capítulo I, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales, dado que precisa que si bien fue a partir del tres de agosto pasado, en el que se reanudaron los plazos procesales; empero será a partir del diez de agosto en el que el personal retorne las labores presenciales, de ahí que para la consulta de expedientes y otras actividades presenciales de los justiciables, será por medio de cita programada. Por su parte, el diverso numeral 3, dispone que estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Aunado, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En las apuntadas condiciones, la parte quejosa, se encuentra en aptitud de ingresar al sistema correspondiente y agendar su cita dentro del horario establecido, a efecto de que genere su Código QR a la persona que para tal efecto propone, a fin de que comparezca al juzgado a recibir los documentos que solicita. XII. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por estos dentro del plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Citatorio Principal.- Se emplaza y notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al tercero interesado Metrofinanciera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de Objeto limitado, actualmente denominada Metrofinanciera, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en representación de Banco Invex, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Invex grupo financiero fiduciario, el acuerdo autorizado el nueve de diciembre del dos mil diecinueve, mediante el cual, Téngase por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la quejosa María del Refugio Cervantes Delgado, en atención a lo que solicita, por reunirse los requisitos de ley, se admite la ampliación de demanda contra los actos que reclama a la siguiente autoridad responsable: o Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Asimismo, es aplicable la tesis siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." I. Se solicita informe justificado. a) Informe. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad mencionada, para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibido que no hacerlo, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, se le apercibe que si se niega a recibir el oficio de mérito, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. b) Informe de causas de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se les requiere para que en caso de que tengan conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá multa por el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c) Requerimiento expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de garantías, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del término señalado o de ser omiso en informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. Se ordena emplazamiento de la tercera interesada. Por otra parte, emplácese al tercero interesado Metrofinanciera, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de Objeto limitado, actualmente denominada Metrofinanciera, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en representación de Banco Invex, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Invex grupo financiero fiduciario, con la copia de ampliación de demanda. III. Córrase traslado. Con copia del escrito de ampliación de la demanda, córrase traslado a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, hágaseles del conocimiento de las partes que la audiencia constitucional se encuentra señalada a las DOCE HORAS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.
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