María del Pilar Rivera De Avila
Expediente 716/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María del Pilar Rivera De Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de agosto de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el escrito signado por *********** y atento a lo que solicita, deberá estarse a lo acordado el treinta de abril del año que transcurre, donde se ordenó la devolución de los documentos originales presentados en el juicio en que se actúa, de lo cual quedó debidamente notificada el siete de mayo siguiente. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CAUSA EJECUTORIA, ORDENA ARCHIVO, SE DECLARA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION, SE LE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS ACUDA A ESTE ORGANO A RECOGER EL DOCUMENTO ORIGINAL, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE EN CSADO DE NO HACERLO, DARA LUGAR A LA DESTRUCCION DEL MISMO.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 716/2018-V, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado el veintidós de los mencionados. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente, Miembros y Actuarios adscritos, todos a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quienes les reclamó lo siguiente: (.) LA TOTALIDAD DE LAS ACTUACIONES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE *******, Y POR TANTO A MÍ NO DEBEN TRATAR DE COACCIONARME PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA RESOLUCIÓN Y/O LAUDO DE NINGUNA NATURALEZA, Y MUCHO MENOS AMENAZARME CON EMBARGARME MIS PROPIEDADES POR ALGO POR ALGO DE LO QUE YO NUNCA FUI DEMANDADA, ASÍ MISMO LOS ACTOS DE MOLESTIA EN MI DOMICILIO, EN VIRTUD DE NO EXISTIR PROCESO LEGAL ALGUNO EN MI CONTRA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. (fojas 37) (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho se admitió la demanda de amparo registrada con el número 716/2018-V, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó al tercero interesado ******* y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: Todo lo actuado en el expediente ******* del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Cuatro, en esta ciudad. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen a la Presidenta por sí y en representación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, consistentes en actuaciones practicadas en el expediente laboral ******* (cuyo laudo se encuentra en ejecución); en el cual no se llamó a la persona aquí quejosa. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 305, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 206, cuyo rubro y texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza de los actos combatidos se acredita con la copia certificada que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la que tiene valor probatorio pleno, conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, parte SCJN, página 153, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente, sea que lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, quien esto resuelve estima que la parte solicitante de amparo no tiene interés jurídico en el presente asunto, puesto que no es parte demandada en el controvertido de origen; sino que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se observa que únicamente tienen tal carácter *******, quien demandó en la vía ordinaria laboral a ******* y *******, así como a la moral *******. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 1305, tomo XXII, julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 177771, del rubro y texto siguientes: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la ley de la materia, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que disponen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (..)" 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De los artículos trascritos, se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no exista una afectación de la norma general o el acto reclamado, y éste no viole los derechos reconocidos por la Constitución Federal, afectando la esfera jurídica de la parte quejosa. Así pues, las reproducidas disposiciones legales ponen de manifiesto que el juicio constitucional procede contra actos que causen un agravio personal y directo, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo, en cuanto dichos preceptos estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama; de donde se sigue, que el agravio debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma, y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente. En otras palabras, el acto reclamado debe haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización y, en caso de ocurrir, quien resienta el perjuicio tendrá expedito su derecho de promover lo conducente; luego, es necesario que el referido interés jurídico se demuestre de manera fehaciente y a través de los medios idóneos, es decir, la parte quejosa debe acreditar en forma indubitable la existencia del derecho que aduce que fue afectado, pues además de que éste, es uno de los principios esenciales del juicio de amparo, sólo en tal caso se podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad deviene inconstitucional. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Octava Época, tomo VI, Parte SCJN, página 216, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así como en la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VII, página 46, de texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4° de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. Del escrito de demanda de amparo, se observa que la quejosa, se ostenta propietaria del inmueble ubicado en *******, aduciendo que en ese lugar, se llevó a cabo la diligencia de trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la que una persona que dijo ser Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en compañía del abogado patrono de *******, acudieron en busca de su finado esposo ******* y *******, así como a la moral *******, coaccionándola para que reinstalara laboralmente al actor en el juicio de origen, diciéndole que si no lo hacía le embargarían su propiedad para garantizar el pago de las prestaciones a que fue condenado su esposo y la moral en comento. Corolario de lo anterior, de los informes que remitieron las autoridades responsables se advierten los antecedentes siguientes: 1. El veintisiete de enero de dos mil catorce, *******, demandó en la vía ordinaria laboral a ******* y *******, así como a la moral *******, con domicilio en *******; y en la misma fecha se radicó la demanda bajo el expediente número *******, ordenando notificar a las partes (fojas 58 a 64). 2. El diez de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora desistiendo de la demanda presentada en contra de ******* (fojas 98). 3. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, compareció el diverso demandado ******* (fojas 103). 4. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se resolvió el asunto, condenando a ******* al pago de diversas prestaciones; y se absolvió a la moral ******* (fojas 115 a 121). 5. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta responsable emitió un acuerdo en el que señaló las siete horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la reinstalación de la parte actora en la fuente de trabajo y ordenó turnar los autos al Actuario a fin de que se constituyera en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad (fojas 122). 6. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, la Actuaria de aquella adscripción hizo constar que al constituirse en el domicilio citado se entrevistó con *******, no siendo posible llevar a cabo la reinstalación del trabajador debido a que aquél se negó a ello (fojas 124). Así, de los antecedentes narrados, se desprende que la aquí quejosa no tiene carácter de parte demandada en dicho juicio, y si bien aportó como medios de prueba los siguientes: 1. Copia certificada del acta de defunción de *******, registrada en la Oficialía *******, libro *******, folio ******* acta *******, de veintidós de enero de dos mil quince, en la que aparece como cónyuge ******* (fojas 10); 2. Certificado de vivienda número *******, respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de esta ciudad. Sobre el particular, cabe hacer mención que a dicho instrumento se encuentra anexo el plano catastral que ilustra la ubicación de la vivienda objeto de él, del que se advierte que su ubicación, en efecto, es la manzana ******* (fojas 11 a 31); 3. Facturas de pago de los servicios de Gas Natural (en los meses de noviembre de dos mil dieciocho, con número de nota de consumo *******; y diciembre de dos mil diecisiete, con número de nota de consumo *******), a nombre de ******* con domicilio en ******* (fojas 43 y 44); 4. Copia simple de la factura expedida por la Comisión Federal de Electricidad (periodo veintiocho de marzo a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, con número de servicio *******), a nombre de *******, con domicilio en ******* (fojas 45); 5. Copia simple de la factura extendida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (del mes de octubre de dos mil dieciocho, con la cuenta *******), respecto a los servicios prestados en la vivienda ubicada en *******, de esta ciudad (fojas 46). Documentos marcados con los numerales 1, 2 y 3 a los que se les reconoce valor probatorio pleno al estar contemplados en los supuestos que contempla el ordinal 129 del Código Procedimental Civil Federal, en relación con el diverso 202. Asimismo, en lo que refiere a los diversos señalados en los apartados 4 y 5, tienen valor indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Sin embargo, los elementos de prueba mencionados son ineficaces para acreditar su interés jurídico. Lo anterior es así, ya que las documental descrita en el punto dos, sólo demuestra, en su caso, que la quejosa celebró un contrato de compra venta respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de esta ciudad, al encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal con el demandado en el juicio de origen *******; mientras que de la documental señalada en el punto uno, se desprende que éste último falleció el veinte de enero de dos mil quince, de quien por cierto, en el juicio de origen, la parte actora desistió de la demanda entablada en su contra. Mientras que las diversas documentales dan noticia de los servicios contratados en el domicilio situado en *******. Pero no que con anterioridad al veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho -fecha en que se promovió la presente demanda de amparo- se haya demandado a ******* en el expediente ordinario laboral *******, y que con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el mismo, se dictara acuerdo alguno en el que se ordenará desposeerla de sus propiedad o posesiones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 27/90, sustentada por la desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada en la página 229, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V Primera Parte, del contexto: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Atento a lo antes señalado, es menester determinar que lo actuado en el juicio laboral de origen, no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues se trata de una contienda entre partes, y ninguna de las actuaciones que obran en autos puede afectarle, en virtud de que del sumario de origen no se advierte que se dictara acuerdo alguno en el que se ordenará desposeerla de sus propiedad o posesiones. De ahí, que al no acreditarse esa afectación cierta, real y directa a la esfera de derechos y obligaciones de la parte quejosa, es que, en la especie, no esté probado fehacientemente que los actos reclamados a las autoridades responsables afecten su interés jurídico. Es aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151, Tomos 157-162, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: INTERÉS JURÍDICO. CORRESPONDE DEMOSTRARLO AL QUEJOSO. Del hecho de que el Juez de Distrito haya resuelto que los actos reclamados no han sido consentidos, no se infiere la demostración del interés jurídico por parte de los quejosos, puesto que en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es a los promoventes del juicio a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio de garantías que debe estar plenamente probado con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, pueda establecer de manera presuntiva. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; lo que genera la imposibilidad de este juzgado en analizar los conceptos de violación planteados por la quejosa en su demanda. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos que reclama a la Presidenta, Miembros y Actuarios, todos adscritos a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO POR LO QUE SE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL PROVEIDO DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, en virtud de que las autoridades responsables, no rindieron su informe justificado con la anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Por otra parte, del informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, relacionado con el expediente **********, se tiene que a ***************, le reviste el carácter de tercero interesado, acorde a lo que prevé el numeral 5, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia. Así, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, se ordena emplazar al tercero interesado de referencia, en el domicilio que obra a fojas cincuenta y ocho del sumario. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. ASI MISMO SE LE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito y anexo de cuenta súmese a los autos para que consten como legalmente correspondan, con lo cual la parte quejosa da cumplimiento a la prevención inserta en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo. A efecto de lo anterior, la quejosa expresa que promueve la demanda de amparo por propio derecho, y el acto que le causa molestia consiste en todo lo actuado en el juicio laboral *******, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, indica que la propiedad que refiere se encuentra ubicada en *******, en esta ciudad, no obstante que del certificado de vivienda se observe un domicilio diverso ya que éste presenta un error; sin embargo, señala que del plano catastral anexo al certificado de vivienda se desprende la dirección que menciona, lo que a su decir, se corrobora con las facturas de pago de los servicios de Gas Natural (en los meses de diciembre de 2017 y noviembre de 2018); y copias simples de las diversas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad (periodo veintiocho de marzo a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho) y Junta Municipal de Agua y Saneamiento (del mes de octubre de dos mil dieciocho), anexas a al escrito de cuenta. En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 716/2018. De conformidad con el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo se ordena tramitar por cuerda separada, y por duplicado, el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Respecto al tercero interesado, una vez que la responsable rinda su informe con justificación se acordará lo conducente. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.
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