Maria del Pilar Romero Salazar
Expediente 1375/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/05/2016
Partes del expediente
- Maria del Pilar Romero Salazar
- Juez Primero de lo Civil de Tehuacan, Puebla|
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto siguiente: "La autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, de liquidación de pensiones provisionales adeudadas, dictada en el expediente 435/2009. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expuestos en el escrito por el que se interpuso dicho incidente, atento a lo expuesto en la presente resolución. El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero Civil de Tehuacán, Puebla, porque si se concede el amparo respecto de los actos de la ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR ***** . Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios.". (fojas 178 y 179). Cabe mencionar que el agravio que el Juez responsable omitió tomar en cuenta en la liquidación de sentencia es el siguiente: establecer por qué no era aplicable la solicitud de la aquí parte quejosa, en el sentido de que las pensiones alimenticias eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, por lo que, con las cubiertas por el deudor alimentista, adeudaba un total de quince pensiones, lo anterior, ya que en autos se advertía la existencia de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que determinó que las pensiones provisionales eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve. Por lo que el Juez debía confrontar los datos que se encuentran en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado en su caso, con los agravios expuestos por la actora incidentista, expresando los motivos que lo llevaron a considerar lo procedente o no de la liquidación planteada. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 190 y 191). Por oficio 1548/2016 de catorce de abril de dos mil dieciséis, recibido por este Juzgado Federal el dieciocho del mismo mes y año, el Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada, remitió copias certificadas de la liquidación de sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis dictada en el expediente 435/2009 de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince y confronto los datos que se encontraba en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado con los agravios expuestos, por lo que determinó lo siguiente: ".. se concluye que la tramitación de la planilla de liquidación presentada por la acreedora alimentista es procedente, . SEGUNDO.- . al respecto sobre las pensiones alimenticias que la parte demandada ***** , debe pagar; estableciendo que las mismas serán pagaderas partir [sic] de esa fecha a la actual de la presentación del presente escrito (mes de octubre de dos mil catorce) han transcurrido sesenta y dos meses; de las cuales el hoy demandado ha cubierto un total de cuarenta y siete meses (contadas hasta el mes de julio de dos mil trece, según los autos del juicio) y adeudando de acuerdo a lo decretado por el tercer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, un total de quince pensiones alimenticias contadas a partir del mes de agosto de dos mil trece hasta el mes de octubre de dos mil catorce; y siendo que el monto al que ascienden las pensiones adeudadas por la parte demandada es por la cantidad de *****". TERCERO.- ANÁLISIS DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN.- (.) Ahora bien, de las actuaciones que obran en autos, . se advierte que durante el periodo señalado por la acreedora alimentista de agosto dos mil trece al mes de octubre de dos mil catorce), el demandado ******* , ha realizado todos y cada uno de los depósitos correspondientes a tales meses, con excepción del mes de junio de dos mil catorce . tomando en consideración que la demanda en un todo que debe ser estudiada y analizada en toda su amplitud, máxime en tratándose de un asunto del orden familiar en que se controvierten los derechos alimentarios del menor *****, en base al análisis integral de los hechos narrados por la parte actora, armonizando los datos contenidos en su planilla de liquidación y fijando de forma congruente los elementos que la conforman, se concluye que básicamente reclama el pago de las pensiones alimenticias provisionales generadas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, siendo un total de quince; las cuales abarcan el periodo en el cual no se había desahogado la diligencia de requerimiento de pago al demandado, ya que de actuaciones se desprende que el auto que fija la pensión alimenticia provisional es de septiembre de dos mil nueve, y el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, fecha a partir de la cual el deudor alimentario comenzó a depositar las mensualidades correspondientes por concepto de pensión alimenticia provisional. En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, según se advierte a foja cuatrocientos siete del expediente en que se actúa, no menos cierto es, que desde el día en que se fijó la pensión alimenticia provisional se volvió exigible la obligación de suministrar alimentos por parte del demandado, más aun, debe tenerse en cuenta que toda acción sobre pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con ese deber; ante ello, la resolución que reconoce los derechos de los acreedores se tiene que cumplir desde la fecha en que se dicte y se determina la condena al obligado y el monto que debe pagar, tal y como lo señaló el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, dentro del Toca de Revisión **** , relativo al Juicio de Amparo número **** de los del índice del anterior Juzgado Décimo de Distrito en el Estado; misma a que hace alusión la acreedora alimentaría. En tal virtud, y advirtiéndose de actuaciones que el deudor alimentario comenzó a pagar la pensión alimenticia provisional a partir del mes de noviembre de dos mil diez, fecha en que le fue requerido el pago de la primera mensualidad, y si bien por causas no imputables al mismo, no se había requerido de pago de forma inmediata a la fijación de la pensión, esta Autoridad Judicial no debe pasar por alto que aunque no había sido requerido de pago, dicha pensión alimenticia ya era exigible, por tanto el demandado tiene la obligación de cubrir la pensiones alimenticias que abarcan el período del mes de septiembre de dos mil nueve, al mes de octubre de dos mil diez, atendiendo el interés superior del menor ******, a quien se le reconoció el derecho a recibir alimentos. Es por ello que se condena al demandado CÉSAR ULlSES PEREZ MITRE CRUZ, al pago de las pensiones adeudadas y no pagadas que comprenden del mes de septiembre de dos mil nueve a octubre de dos mil diez, siendo un total de catorce meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arroja la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, a la cual se agrega el pago de la pensión del mes de junio de dos mil catorce que no fue depositada, dando un total de CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL . fojas 194 a 198. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 199), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, el Juez responsable al haber dejado insubsistente la liquidación de sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince en el expediente 419/2009 de su índice y dictar otra de catorce de abril del año en curso en la que al relacionar las constancias que obran en autos, entre ellas la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, y concluir que la pensión alimenticia abarcaba el período de septiembre de dos mil nueve, a octubre de dos mil diez y, de junio de dos mil catorce, siendo un total de quince meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arrojaba la cantidad de $128,452.50 (ciento veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 52/100 moneda nacional); en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CÉSAR ULISES PEREZ MITRE CRUZ, EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto siguiente: "La autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, de liquidación de pensiones provisionales adeudadas, dictada en el expediente 435/2009. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expuestos en el escrito por el que se interpuso dicho incidente, atento a lo expuesto en la presente resolución. El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero Civil de Tehuacán, Puebla, porque si se concede el amparo respecto de los actos de la ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR ***** . Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios.". (fojas 178 y 179). Cabe mencionar que el agravio que el Juez responsable omitió tomar en cuenta en la liquidación de sentencia es el siguiente: establecer por qué no era aplicable la solicitud de la aquí parte quejosa, en el sentido de que las pensiones alimenticias eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, por lo que, con las cubiertas por el deudor alimentista, adeudaba un total de quince pensiones, lo anterior, ya que en autos se advertía la existencia de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que determinó que las pensiones provisionales eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve. Por lo que el Juez debía confrontar los datos que se encuentran en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado en su caso, con los agravios expuestos por la actora incidentista, expresando los motivos que lo llevaron a considerar lo procedente o no de la liquidación planteada. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 190 y 191). Por oficio 1548/2016 de catorce de abril de dos mil dieciséis, recibido por este Juzgado Federal el dieciocho del mismo mes y año, el Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada, remitió copias certificadas de la liquidación de sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis dictada en el expediente 435/2009 de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince y confronto los datos que se encontraba en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado con los agravios expuestos, por lo que determinó lo siguiente: ".. se concluye que la tramitación de la planilla de liquidación presentada por la acreedora alimentista es procedente, . SEGUNDO.- . al respecto sobre las pensiones alimenticias que la parte demandada ***** , debe pagar; estableciendo que las mismas serán pagaderas partir [sic] de esa fecha a la actual de la presentación del presente escrito (mes de octubre de dos mil catorce) han transcurrido sesenta y dos meses; de las cuales el hoy demandado ha cubierto un total de cuarenta y siete meses (contadas hasta el mes de julio de dos mil trece, según los autos del juicio) y adeudando de acuerdo a lo decretado por el tercer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, un total de quince pensiones alimenticias contadas a partir del mes de agosto de dos mil trece hasta el mes de octubre de dos mil catorce; y siendo que el monto al que ascienden las pensiones adeudadas por la parte demandada es por la cantidad de *****". TERCERO.- ANÁLISIS DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN.- (.) Ahora bien, de las actuaciones que obran en autos, . se advierte que durante el periodo señalado por la acreedora alimentista de agosto dos mil trece al mes de octubre de dos mil catorce), el demandado ******* , ha realizado todos y cada uno de los depósitos correspondientes a tales meses, con excepción del mes de junio de dos mil catorce . tomando en consideración que la demanda en un todo que debe ser estudiada y analizada en toda su amplitud, máxime en tratándose de un asunto del orden familiar en que se controvierten los derechos alimentarios del menor *****, en base al análisis integral de los hechos narrados por la parte actora, armonizando los datos contenidos en su planilla de liquidación y fijando de forma congruente los elementos que la conforman, se concluye que básicamente reclama el pago de las pensiones alimenticias provisionales generadas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, siendo un total de quince; las cuales abarcan el periodo en el cual no se había desahogado la diligencia de requerimiento de pago al demandado, ya que de actuaciones se desprende que el auto que fija la pensión alimenticia provisional es de septiembre de dos mil nueve, y el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, fecha a partir de la cual el deudor alimentario comenzó a depositar las mensualidades correspondientes por concepto de pensión alimenticia provisional. En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, según se advierte a foja cuatrocientos siete del expediente en que se actúa, no menos cierto es, que desde el día en que se fijó la pensión alimenticia provisional se volvió exigible la obligación de suministrar alimentos por parte del demandado, más aun, debe tenerse en cuenta que toda acción sobre pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con ese deber; ante ello, la resolución que reconoce los derechos de los acreedores se tiene que cumplir desde la fecha en que se dicte y se determina la condena al obligado y el monto que debe pagar, tal y como lo señaló el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, dentro del Toca de Revisión **** , relativo al Juicio de Amparo número **** de los del índice del anterior Juzgado Décimo de Distrito en el Estado; misma a que hace alusión la acreedora alimentaría. En tal virtud, y advirtiéndose de actuaciones que el deudor alimentario comenzó a pagar la pensión alimenticia provisional a partir del mes de noviembre de dos mil diez, fecha en que le fue requerido el pago de la primera mensualidad, y si bien por causas no imputables al mismo, no se había requerido de pago de forma inmediata a la fijación de la pensión, esta Autoridad Judicial no debe pasar por alto que aunque no había sido requerido de pago, dicha pensión alimenticia ya era exigible, por tanto el demandado tiene la obligación de cubrir la pensiones alimenticias que abarcan el período del mes de septiembre de dos mil nueve, al mes de octubre de dos mil diez, atendiendo el interés superior del menor ******, a quien se le reconoció el derecho a recibir alimentos. Es por ello que se condena al demandado ***** , al pago de las pensiones adeudadas y no pagadas que comprenden del mes de septiembre de dos mil nueve a octubre de dos mil diez, siendo un total de catorce meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arroja la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, a la cual se agrega el pago de la pensión del mes de junio de dos mil catorce que no fue depositada, dando un total de CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL . fojas 194 a 198. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 199), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, el Juez responsable al haber dejado insubsistente la liquidación de sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince en el expediente 419/2009 de su índice y dictar otra de catorce de abril del año en curso en la que al relacionar las constancias que obran en autos, entre ellas la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, y concluir que la pensión alimenticia abarcaba el período de septiembre de dos mil nueve, a octubre de dos mil diez y, de junio de dos mil catorce, siendo un total de quince meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arrojaba la cantidad de $128,452.50 (ciento veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 52/100 moneda nacional); en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARÍA DEL PILAR ROMERO SALAZAR POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO CÉSAR ULISES PÉREZ MITRE ROMERO, EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto siguiente: "La autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. 1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince, de liquidación de pensiones provisionales adeudadas, dictada en el expediente 435/2009. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse sobre la totalidad de los agravios expuestos en el escrito por el que se interpuso dicho incidente, atento a lo expuesto en la presente resolución. El amparo se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Diligenciario Non adscrito al Juzgado Primero Civil de Tehuacán, Puebla, porque si se concede el amparo respecto de los actos de la ordenadora, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 41, Tomo 55, Julio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR ***** . Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios.". (fojas 178 y 179). Cabe mencionar que el agravio que el Juez responsable omitió tomar en cuenta en la liquidación de sentencia es el siguiente: establecer por qué no era aplicable la solicitud de la aquí parte quejosa, en el sentido de que las pensiones alimenticias eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, por lo que, con las cubiertas por el deudor alimentista, adeudaba un total de quince pensiones, lo anterior, ya que en autos se advertía la existencia de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que determinó que las pensiones provisionales eran pagaderas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve. Por lo que el Juez debía confrontar los datos que se encuentran en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado en su caso, con los agravios expuestos por la actora incidentista, expresando los motivos que lo llevaron a considerar lo procedente o no de la liquidación planteada. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 190 y 191). Por oficio 1548/2016 de catorce de abril de dos mil dieciséis, recibido por este Juzgado Federal el dieciocho del mismo mes y año, el Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada, remitió copias certificadas de la liquidación de sentencia de catorce de abril de dos mil dieciséis dictada en el expediente 435/2009 de su índice, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de diecinueve de mayo de dos mil quince y confronto los datos que se encontraba en autos del expediente de origen, con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, complementado con los agravios expuestos, por lo que determinó lo siguiente: ".. se concluye que la tramitación de la planilla de liquidación presentada por la acreedora alimentista es procedente, . SEGUNDO.- . al respecto sobre las pensiones alimenticias que la parte demandada ***** , debe pagar; estableciendo que las mismas serán pagaderas partir [sic] de esa fecha a la actual de la presentación del presente escrito (mes de octubre de dos mil catorce) han transcurrido sesenta y dos meses; de las cuales el hoy demandado ha cubierto un total de cuarenta y siete meses (contadas hasta el mes de julio de dos mil trece, según los autos del juicio) y adeudando de acuerdo a lo decretado por el tercer tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, un total de quince pensiones alimenticias contadas a partir del mes de agosto de dos mil trece hasta el mes de octubre de dos mil catorce; y siendo que el monto al que ascienden las pensiones adeudadas por la parte demandada es por la cantidad de *****". TERCERO.- ANÁLISIS DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN.- (.) Ahora bien, de las actuaciones que obran en autos, . se advierte que durante el periodo señalado por la acreedora alimentista de agosto dos mil trece al mes de octubre de dos mil catorce), el demandado ******* , ha realizado todos y cada uno de los depósitos correspondientes a tales meses, con excepción del mes de junio de dos mil catorce . tomando en consideración que la demanda en un todo que debe ser estudiada y analizada en toda su amplitud, máxime en tratándose de un asunto del orden familiar en que se controvierten los derechos alimentarios del menor *****, en base al análisis integral de los hechos narrados por la parte actora, armonizando los datos contenidos en su planilla de liquidación y fijando de forma congruente los elementos que la conforman, se concluye que básicamente reclama el pago de las pensiones alimenticias provisionales generadas a partir del mes de septiembre de dos mil nueve, siendo un total de quince; las cuales abarcan el periodo en el cual no se había desahogado la diligencia de requerimiento de pago al demandado, ya que de actuaciones se desprende que el auto que fija la pensión alimenticia provisional es de septiembre de dos mil nueve, y el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, fecha a partir de la cual el deudor alimentario comenzó a depositar las mensualidades correspondientes por concepto de pensión alimenticia provisional. En ese mismo orden de ideas, si bien es cierto el requerimiento de pago se realizó hasta el día nueve de noviembre de dos mil diez, según se advierte a foja cuatrocientos siete del expediente en que se actúa, no menos cierto es, que desde el día en que se fijó la pensión alimenticia provisional se volvió exigible la obligación de suministrar alimentos por parte del demandado, más aun, debe tenerse en cuenta que toda acción sobre pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con ese deber; ante ello, la resolución que reconoce los derechos de los acreedores se tiene que cumplir desde la fecha en que se dicte y se determina la condena al obligado y el monto que debe pagar, tal y como lo señaló el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, dentro del Toca de Revisión **** , relativo al Juicio de Amparo número **** de los del índice del anterior Juzgado Décimo de Distrito en el Estado; misma a que hace alusión la acreedora alimentaría. En tal virtud, y advirtiéndose de actuaciones que el deudor alimentario comenzó a pagar la pensión alimenticia provisional a partir del mes de noviembre de dos mil diez, fecha en que le fue requerido el pago de la primera mensualidad, y si bien por causas no imputables al mismo, no se había requerido de pago de forma inmediata a la fijación de la pensión, esta Autoridad Judicial no debe pasar por alto que aunque no había sido requerido de pago, dicha pensión alimenticia ya era exigible, por tanto el demandado tiene la obligación de cubrir la pensiones alimenticias que abarcan el período del mes de septiembre de dos mil nueve, al mes de octubre de dos mil diez, atendiendo el interés superior del menor ******, a quien se le reconoció el derecho a recibir alimentos. Es por ello que se condena al demandado CÉSAR ULlSES PEREZ MITRE CRUZ, al pago de las pensiones adeudadas y no pagadas que comprenden del mes de septiembre de dos mil nueve a octubre de dos mil diez, siendo un total de catorce meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arroja la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, a la cual se agrega el pago de la pensión del mes de junio de dos mil catorce que no fue depositada, dando un total de CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL . fojas 194 a 198. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 199), sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, el Juez responsable al haber dejado insubsistente la liquidación de sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince en el expediente 419/2009 de su índice y dictar otra de catorce de abril del año en curso en la que al relacionar las constancias que obran en autos, entre ellas la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 631/2011, por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito con lo solicitado por la parte actora en su planilla de liquidación, y concluir que la pensión alimenticia abarcaba el período de septiembre de dos mil nueve, a octubre de dos mil diez y, de junio de dos mil catorce, siendo un total de quince meses, que multiplicados por el monto de la pensión fijada arrojaba la cantidad de $128,452.50 (ciento veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 52/100 moneda nacional); en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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Agréguese a los autos el oficio de cuenta. Téngase al Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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