María del Pilar Victoria Serrano

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 48 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
48
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • María del Pilar Victoria Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    VI.- Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan interpuesto recurso de revisión en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado ese auto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes y realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como concluido. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el juicio de amparo en que se actúa se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del instrumento de referencia; por tanto, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a la destrucción dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, la copia certificada del juicio ordinario civil (sobre rescisión de contrato de compraventa)... de su índice, en ocho tomos, que acompañó a su informe justificado; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en virtud de que éste se genera al momento de su recepción en la constancia respectiva, dado que se inserta la mención de dicho anexo.

  2. Principal

    VI.- Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa... en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, para que acreditara haber realizado los trámites para la publicación de los edictos que a su costa se publicarían para emplazar a la tercero interesada... sin que así lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita, y se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Ello, en virtud de que, ante la imposibilidad para emplazar a la citada tercero interesada, una vez agotado el medio de investigación a que se refiere la fracción III, inciso b), del artículo 27 Ley de Amparo, para su localización, por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazarla por medio de edictos, a su costa. Sin embargo, la parte quejosa no acreditó haber entregado los edictos que a su costa se publicarían, los cuales le fueron entregados el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, no obstante que en proveído de quince de marzo del año en curso, se le requirió para que dentro del término de veinte días, legalmente computados de conformidad con la certificación de cuenta, se presentara por sí o por conducto de quien legalmente la representara en el local de este juzgado federal a efecto de recoger y acreditar la publicación de los edictos de mérito; lo anterior, tomando en consideración que dicho término se concedió a partir del día siguiente al en que surtió efectos el acuerdo por el que se pusieron a su disposición, lo que le fue notificado personalmente el dieciocho de marzo de dos mil veintidós; con el apercibimiento que de no acreditar los trámites respectivos, en el término indicado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo cual evidencia su desinterés para localizar a la parte tercero interesada de referencia. Asimismo, mediante proveído diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se concedió una prórroga de diez días hábiles para que acreditara haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos que le fueron entregados el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, proveído que se notificó personalmente el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, dispone: ... El derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, lo que estará en contravención con el precepto constitucional aludido. Del texto del artículo 17 Constitucional, se desprende que el derecho fundamental consagrado garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, ya que los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Atento a lo expuesto, es dable sostener que la impartición de justicia para que sea expedita, no puede obstaculizarse como en el caso, con la falta de interés de parte quejosa, pues ello denota su intención de paralizar el procedimiento, cuando debe prevalecer lo ordenado por la Constitución, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetas las garantías individuales que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso; es decir, si en el presente juicio de amparo la parte quejosa no acreditó haber entregado los edictos que a su costa se publicarían en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado... implica la obstrucción o entorpecimiento de la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual, indefectiblemente contraviene el precepto constitucional en mención. Por otra parte, los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: ... Del precepto transcrito se colige que: a) El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal; b) Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, el órgano dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable el que ante ella hubiera señalado; c) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Atento a lo expuesto, resulta inconcuso que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe emplazarse a juicio al tercero interesado, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Al respecto, se debe tomar en consideración que los artículos 5º, fracción III y 63, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ... De estos preceptos legales se advierte claramente, por cuanto hace al precepto 63, en su fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé como causa de sobreseimiento del juicio de amparo el hecho de que la parte quejosa, una vez requerida para tal efecto, no comparezca a recoger los edictos o exhiba, en su caso, ante el juzgador de amparo la publicación de éstos para emplazar a juicio a la parte tercero interesada. En este sentido, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no acreditar haber entregado los edictos, para emplazar a juicio al la multicitada tercero interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no observarse, imposibilita que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27, de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la parte tercero interesada; en esta hipótesis si se advierte, una vez admitida la demanda de amparo, que no se conoce el domicilio del citado tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, se insiste, dictará las medidas pertinentes para investigarlo como sucedió en el asunto y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento de la parte tercero interesada por medio de edictos, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa recoja y publique los edictos respectivos, pues el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional; por ello, en atención a la posición jurídica que guarda un tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, el emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En tales circunstancias, toda vez que se agotaron los medios de investigación para obtener el domicilio de la tercero interesada... sin éxito y que, no obstante, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que se dejaron a su entera disposición en el local de este juzgado, sin que acreditara la quejosa su insolvencia para realizar esa erogación, que fueron recogidos el diecisiete de marzo anterior, sin que de constancias se advierta efectivamente su carencia económica, como se evidenció en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós; por ello, se concluye que, en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse emplazado la referida tercero interesada, se incumple el presupuesto procesal consistente en la garantía de audiencia, lo que a su vez, provoca que quien suscribe no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia II.2o.C.J/27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de dos mil diez, página mil ochocientos sesenta y ocho, novena época, de rubro y texto: ... De igual forma, es aplicable al caso, la tesis XIV.1°.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ... Lo anterior, atendiendo al contenido de la jurisprudencia número 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXII, agosto de dos mil diez, materia común, página cuatrocientos dieciséis, cuyos texto y rubro establecen: ... Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    VI.- Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Jueza Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual, hace de conocimiento que el expediente... del índice del Juzgado extinto Tercero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se radicó en su estadística con el número de expediente... De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diecisiete de octubre pasado, se concedió por única ocasión a la parte quejosa una prórroga de diez días hábiles, contados a partir de que fenezca el término concedido en acuerdo de once de octubre del presente año, para que acredite ante este órgano jurisdiccional, haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos que le fueron entregados el diecisiete de marzo del año en curso; plazo que sigue transcurriendo. En consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinticuatro minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes.

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