Maria del Pilar Romero Tufiño

Expediente 1899/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1899/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Maria del Pilar Romero Tufiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio presentado en representación del Síndico Municipal, Representante legal y Jurídico del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia certificada de la cédula de notificación por estrado en la que se advierte el contenido del oficio ********************, por el cual se le da contestación al escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentado por la aquí quejosa. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".Emita contestación de manera congruente y completa a la solicitud de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que le fue dirigida por la quejosa *****, la cual deberá dar a conocer a la impetrante y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a la autoridad responsable a contestar en determinado sentido ni prejuzga sobre la procedencia de lo solicitado.." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa la presente sentencia, en la cual se determina: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1899/2022. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, María del Pilar Romero Tufiño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Presidente municipal, [2] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos, [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género, [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como del [7] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos -todos en su denominación correcta-, por el acto reclamado siguiente: EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Los actos que se reclaman a las autoridades responsables son los siguientes: IV.1.- Se reclama la falta de otorgamiento de pensión que por derecho me corresponde. IV.2.- Se reclama la falta de reconocimiento del accidente de trabajo que sufrí en el desempeño de mis labores el pasado veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis. IV.3.- Se reclama la suspensión de mi pago quincenal que por derecho me corresponde." EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA: "PRIMERO.- El acto que se reclama a las autoridades responsables es la falta de respuesta al escrito presentado el 22 de agosto de 2022, entendiéndose que el silencio de las autoridades responsables, al no informarme respecto del otorgamiento de la pensión que por derecho me corresponde, genera una respuesta tácita en forma de desfavorable a los intereses de la que suscribe. De la misma manera se reclama a las mismas autoridades señaladas como responsables, la omisión de girar los oficios necesarios para que se continúe con el pago de mi salario quincenal, lo que se traduce en la suspensión de mi salario quincenal, en tanto se me conceda la pensión de invalidez. SEGUNDO.- Ahora bien, se hace de su conocimiento que, hasta el día de hoy, no existe un documento donde se me informe la negativa de la pensión por invalidez que por derecho me corresponde. TERCERO.- De la misma manera, se debe hacer mención que con fecha 10 de agosto del 2021, me constituí en las oficinas que ocupa el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, donde la persona que me atendió (se desconoce el nombre) me hizo del conocimiento que ya no me iban a pagar en las quincenas posteriores, ya que el tiempo de incapacidades había concluido. CUARTO.- Un mes después, es decir, en septiembre de 2021, me citaron en el área de Seguridad Social del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, me informaron exactamente lo mismo que me habían dicho en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento mencionado." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Prevención y admisión de la demanda, trámite del juicio. El treinta de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado requirió a la quejosa para que precisara el acto reclamado a cada autoridad responsable; lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido, se tendría por no presentada la demanda de amparo. A través del escrito recibido el doce de enero de dos mil veintitrés, la quejosa precisó los actos reclamados en los términos transcritos en el resultando 1 de esta sentencia; por lo que en auto de trece de enero siguiente, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes hayan realizado manifestación al respecto; y, señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo a la quejosa el apercibimiento decretado en diverso proveído de veinte de enero del año citado, con relación a la inexistencia de la autoridad responsable señalada como Regidor de Gobernación y Reglamentos, Seguridad Pública, Tránsito y Derechos Humanos, por lo que se tuvo por inexistente a dicha autoridad y se suspendió toda comunicación con ella. Por escrito recibido el quince de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa amplió la demanda de amparo, únicamente por cuanto a las autoridades responsables [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos, [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género, [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; ampliación que previo cumplimiento de la prevención a efecto de que se exhibieran las copias suficientes para el traslado, se admitió a trámite en auto de veintidós de febrero siguiente. El veintisiete de abril de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una omisión de respuesta a una petición, atribuida a autoridades administrativas con residencia en esta ciudad y del que previno este juzgado federal. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridades responsables [1] Presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [2] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. [7] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Acto reclamado La omisión o falta de contestación del escrito presentado por la quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós, dirigido al Presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en el que solicitó se le otorgara una pensión por riesgo de trabajo con motivo del accidente que sufrió el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, se giraran oficios para que se continuara con el pago de sus quincenas a partir del mes de agosto de dos mil veintidós y se le informara la fecha en que fue inscrita o dada de alta en el sistema de seguridad social. Con la precisión de que si bien la quejosa también señaló como actos destacados la falta de reconocimiento del accidente de trabajo que sufrió en el desempeño de sus labores el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, así como la suspensión de su pago quincenal, de la integridad de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de ésta, se advierte que el verdadero reclamo de la quejosa consiste en la omisión de respuesta a su escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós del cual derivaron las peticiones antes señaladas relativas al reconocimiento del accidente que sufrió y el pago de sus quincenas, pues del contenido del escrito de solicitud se advierte que versa sobre esas cuestiones. No obstante, en caso de que se le tuvieran como actos destacados, éstos serían inexistentes, con independencia de la improcedencia que en su caso se actualice, toda vez que la quejosa únicamente afirmó haber sufrido el accidente de trabajo a que refiere en su petición y que no se le han pagado las quincenas a partir del periodo que señaló en tal solicitud, sin que adjuntara prueba alguna para acreditar esas circunstancias; de ahí que se tenga como acto reclamado el que ha quedado precisado en el recuadro que antecede. lll. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables [2] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos, [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género, [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como del [7] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues las autoridades señaladas con los numerales [2], [3], [4] y [7], así lo informaron en su informe justificado y si bien el [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos así como la [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no pueden tenerse por ciertos los actos reclamados, pues se advierte que no les fue dirigida petición alguna, por ello no se encontraban obligadas a emitir una respuesta. Lo anterior es así, porque del escrito de petición de veintidós de agosto de dos mil veintidós, cuya copia certificada adjuntó a este juicio el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Jiutepec, Morelos, se desprende que a las autoridades responsables [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos, [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género, [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, no les fue dirigida petición alguna, pues el escrito de referencia fue dirigido únicamente al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos. Es así, porque en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que el quejoso demuestre que existe el deber de la autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que las autoridades fueron omisas en dar trámite a la solicitud de la quejosa, es necesario que se encuentre demostrado que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la misma conforme a su ámbito de atribuciones, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. " Asimismo, por cuanto a las diversas autoridades [2] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y [7] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, si bien se advierte que se les entregó copia del escrito de petición, como consta del sello de recibo respectivo, tampoco estaban obligadas a emitir contestación, toda vez que como se especificó en el propio escrito, únicamente les fue entregada copia para su conocimiento. Lo anterior, se sustenta además en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión administrativa 399/2022 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, derivado del amparo 1262/2021 tramitado por este órgano de control constitucional, la cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, ya que puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la cual se estableció que si a la autoridad señalada como responsable no se le dirigió escrito alguno, sino que únicamente recibió copia para su conocimiento, no existe el deber de emitir una contestación. Es así, porque además del escrito de petición se desprende que fue dirigido al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos, es decir, la petición de la quejosa se elevó directamente a dicha autoridad y no a las diversas señaladas como responsables. En consecuencia, ya que las autoridades responsables [2] Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, [3] Regidor de Bienestar Social, Gobernación y Reglamentos, [4] Regidora de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte, Asuntos migratorios, Igualdad y Género, [5] Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, [6] Comisión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como el [7] Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, negaron el acto reclamado, lo cual no fue desvirtuado por la parte quejosa y, de las constancias remitidas no se advierte su existencia, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado a las autoridades responsables precisadas. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al [1] Presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, pues con independencia de lo manifestado en su informe justificado, de las constancias remitidas a este juicio se advierte su existencia. Lo anterior, porque el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Jiutepec, Morelos, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del escrito dirigido por la quejosa al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos, en el que se advierte el sello oficial de recibo de dicha dependencia, documental a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que se estima suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. Es así, pues se encuentra demostrado que la quejosa presentó la solicitud de veintidós de agosto de dos mil veintidós ante el Presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, sin que se advierta que se haya emitido la respuesta correspondiente y que ésta se hubiere notificado; por tanto se acredita la existencia de la omisión reclamada. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y estos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. VI. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso el [1] Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, señaló que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues no se acreditaba una afectación al interés jurídico de la quejosa, ya que la pensión solicitada derivaba de una relación laboral, en contra de la cual no resultaba procedente el juicio de ampro, sino que la quejosa debía agotar el procedimiento laboral correspondiente. No se actualiza dicha causa de improcedencia, porque más que referirse a la falta de interés jurídico de la quejosa, se señalan cuestiones relativas a la definitividad en el juicio de amparo; sin embargo, se advierte que lo reclamado por la quejosa atañe exclusivamente al derecho de petición que consagra el artículo 8 constitucional, por tanto, es procedente el juicio de amparo cuando se aleguen violaciones directas a la constitución, excepción al dicho principio de definitividad prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además de lo anterior, la quejosa sí acredita una afectación a su interés jurídico, toda vez que demostró que presentó ante la autoridad responsable un escrito de petición sin que de las constancias remitidas se advierta que se haya emitido la respuesta correspondiente y que ésta se hubiese dado a conocer a la impetrante mediante la notificación respectiva. En consecuencia, al no actualizarse la causa de improcedencia en estudio ni advertirse de oficio la actualización de una diversa, es que se procede al estudio del fondo del asunto. VII. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa aduce en esencia que se vulnera su derecho de petición, ante la omisión de respuesta a su solicitud de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dirigida al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos, lo cual además repercute en su derecho a la seguridad social al no obtener lo peticionado, pues no se le ha entregado la pensión que solicitó. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior, ya que para acreditar la solicitud dirigida al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos, la quejosa adjuntó a la demanda de amparo copia simple del escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós, recibido por dicha autoridad en esa fecha, como se desprende del sello oficial de recibo, la cual como se precisó tiene valor probatorio pleno toda vez que fue remitida en copia certificada por la diversa autoridad Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Jiutepec, Morelos. En ese aspecto, el artículo 8 Constitucional reconoce el derecho público subjetivo de petición a favor de las personas, que básicamente consiste en que a cualquier solicitud que realicen ante los funcionarios y empleados públicos, en su calidad de ente de gobierno, éstos deben emitir una contestación. Así, tanto la persona al formular su solicitud, como la autoridad al contestarla, deben cumplir determinados requisitos que también precisa el texto constitucional, a saber: i) en cuanto a la solicitud, ésta debe realizarse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y ii) por lo que se refiere a la contestación, debe hacerse por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la petición, ser congruente con lo solicitado y además, darse a conocer al peticionario en breve término. En ese sentido, aunque la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así, de lo narrado en la demanda de amparo y de la solicitud que exhibió la parte quejosa, se tiene como ya se dijo, que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, presentó escrito dirigido al Presidente municipal de Jiutepec, Morelos, en el que solicitó se le otorgara una pensión por riesgo de trabajo con motivo del accidente que sufrió el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, se giraran oficios para que se continuara con el pago de sus quincenas a partir del mes de agosto de dos mil veintidós y se le informara la fecha en que fue inscrita o dada de alta en el sistema de seguridad social, sin que se haya emitido contestación. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, argumentando cuestiones de improcedencia de lo peticionado al no contar con atribuciones para otorgar la pensión solicitada; no obstante esos argumentos, lo cierto es que no justificó que hubiese emitido respuesta en el sentido que considere procedente ni que ésta se hubiere hecho del conocimiento de la impetrante de amparo a través de la notificación correspondiente. Por tanto, se considera que la autoridad responsable transgrede el derecho de petición de la quejosa, pues a la fecha de la presentación de la demanda -veintiocho de diciembre de dos mil veintidós- habían transcurrido más de cuatro meses y a la fecha de la emisión de la presente sentencia han pasado más de ocho meses, sin que se haya emitido la respuesta correspondiente y sin que ésta se le dé a conocer a la impetrante de amparo a través de la notificación correspondiente, máxime que en la solicitud respectiva señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Es decir, no se ha emitido respuesta a la solicitud de la quejosa a través de la cual se le dé a conocer lo determinado respecto de ésta, con independencia de que con la información proporcionada, la quejosa pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado, por lo que no existe motivo o razón para que la quejosa no sea informada de la respuesta a su solicitud que al efecto corresponda. Lo anterior, porque como se dijo, a la fecha de la presente sentencia han transcurrido más de ocho meses sin que la autoridad a la que fue dirigida la petición emita contestación a lo solicitado por la quejosa, plazo que no se considera prudente, ya que resulta por demás excesivo. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder el amparo, para los efectos precisado en el siguiente considerando. VIII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que el [1] Presidente municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Emita contestación de manera congruente y completa a la solicitud de veintidós de agosto de dos mil veintidós, que le fue dirigida por la quejosa María del Pilar Romero Tufiño, la cual deberá dar a conocer a la impetrante y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a la autoridad responsable a contestar en determinado sentido ni prejuzga sobre la procedencia de lo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María del Pilar Romero Tufiño, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas, por las razones establecidas en el considerando III de este fallo. Segundo. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a María del Pilar Romero Tufiño, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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