María del Pilar Unda Moreno
Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/10/2023
Partes del expediente
- María del Pilar Unda Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y seis de la Demarcación Notarial de Querétaro fue omiso en dar cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión al citado fedatario público para que, dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al en que sea notificado, informe lo siguiente: 1. Si ante el error de haber enterado la cantidad que retuvo a la parte quejosa, por concepto de "aportación de inmuebles" en lugar de "constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio", este último por el que se concedió el amparo, inició los trámites administrativos correspondientes ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para recuperar el monto por el cual debía realmente entregar esos recursos económicos y que sí fueron materia de la ejecutoria de amparo. 2. En caso afirmativo, indique si ya devolvió a la parte quejosa la cantidad que le retuvo por concepto de derechos registrales, en su porción de "constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio". 3. En su defecto, explique las gestiones actuales que se encuentran realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese sentido, para que el citado notario público esté en aptitud de informar lo anterior, nuevamente se le remite copia simple del oficio número SF/SPFI/PF/SFCO/018155/2023, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en donde el Subprocurador Fiscal Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro señala que ante el error del concepto por el cual se enteró dicha cantidad, le corresponde al fedatario público realizar los trámites administrativos correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, se tiene que ha fenecido el término otorgado al Titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y seis de la Demarcación Notarial de Querétaro a efectos de que informe a este órgano jurisdiccional las gestiones tendentes al cumplimiento de la sentencia. Se requiere nuevamente. Por lo tanto, se requiere nuevamente para que, en el término de CINCO días, legalmente computado, realice las acciones conducentes a fin de cumplir con el fallo protector. Es importante mencionar que una vez que el fallo protector dictado por el juzgador de amparo adquiere el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, la autoridad responsable y cualquier otra que tenga injerencia, está constreñida indefectiblemente a cumplir con el mismo, sin que, para tal efecto, deba demorarse, ni oponer excusa, pretexto, evasivas o procedimiento ilegal alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Así como la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 71, Octubre de 2019 Tomo IV, Décima Época, Página: 3501, de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." Asimismo, es dable hacer del conocimiento de la autoridad citada, que deberá realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Máxime que la autoridad al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento.
- Principal
Se tiene recibido el oficio de la autoridad recaudadora, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento formulado en el auto que antecede, por las razones que expone; en consecuencia, se provee: Se requiere a notario público. Se requiere al Titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y Seis de la Demarcación Notarial de Querétaro para que, en el término de CINCO días, legalmente computados, realice las acciones conducentes a fin de cumplir con el fallo protector. Para mejor proveer, se le envía copia simple del oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Es importante mencionar que una vez que el fallo protector dictado por el juzgador de amparo adquiere el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, la autoridad responsable y cualquier otra que tenga injerencia, está constreñida indefectiblemente a cumplir con el mismo, sin que, para tal efecto, deba demorarse, ni oponer excusa, pretexto, evasivas o procedimiento ilegal alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." Así como la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 71, Octubre de 2019 Tomo IV, Décima Época, Página: 3501, de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." Asimismo, es dable hacer del conocimiento de la autoridad citada, que deberá realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Máxime que la autoridad al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento. Sustenta lo anterior, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, materia común, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio, una MULTA equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y, el precepto 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad que corresponda. Se hace del conocimiento a la autoridad exactora. Por otra parte, se hace del conocimiento a la autoridad recaudadora que los efectos del fallo protector únicamente fue para la devolución de la cantidad retenida a la parte quejosa, como bien lo expone.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual remite un diverso oficio que le fue entregado de manera incorrecta por lo que se provee lo siguiente. Notario público informa. Se tiene por recibido el oficio del Notario Público número cincuenta y Seis de la Demarcación Notarial de Querétaro, por medio del cual informa que realizó la aclaración correspondiente del nombre de la quejosa ********************, a quinen le corresponde la cantidad que le fue enterrada a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante operación 2023/1564528, de cinco de junio de dos mil veintitrés, correspondiente a la escritura 425 (cuatrocientos veinticinco), por la que le retuvo a la parte quejosa por concepto de derechos registrales, para lo cual remite el acuse correspondiente, el cual se ordena remitir copia simple del presente escrito y anexo. Requiere cumplimiento a finanzas En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que, en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente, y dada la naturaleza del acto reclamado, de cumplimiento con lo siguiente: Deberán reintegran en favor de la parte quejosa la cantidad correspondiente conforme a las consideraciones y lineamiento de la ejecutoria de amparo. Deberá exhibir los cálculos de manera detallada en que se base para realizar la devolución respectiva. En el entendido que solamente debe devolver el excedente a la tarifa o cuota mínima por tal derecho conforme a la ejecutoria de amparo. De igual forma, se le requiere para que remita la constancia relativa a la desincorporación de los artículos declarados inconstitucionales de la esfera jurídica de la parte quejosa. Asimismo, dicha devolución deberá hacerse por conducto de la propia autoridad, es decir, debe abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba hacer al peticionario de amparo, debiendo remitir a la brevedad las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento autoridad requerida. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de ********************, equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, y en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y su correlativo 259, ambos de la Ley de Amparo. Por lo cual, deberán atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente".
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