María del Refugio Álvarez Ortiz

Expediente 1605/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1605/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • María del Refugio Álvarez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Se agrega a los autos el oficio signado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales Delegación Estado de México, de la Procuraduría General de la República, quien en atención al requerimiento formulado el catorce de noviembre del año en curso, manifiesta que ya fue notificado el experto oficial designado en autos el requerimiento contenido en dicha determinación; en consecuencia, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales Delegación Estado de México, de la Procuraduría General de la República para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita la constancia respectiva, quedando subsistente el apercibimiento contendido en el proveído de catorce de noviembre del año en curso.

  2. Principal

    II.-.Visto el escrito de cuenta signado por Martha Elena Jaimes Vallejo, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de los actuales, señala como autoridad responsable para efectos del presente incidente de suspensión a la empresa denominada Constructora de Proyectos Viales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo OHL, a quien le reclama todos y cada uno de los actos señalados en su escrito inicial de demanda; asimismo, exhibe cinco copias del escrito por el cual promovió incidente modificatorio a la interlocutoria que niega la suspensión definitiva.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo, decretados en proveído de veintiséis de octubre pasado.En atención a lo anterior y como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la ampliación de demanda, provéase sobre la suspensión en el presente incidente respecto de los actos reclamados a la nueva autoridad responsable Constructora de Proyectos Viales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo OHL.Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la citada Ley de Amparo, con copia simple de la demanda y del escrito de ampliación, pídase a la nueva autoridad responsable su informe previo el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.Se señalan las nueve horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo.En el entendido que se fija esa fecha, en atención a la circular 29/2016, emitida por Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de donde se advierte que dicho órgano, en sesión de veintiséis de los actuales, declaró como días no laborables el treinta y uno de octubre; así como uno y dos de noviembre, todos de dos mil dieciséis.Se apercibe a la nueva autoridad responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de la suspensión; además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.Ahora bien, en el caso a estudio los actos reclamados esencialmente, se hace consistir en: 1. La privación y desposesión de derechos, sobre un terreno que aduce la promovente del amparo es de su propiedad bajo contrato privado de compra venta ratificado ante notario el veintisiete (27) de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1985), que ampara una superficie de 4-00-00.00 has (cuatro hectáreas de tierras de cultivo), ubicado en su conjunto en Casco, La Huerta del Rancho Viejo, localizado en el Camino Viejo a Zinacantepec y las avenidas las Torres, con dirección de Toluca a Zinacantepec, mismo que pretende ocupar responsables sin orden alguna y sin haberle otorgado su derecho a audiencia. 2. La Omisión de haber acordado y/o notificado la declaratoria de utilidad pública en forma personal y directa para ser afectada bajo el proyecto denominado inicio de operaciones para construcción de obras de Talleres que albergaran El Tren Rápido México Toluca, proyecto denominado transporte masivo en la modalidad de tren Toluca Valle de México.Luego, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, cabe decir que el artículo 128 de la Ley de Amparo, exige como requisitos para su concesión los siguientes:a) La solicite el quejoso;b) No se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.Asimismo, el artículo 131 de la Ley de Amparo establece:"Artículo 131.- Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda."Por tanto, por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados citados, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, por lo que la nueva autoridad responsable deberá abstenerse de realizar cualquier acto de desposesión del inmueble materia del juicio de amparo, o privativo de la propiedad, sin que medie determinación notificada a la quejosa; lo anterior hasta en tanto se comunique a la nueva responsable lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva.Ello es así porque existe petición expresa de la quejosa, quien se ostenta como tercero extraño a cualquier procedimiento y acredita de manera presuntiva su interés jurídico con copia certificada del contrato privado de compraventa celebrado el veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, entre Julia Alejandra Olvera de Torres, como compradora y la hoy quejosa Martha Elena Jaimes Vallejo, como compradora, respecto del terreno que se defiende en esta instancia; documental que se valora en términos de lo dispuesto en los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo; y con la que también se acredita el daño inminente e irreparable a la pretensión de la quejosa, en caso de negarse la suspensión, en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo.Además de que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en atención a que lo reclamado, afecta únicamente a los intereses jurídicos de la impetrante de amparo, pues se ostenta como propietaria del bien y solicita que no se le desposea del mismo y de llevarse a cabo el acto reclamado, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación.Es aplicable en lo conducente la tesis 1a/J. 4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta, de abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167346, que establece:"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien."Asimismo, es aplicable la tesis III.1o.A.25 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, con registro número 198284, que establece:"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción."Aunado a lo anterior, el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la afectación del interés social. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 315, registro 165659, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Sobre esa premisa, entonces, debe examinarse de manera conjunta a la apariencia de buen derecho, la afectación que pueda ocasionarse al interés social y al orden público. Ahora bien, en la especie destaca que la solicitante de amparo señaló como acto reclamado las órdenes verbales y su ejecución para ser privada de la propiedad y posesión, del inmueble del que dice ser propietaria, sin orden alguna y sin haberle notificado previamente. En tanto solicita la suspensión, de manera esencial, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no sea desposeída del bien. En ese orden, se considera que la pretensión de la quejosa se dirige a defender el derecho de propiedad y la posesión, pues sin haberse instaurado un procedimiento previo, ni acuerdo de declaratoria de utilidad pública, la responsable pretende desposeerla del bien inmueble defendido. Por otra parte, la sociedad está interesada en que se construyan vías de comunicación que permitan una forma de trasportación más rápida y eficiente; sin embargo, la afectación, al interés social no es mayor a lo pretendido por la quejosa de que se decrete la medida cautelar, porque con ésta se garantiza la preservación de la materia del juicio de amparo ante el peligro en la demora y el perjuicio que pudiera sufrir la quejosa con la ejecución de los actos de desposeimiento reclamados. Pues hasta el momento, no hay indicios de alguna determinación por parte de autoridad competente sobre la expropiación del terreno como causa de utilidad pública, ni constancias que tiendan a acreditar la urgencia o necesidad inmediata de proceder a la ocupación del terreno que se pretende afectar, para satisfacer una necesidad pública que no admita dilación, esto es, la necesidad grave y urgente de obtener la ocupación, con la finalidad de darle al inmueble el destino que señalaron verbalmente las autoridades. En conclusión, no hay evidencia por el momento de que sea mayor el interés colectivo que la paralización de los actos, a fin de preservar el ejercicio de la posesión, a partir de que hay indicio de que la promovente posee con justo título el bien que defiende a través del juicio de amparo. En efecto, la medida solicitada es para que no sea desposeída del bien, sin mediar una determinación en la que se respete su derecho fundamental de audiencia previa. Sobre el particular, la sociedad se encuentra interesada en la defensa de la posesión que se considere legítima, susceptible de ser tutelada a través del juicio de amparo, cuya materia se puede preservar mediante la suspensión. De acuerdo con lo anterior, si mediante la copia certificada del contrato de compraventa exhibido por la quejosa, se puede establecer indiciariamente que los actos reclamados agravian a la quejosa, lo que no significa un análisis exhaustivo en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si su posesión es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o mala fe, porque la finalidad por el momento es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación a la agraviada, entonces, procede decretar la medida cautelar. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, página 23, registro 197239, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." De acuerdo con lo anterior, al no apreciarse que mediante la suspensión del acto reclamado se cause trastornos o ponga en peligro el interés social, procede la concesión de la suspensión. Por tanto, se reitera, al estar acreditado de manera indiciaria que los actos agravian a la quejosa, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, por lo que la nueva autoridad responsable deberá abstenerse de realizar cualquier acto de desposesión del inmueble materia del juicio de amparo, o privativo de la propiedad, sin que medie determinación notificada a la quejosa, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Para que surta efectos suspensión no se fija garantía, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, en razón de que por el momento no se advierte que pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros. La concesión de esta medida no significa que la quejosa esté en condición de realizar actos en el inmueble que, por su propia naturaleza, ameriten un permiso, licencia o autorización gubernamental; tampoco implica la paralización de algún procedimiento de carácter administrativo o jurisdiccional, ni que se desobedezcan órdenes que eventualmente deriven de éstos.Por tanto, dado que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la moral Constructora de Proyectos Viales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo OHL, con domicilio el ubicado en: Avenida las Torres, Número cincuenta y siete (57), colonia Alvaro Obregón, San Mateo Atenco, Estado de México, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, para que realice la notificación del presente acuerdo de forma personal, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, al efecto le corra traslado con copia del escrito de ampliación y del presente auto, por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio precisado para tal efecto en líneas precedentes; asimismo, le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que la quejosa Martha Elena Jaimes Vallejo exhibió las copias requeridas en proveído de veintiséis de los actuales,; con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, dese trámite a la solicitud de modificación de la interlocutoria de trece de junio de dos mil dieciséis, a través de la cual se negó la suspensión definitiva, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal y Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la citada Ley de Amparo, con copia simple del escrito de solicitud de modificación de la interlocutoria de trece de junio de dos mil dieciséis, a través de la cual se negó la suspensión definitiva, pídase a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal y Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su informe previo sobre los hechos de la solicitud que se atiende, el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Se señalan las nueve horas con diez minutos del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia incidental respectiva, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 y 154 de la Ley de Amparo. En el entendido que se fija esa fecha, en atención a la circular 29/2016, emitida por Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de donde se advierte que dicho órgano, en sesión de veintiséis de los actuales, declaró como días no laborables el treinta y uno de octubre; así como uno y dos de noviembre, todos de dos mil dieciséis.Notifíquese, personalmente a la autoridad responsable Constructora de Proyectos Viales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo OHL y al resto de las autoridades responsables por oficio.

  3. Principal

    iii. Por recibido el comunicado, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, acusa recibo del oficio 12267-III y solicita la constancia de notificación realizada a la tercera interesada de identidad reservada con iniciales N.N.M.S. por conducto de Manuela Soto Almazán de la sentencia dictada en el presente juicio toda vez que no obra en autos, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales correspondientes.En atención a lo anterior, se habilita al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito a fin de que lleve a cabo la notificación antes mencionada, tal como se ordenó en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo., y una vez realizado lo anterior, remítase la mismo al Tribunal de alzada a fin de que este en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda.Por otra parte, vista la razón de notificación a través de la cual en cumplimiento al requerimiento de tres de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa Diana Morales Soto, ratifica la firma del escrito registrado con número de control interno 24119, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar y remítase copia certificada del mencionado escrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.Finalmente, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por Pablo Lázaro Martínez Guadarrama y Diana Morales Soto se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional para que se constituya en el lugar en el que se encuentra recluido el quejoso Pablo Lázaro Martínez Guadarrama, es decir, en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", Estado de México; y lo requiera para que manifieste si es su deseo desistirse del presente juicio de amparo así como del recurso de revisión interpuesto en el mismo, apercibido que de no hacerlo se seguirá la secuela procesal en los términos originalmente planteados.

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