María del Rayo Arrequín López
Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- María del Rayo Arrequín López
Actuaciones
- Principal
Oficio emitido por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Remite los autos del juicio de amparo citado al rubro y testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 76/2023, que en su único punto resolutivo establece: ". UNICO. Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por ********************, contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, en los autos del juicio de amparo indirecto ******************** de su índice." ..." Acúsese recibo. Con fundamento en lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Tramítese sin incidente de suspensión. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. Se autoriza el acceso del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a través del usuario ********************, por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridad responsable que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a la responsable que está en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrá adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a la autoridad responsable para que, si en algún momento dejara de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibida que de ser omisa se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, la parte quejosa reclama la omisión en dar respuesta al escrito que presentó el pasado veintitrés de febrero. Al respecto, debe tomarse en consideración que el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, tiene como objetivo otorgar intervención en el juicio de amparo a todos los que puedan resultar afectados en sus derechos con el dictado de la sentencia; sin embargo, toda vez que en este juicio de amparo indirecto se reclama una omisión genérica, se considera que no es dable tener con tal carácter a persona alguna, pues la litis en el sumario constitucional únicamente consistirá en verificar la existencia o no de la omisión atribuida a la responsable y, en su caso, su constitucionalidad, de manera que no podría verse afectada en su esfera jurídica con la eventual concesión o negativa de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la resolución de este asunto.
- Principal
Oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa XXXX, registrado como 76/2023. Tal y como lo solicita, se instruye a la oficial judicial "A", haga las gestiones necesarias en la base de datos a su cargo y vincule el expediente electrónico al tribunal revisor.
- Principal
Escrito signado por la quejosa Interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de marzo de la presente anualidad; con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, envíese el original y copia fotostática del escrito del recurso, así como copia fotostática certificada de todo lo actuado y el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la sustanciación del recurso correspondiente.
- Principal
Escrito firmado de manera autógrafa Regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 293/2023. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, 113, de Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, de la Constitución General de la República, desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada. Como lo solicita, se comisiona al Analista Jurídico SISE para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario "ArrequinEduardo", para la consulta del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario ""ArrequinEduardo". Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, impriman la constancia respectiva del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. Por otro lado, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Sánchez Arrequín, Fernando David Acosta Fuentes y Karen Coleote Moreno, por así solicitarlo la parte quejosa. Asimismo, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y dígito telefónico que menciona en su escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, así como la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción digital de las constancias que integran el presente juicio, en virtud de que no existe disposición legal que prohíba el uso de éstos, lo cual deberá realizarse dejando en autos la razón correspondiente. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario, para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y entonces, notificar vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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