Maria del Pilar Piloni Barbizan
Expediente 1202/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2022
Partes del expediente
- Maria del Pilar Piloni Barbizan
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiséis de julio de dos mil veintidós, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración los anexos que fueron remitidos por la autoridad responsable en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: Al Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, los anexos I y II, consistentes en copia certificada del juicio natural 136/2022/4c y su medida precautoria. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintidós. No desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo del uno de julio de dos mil veintidós se requirió a la quejosa ... para que en el plazo de cinco días informara si ya se había dictado o no sentencia definitiva en el juicio de origen, pues de lo contrario se tendría por no presentada su demanda. Asimismo, como se puso de relieve con la certificación realizada en el presente acuerdo, la justiciable no desahogó la prevención; sin embargo, no es factible imponer la aludida sanción, dado que por auto del doce de julio de dos mil veintidós se tuvo a la Jueza responsable remitiendo copia certificada del expediente 136/2022 de su índice, por lo que se cuenta con la información necesaria para proveer sobre la demanda de amparo. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda, y las copias certificadas del expediente de origen se procede a proveer lo conducente. Así, se estima procedente desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.". También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.". Sentado lo anterior, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La negativa de permitirle el acceso al cuadernillo formado con motivo de la providencia precautoria promovida en el juicio civil 136/2022, del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. El auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el aludido expediente, en el que se decretó una providencia precautoria de embargo sobre un inmueble propiedad de la quejosa. En ese contexto, respecto a la negativa de consultar el cuadernillo relativo a la medida cautelar, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Igualmente, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida.". Expuesto lo anterior, se reitera que la quejosa reclama la negativa de permitirle el acceso al cuadernillo formado con motivo de la providencia precautoria promovida en el juicio civil 136/2022, del índice del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Ahora, a raíz de la promoción del presente juicio de amparo, por auto del uno de julio de dos mil veintidós se requirió a la quejosa para que informara ciertos antecedentes del juicio de origen, y dado que solicitó la suspensión de los actos, a fin de mejor proveer sobre la medida cautelar, se requirió a la Jueza Cuarto Especializada en el Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, para que remitiera copia certificada del aludido expediente e informara si había negado a la justiciable el acceso a las actuaciones de la providencia ahí sustanciada. En atención a lo anterior, por auto del doce de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 1771, signado por la Juez responsable, quien manifestó que el cuadernillo relativo a la providencia precautoria sustanciada en el expediente 136/2022, había permanecido en el secreto del juzgado hasta que se ejecutara la medida, lo cual sucedió el veintisiete de junio pasado, lo que se traduce que a partir de esa fecha se encuentra disponible para su consulta. En ese sentido, si bien al momento de la presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de junio de dos mil veintidós- existía una negativa de la Jueza responsable de permitir el acceso a la quejosa al cuadernillo formado con motivo de la providencia precautoria promovida en el juicio civil de origen, en virtud de que permanecía en secreto, lo cierto es que desde que se ejecutó la medida, esto es el veintisiete de junio del presente año, dejó de tener ese estatus, por lo que el expediente ya puede ser consultado. Por tanto, es claro que la negativa de permitir el acceso a las actuaciones de la providencia desapareció o se destruyó de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Por lo que hace a la medida precautoria. Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en el auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil 136/2022, en el que se decretó una providencia precautoria de embargo sobre un inmueble propiedad de la quejosa, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, en cuanto al auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil 136/2022, en el que se decretó una providencia precautoria de embargo sobre un inmueble propiedad de la quejosa, se estima que la justiciable estuvo en aptitud de agotar el medio de defensa ordinario correspondiente, previamente a acudir a esta instancia constitucional. Así, para conocer cuál es el recurso ordinario procedente en contra de la medida precautoria reclamada, conviene traer a colación el contenido de los artículos 523, 526, 527, 528, 530, 532, 533 y 534, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que dicen: "Artículo 523. Antes de iniciarse el juicio, durante él o una vez dictada sentencia definitiva, para garantizar su resultado, mantener la situación de hecho existente o preservar el bien objeto o relacionado con la acción, pueden decretarse las siguientes medidas: I. Embargo sobre bienes determinados o indeterminados; II. Depósito o aseguramiento de los bienes o documentos sobre los que verse el juicio; III. Ordenar se respete la posesión provisional; IV. Ordenar se suspenda provisionalmente la ejecución de una obra nueva; V. Ordenar se adopten las medidas urgentes de seguridad en una obra peligrosa; VI. Ordenar se respete provisionalmente una servidumbre, y VII.- Decretar las providencias urgentes necesarias para evitar perjuicios graves a cualquiera de los interesados." "Artículo 526. El solicitante de la medida precautoria otorgará garantía para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse a la persona contra quien se pide, pero si la medida precautoria tiende a asegurar el pago de alimentos, de la responsabilidad civil proveniente del delito o de algún otro caso que prevenga la Ley, se decretará sin necesidad de otorgar aquella." "Artículo 527. El monto de la garantía será fijado por el Juez, bajo su responsabilidad. Para ello, el Juez podrá allegarse todos los datos que sean necesarios." "Artículo 528. La parte contra la que se decrete la medida precautoria, podrá otorgar contragarantía para que no se efectúe o se levante la que ya se decretó y su monto, será equivalente al importe de lo que se reclame." "Artículo 530. La medida precautoria se decretará sin audiencia de la contraparte y se ejecutará sin notificación previa." "Artículo 532. Podrá impugnarse la medida precautoria por la parte contra quien se decrete, o por otra persona que tenga interés, mediante incidente y dentro de tres días contados a partir de que tenga conocimiento de ella el afectado." "Artículo 533. La parte contra quien se decretó o persona que tenga interés podrá inconformarse con la medida precautoria decretada, en los términos siguientes: I. Contra el embargo precautorio, de acuerdo con las reglas que este Código determina para el secuestro judicial, y II. Contra alguna de las medidas dictadas en otro de los supuestos a que se refiere este Capítulo, y se alegue que no se cumplieron con los requisitos indispensables para decretar las medidas precautorias." "Artículo 534. Ejecutoriada la sentencia definitiva, ya no podrá presentarse inconformidad contra la medida precautoria." De los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que interesa, que antes de un juicio, durante él o una vez dictada la sentencia definitiva se pueden decretar diversas medidas precautorias, con el propósito de garantizar el resultado del juicio, mantener la situación de hecho existente o preservar el bien objeto de la acción, entre las que se encuentra el embargo de bienes determinados e indeterminados. Asimismo, para poder decretar este tipo de medidas no es necesario otorgarle derecho de audiencia a la contraparte, por lo que se puede ejecutar sin notificación previa; además, quien la solicite debe exhibir una garantía para responder por los posibles daños y perjuicios, cuyo monto fijará el Juez bajo su responsabilidad. Sin embargo, la persona contra la quien se instaure la medida, puede ofrecer una contragarantía a fin de que quede sin efectos, cuyo monto será equivalente al importe que se reclame. Finalmente, se establece que la medida precautoria puede impugnarse -hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia- por la parte contra quien se decrete, o bien, por alguna persona que tenga interés, para lo cual se deberá promover un incidente. En ese tenor, como puede advertirse, la legislación adjetiva civil, establece que las medidas precautorias pueden impugnarse mediante un incidente; sin embargo, tanto el Primer como el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, al interpretar el artículo 532 de la ley en cuestión, han estimado que debe entenderse que la intención del legislador fue establecer que tales medidas deben impugnarse mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 de la ley procesal del Estado, pero incorporando la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.455 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2721, tomo XXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2005, que dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN Y NO UN INCIDENTE CON LA MISMA DENOMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE A PARTIR DE 2005). El hecho de que en el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, se haya señalado que podrá reclamarse la medida precautoria por la parte contra la que se decrete o por quien tenga interés en ello, permite concluir que el legislador local remitió para tal efecto, al recurso de reclamación regulado en los artículos que van del 408 al 412 de esa legislación, por tanto el indicado medio ordinario de defensa es el que debe agotarse contra las determinaciones emitidas al decretar una medida precautoria; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que en la parte final de la primera de las disposiciones legales citadas, se hubiere preceptuado que dicha reclamación debe llevarse a cabo en la vía incidental, pues debe concluirse que el legislador no previó un incidente, sino un recurso de reclamación dotado de un trámite o procedimiento ágil y capaz de corresponder al objeto de impugnación, incorporando a la figura de este recurso dos cuestiones: un término de cinco días para su interposición y la aplicación, en lo conducente, del procedimiento establecido para los incidentes, en el que, además de que sus disposiciones lo enderezan a hacerlo más rápido, se admite la posibilidad de que se ofrezcan y desahoguen pruebas en breve lapso, lo cual finalmente responde a la naturaleza de las medidas cautelares. Por tanto, aun cuando ordinariamente en el recurso de reclamación no se prevé la posibilidad de que se ofrezcan y desahoguen pruebas, cuando se interpone para combatir una medida precautoria, sí es posible rendir medios de convicción para desvirtuar los elementos que sirvieron de fundamento para decretarla, sin que por ello debe denominarse incidente de reclamación y sustanciarse como tal.". Asimismo, corrobora lo anterior lo expresado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión 35/2013, en sesión del catorce de febrero de dos mil trece, que en la parte que interesa dice: ". Ciertamente, cabe recordar como bien lo consideró la juez de amparo, que de acuerdo con los artículos 523, fracción II, 532 y 533, fracción II en relación con los diversos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, procede el recurso de reclamación en contra del auto que ordene se respete provisionalmente la servidumbre de paso, y su ejecución al tenor de los razonamientos antes mencionados y que sustentan la resolución recurrida transcrita en el considerando primero de esta ejecutoria. En ese contexto, se indicó en la resolución recurrida que del contenido de los primeros numerales, y en específico del 532 y 533, fracción II de la citada codificación, se colige que la parte contra quien se decrete la medida precautoria (para que se respete una servidumbre de paso y su ejecución) o bien otra persona con interés, está facultada para impugnarla mediante incidente y dentro de tres días contados a partir del conocimiento del afectado; quien de esa forma puede inconformarse con esa medida provisional o cualquiera otra prevista en ese capítulo, en que alegará la falta de cumplimiento de los requisitos indispensables. Y debe recordarse que en el acuerdo que se revisa, agregó la juez de distrito que el hecho de que el primero de los preceptos señale que podrá reclamarse la medida precautoria por la parte contra la que se decrete o por quien tenga interés en ello, permite concluir que el legislador local remitió para tal efecto al recurso de reclamación regulado en los artículos 408 al 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, siendo dicho medio ordinario de defensa el que debe agotarse contra las determinaciones emitidas por el decreto de una medida precautoria; concluyó la juez de amparo que no pasa inadvertido que la parte final del citado numeral 532 de esa legislación estableció que la reclamación debe llevarse a cabo en la vía incidental, aunque puede concluirse que el legislador no previó un incidente sino un recurso de reclamación dotado de un trámite o procedimiento ágil y capaz de responder al objeto de impugnación; y en su apoyo invocó las tesis y jurisprudencias de rubros antes mencionados. (.).". Bajo ese panorama, es claro que contra del auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, que decretó una providencia precautoria de embargo en el juicio civil de origen, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el recurso de reclamación previsto en la ley adjetiva civil. No se soslaya que, es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, en ninguno de los casos de excepción se ubica el presente asunto. Lo anterior, ya que la parte quejosa no puede ser considerada como tercera extraña al juicio de origen, ya que fue señalada como demandada, y compareció a contestar la demanda formulada en su contra, aunado a que un no se dicta sentencia definitiva en el procedimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio civil. Para concluir, no sobra decir que el auto que decretó una providencia de embargo sobre un inmueble constituye un acto de imposible reparación, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto; sin embargo, aun en los actos que tienen ese carácter es indispensable agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio constitucional, tal como se precisó en la jurisprudencia transcrita línea arriba que es de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia estudiadas; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ... Notifíquese personalmente a la quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de julio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días concedido a las partes mediante proveído de treinta de junio del año en curso, con las constancias enviadas por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. En consecuencia, se fijan para su celebración las doce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós. Notifíquese.
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