Maria del Pilar Regina González Suarez
Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria del Pilar Regina González Suarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XVIII, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental e histórica, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, política, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que aluden los artículos 8, fracción III y 15, del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE 2023: "Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho contra actos del Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como 483/2023, y provéase lo conducente con relación a la misma. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los citados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado la audiencia preliminar de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en el juicio oral civil ********************, promovido por ******************** en contra de la aquí quejosa del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que, entre otras cuestiones, se admitieron pruebas y desestimaron la confesional y testimonial ofrecidas por la quejosa. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la hoy quejosa es parte demandada en el juicio oral civil ********************, promovido por ********************, en su contra; que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que, entre otras cuestiones, se admitieron pruebas y desestimaron la confesional y testimonial ofrecidas por la quejosa, lo que constituye el acto reclamado. En virtud de lo anterior, la determinación reclamada no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la solicitante de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos; lo anterior tomando en consideración que de lo que se duele la promovente es que la autoridad responsable depuró el procedimiento, admitió y desestimó los medios de convicción ofrecidos por las partes, lo que conlleva a que el juicio continúe y se dicte sentencia definitiva; por tanto, resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la peticionaria de amparo de forma directa e inmediata, y en virtud de que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar; conlleva a que la demanda de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar, por tanto, su ataque deberá realizarse a través de vía conceptos de violación en el juicio de amparo directo en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, de ser el caso que la sentencia definitiva que se pronuncie le sea adversa en función de dichas violaciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V.2o. J/68, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 46, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, junio de 1993, octava época, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Así, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia antes analizada; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las demás personas, se les autoriza para el solo efecto de oír notificaciones e imponerse de autos, atento a lo que prevé el segundo supuesto del párrafo segundo del precepto en cita; asimismo, se autoriza la utilización de medios electrónicos, para los efectos de que puedan obtener información del presente asunto, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No así para recibir valores, mismos que por seguridad jurídica sólo le serán entregados a la propia quejosa o a su apoderado con capacidad legal para ello. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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